Los Verdes presenta una iniciativa legislativa popular para proteger el arbolado urbano en Canarias

El Parque Santa Catalina, en el centro de Las Palmas de Gran Canaria

EFE

Las Palmas de Gran Canaria —

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Los Verdes ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de una Ley de Protección del Arbolado Urbano que deberá ser trasladada por la Mesa del Parlamento al Consejo Consultivo de Canarias antes de iniciarse la recogida de las 15.000 firmas preceptivas para ser deliberada en el Pleno de la Cámara.

La portavoz de la iniciativa, Nereida López, candidata al Congreso por Los Verdes, ha indicado que el objetivo de esta ley “es poner coto a las tendencias arboricidas de muchos alcaldes que están talando árboles con las excusas más peregrinas en casi todos los pueblos y ciudades de Canarias”.

Según ha indicado el partido, “la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que se necesita, al menos, un árbol por cada tres habitantes para respirar un mejor aire en las ciudades y un mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados de zona verde por habitante”. Sin embargo, añade la portavoz, “en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria actualmente solo hay un árbol o palmera por cada seis habitantes, sin contar con turistas y residentes esporádicos”.

Nereida López añadió que todavía son peores los índices si se tiene en cuenta la escasa superficie sombreada y que existe lo que ella ha denominado “una creciente tendencia arboricida” por parte del Ayuntamiento, “ya que un total de 632 árboles han sido talados en la capital grancanaria en los últimos cuatro años, según los datos facilitados por Parques y Jardines”.

Según la candidata de Los Verdes, “la nueva norma acabará con la impunidad arboricida” de los alcaldes, ya que “será de aplicación a todos los ejemplares de cualquier especie arbórea que se ubique en suelo urbano y que cuente con más de quince años de antigüedad o veinte centímetros de diámetro de tronco medidos a 1,40 metros desde el nivel del suelo, así como aquellas nuevas plantaciones”.

Pérez agregó que la Ley establece la prohibición de las talas y podas drásticas, salvo aquellos supuestos excepcionales como riesgos de seguridad y obliga al trasplante de los árboles en caso de se vean afectados por obras de reparación o reformas de cualquier clase, o por la construcción de infraestructuras.

Los propietarios del arbolado de cualquier categoría a los que afecta esta ley, insistió, “están obligados a su mantenimiento, conservación y mejora, realizando los trabajos precisos para garantizar un adecuado estado vegetativo del ejemplar”. Por último, se obliga a los ayuntamientos a realizar un inventario municipal del arbolado urbano.

“Ante la emergencia climática actual será necesario proteger nuestro arbolado urbano y vamos a hacer un esfuerzo, primero para que 15.000 personas nos avalen, y luego, para convencer al resto de los partidos políticos de la necesidad de proteger al arbolado urbano”, concluyó la candidata.

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