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La reconversión del CIE de Gran Canaria en un centro de memoria histórica cae en el olvido

La antigua prisión provincial de Las Palmas no cumplía con los requisitos que el Ministerio de Interior establece para estos centros, lo que obligó a una reforma que comenzó en agosto y que contaba con un plazo máximo de ejecución de seis meses

El Gobierno de Canarias detalla que las dificultades de la obra han llevado a solicitar más tiempo para su desarrollo, por lo que "podrían concluir el 15 de junio"

Canarias Libre de CIE propuso la reconversión del espacio de Barranco Seco en un símbolo de Memoria Histórica. La idea contó con el apoyo del Cabildo insular y del Ayuntamiento capitalino, pero la decisión final depende del Ministerio  

De los partidos políticos con más representación, solo Podemos recoge en sus propuestas el cierre definitivo de estos espacios y el PSOE propone "modificar el actual modelo". El resto de formaciones no hace mención a los CIE

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CIE de Barranco Seco

CIE de Barranco Seco, Gran Canaria. Alejandro Ramos / Las Palmas de Gran Canaria

Un edificio castigado por los más de 80 años de historia que sostiene y con el carácter hostil que le confiere haber sido una prisión durante la Segunda República y el franquismo se convirtió en el destino de las personas en situación administrativa irregular que llegan a Gran Canaria en busca de oportunidades. Las deficiencias con las que contaba el CIE de Barranco Seco hacían que incumpliera los requisitos estipulados por el Ministerio de Interior para que un espacio fuera utilizado como Centro de Internamiento de Extranjeros. Esto abrió la posibilidad de reconvertir la antigua prisión provincial de Las Palmas en un centro de Memoria Histórica.

Sin embargo, con un presupuesto de 1.041.315,26 euros, la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial adjudicó a Acciona Construcción S. A. la reforma del inmueble para que pudiera seguir siendo un CIE. Las obras comenzaron el 29 de agosto de 2018 con un plazo de ejecución máximo de seis meses. Según lo establecido en el contrato, el proceso debía haber concluido en febrero. Tres meses más tarde, el centro sigue en reformas y, pese a las movilizaciones en favor del cierre definitivo de estos espacios, la incertidumbre sobre su posible reapertura como CIE se mantiene.

El Gobierno de Canarias detalla que "en el curso de la ejecución de determinadas demoliciones de muros de carga y su sustitución por estructuras metálicas ha sido necesario adoptar determinadas soluciones constructivas" que ralentizaron los trabajos, dando lugar a la necesidad de autorización de una ampliación del plazo de ejecución en dos meses y medio, y que finalizará este mes de mayo. Aun así, añaden que "es previsible que para finalizar los trabajos sea necesaria una nueva ampliación hasta el 15 de junio".

El pliego de condiciones justificaba la necesidad de intervención en el CIE por "la antigüedad de las actuales instalaciones y la obligatoriedad de la adaptación a las diferentes normativas debido al nuevo uso". Además, el proyecto preveía la adecuación de las habitaciones para dar cabida a hombres, mujeres, familias y personas con movilidad reducida, la incorporación de aseos en el interior y la redistribución de las áreas de estar de los internos, incorporando usos como biblioteca, sala de visitas y sala de reuniones. 

La eficiencia de la reclusión de las personas migrantes en los CIE como método "preventivo y cautelar" planteada por el Gobierno en materia de Extranjería en el marco de una "lógica deportadora" ha quedado en cuestión en numerosas ocasiones. Según datos emitidos por la Defensora del Pueblo y recogidos en la Propuesta para la Patrimonialización y puesta en uso social del CIE de Barranco Seco en Gran Canaria, elaborado por la Plataforma Canarias Libre de CIE, en el centro grancanario solo fue expulsado el 0,6% de las personas internadas en 2016 y en el de Hoya Fría, en Tenerife, sucedió lo mismo con el 12%. "Como Frontera Sur del Estado español, el Archipiélago debería ser un espacio donde la lógica de las políticas públicas en materia de migraciones sea la de acoger a las personas que llegan", propone este documento. 

Alternativas

La situación "privativa de libertad" en la que se encuentran las personas que están tres meses en estos espacios antes de que las administraciones determinen su futuro ha conducido a una inmovilización social en favor de la desaparición de los CIE. En el caso de Gran Canaria, se han planteado alternativas. La Plataforma Canarias Libre de CIE logró en noviembre de 2017 que el Cabildo insular y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se comprometieran a solicitar a Interior el cierre y reconversión del inmueble en un centro de referencia para la memoria histórica. Pablo Socorro es uno de los redactores del informe que justifica este nuevo uso, y argumenta que "el edificio donde ahora se encierra a personas migrantes fue la antigua Prisión Provincial de Las Palmas durante la dictadura, donde se reprimió a muchas personas que lucharon por la libertad y la democracia".

A pesar de ello, un año y medio después de que se debatiera este plan, la reforma para adecuar el inmueble de Barranco Seco a las características que debe cumplir un CIE se mantiene y su reconversión ha quedado en un limbo. La consejera en el Cabildo de Gran Canaria María Nebot señala que es una decisión que depende del Gobierno central. Así, la situación está en manos del próximo Gobierno de España. En los programas electorales de los principales partidos, solo Podemos recogía el cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros. "Ningún modelo de privación de libertad de las personas según su situación administrativa es adecuado para la recepción y acogida de personas migrantes. Es una excepción jurídica y democrática a la que se debe poner fin", señala el punto 134. Por su parte, ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, ni Vox hacen referencia al cierre de estos espacios. Tampoco Nueva Canarias, ni Coalición Canaria.

El PSOE tampoco propone la clausura, sino "modificar el actual modelo" de acuerdo con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, las autoridades judiciales y las Juntas de Coordinación de los centros. Además, añade su intención de "desarrollar e implementar el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025" y el Plan para la mejora de los CIE "de acuerdo con las necesidades expresadas por los cuerpos policiales".

En este momento, el único CIE en funcionamiento es el de Hoya Fría, después de que el ministerio dirigido en los últimos meses por Fernando Grande-Marlaska ordenara el cierre del de Fuerteventura, en el que se gastaron "millones de fondos públicos" pese a estar vacío. Por su parte, en el momento de la interrupción de la actividad del CIE de Barranco Seco, solo una plaza estaba ocupada.

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