El Gobierno de Canarias destina 67 millones de euros a mantener conciertos sanitarios de la época de Franco
El Ejecutivo regional ha autorizado el gasto de 67 millones de euros correspondientes a la prestación de servicios de asistencia sanitaria concertada en clínicas privadas de Tenerife y Gran Canaria que mantienen contratos firmados con el extinto Instituto Nacional de Salud (INSALUD) desde los años sesenta y setenta, es decir, en la época preconstitucional. Estos conciertos se han mantenido hasta la actualidad gracias a la renovación de las denominadas cláusulas, que revisan las tarifas cada año.
Así, el Gobierno de Canarias ha destinado 51 millones de euros a cuatro centros privados de Tenerife (IASSS Hospital Febles Campos, Clínicas del Sur S.L.U, Hospital San Juan de Dios y IDCQ Hospitales y Sanidad S.L.) y 15 millones de euros a otros cuatro en Gran Canaria (hospital Policlínico La Paloma, Clínica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Clínica San Roque y Clínica Santa Catalina).
Para otorgar estas cantidades, el Gobierno de Canarias justifica en el acuerdo tomado el 26 de diciembre del año pasado “la necesidad de los citados conciertos para hacer frente, de forma complementaria, a las prestaciones sanitarias en sus respectivas áreas de salud durante 2019”. Ese mismo mes se resolvió el concurso para la prestación del servicio de hospitalización de media y larga estancia a pacientes derivados de la sanidad pública.
En total, se adjudicaron 849 camas, el 100% de lo que ofertaron las clínicas privadas, por un total de 166 millones de euros para los próximos cuatro años. Sin embargo, quedaron desiertas el 23% de las plazas licitadas (1.157), principalmente en Tenerife, donde las empresas han ofertado 284 de las 499 camas licitadas, todas en el lote 1; en el lote 2, destinado a la derivación de pacientes en proceso de recuperación o rehabilitación que ya han superado la primera fase de la enfermedad y requieren cuidados de hospitalización, ninguna clínica se presentó para cubrir las 27 camas demandadas en Tenerife.
La orden para adjudicar los dos lotes no la dio el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, quien era gerente del grupo hospitalario San Roque y, por ello, se abstuvo en todo el procedimiento, sino Narvay Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Con la resolución del concurso se ha puesto fin a un proceso iniciado en 2016 cuando el entonces consejero de Sanidad Jesús Morera (durante el pacto entre CC y PSOE) comenzó a revisar los convenios de la época preconstitucional que seguían en vigor a través de una unidad funcional de gestión de los conciertos.
Tras la ruptura del pacto, el proceso siguió adelante, pero ya con Baltar al frente de la consejería, se convocó el concurso en marzo del año pasado. Solo un mes después, el exgerente del grupo hospitalario San Roque, a pesar de abstenerse por imperativo legal en todo el procedimiento, firmó una orden de homologación para dar a las clínicas privadas un año más de plazo que les permitiera reunir los requisitos para poder recibir pacientes de la sanidad pública. Así, concurrieron un total de once grupos hospitalarios privados.
