Vecinos del norte de Tenerife, en pie de guerra por la instalación de una planta de gas y energías fósiles a 30 metros de sus viviendas

Cualquiera que pase estos días por la carretera general de La Zamora con intención de ir o venir del polígono industrial de Los Realejos, municipio del norte de Tenerife con unos 37.500 habitantes, comprobará que algo pasa, que algo no gusta al vecindario y que no es cualquier cosa. Ocurre, sobre todo, a la altura del llamado bodegón La Bloquera y en sus viviendas anexas, así como las enfrentadas. Pero resulta que, a poco que se observen otras casas de la zona, ya más cercanas al barrio de La Montaña, también nos llevamos la misma impresión y se llega a la conclusión de que hay una movilización ciudadana, no pequeña, y organizada, ya que numerosas viviendas portan en sus fachadas pancartas bien elaboradas e iguales en las que dejan claro su rotundo rechazo a la instalación de una planta de gas en la zona, en la parte más afectada, a apenas 30 metros (según denuncian) de hogares creados hace muchos años.

La movilización se convirtió en plataforma y ya ha logrado, entre otras cosas, que el Ayuntamiento realejero les apoye por unanimidad. Tanto el gobierno local (PP, con 15 ediles) como el PSOE (5) y CC (1) han presentado alegaciones al proyecto y subrayan, entre otros argumentos, que una instalación así no cabe en este lugar porque, aunque se sitúe cerca del polígono industrial del municipio, ocuparía también parte de suelo rústico, lo que impide una construcción así de la misma forma que “tampoco se le deja a un vecino crear un cuarto de aperos”, según señala el alcalde, Adolfo González, a Canarias Ahora.

Sólo si el Gobierno regional (CC-PP) le otorga la calificación de obra y planta de interés general se podría salvar ese escollo clave. De momento, no lo ha hecho, aunque el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, el palmero Mariano Hernández Zapata (PP), no para de recalcar que, como otras plantas similares, esta resulta imprescindible para afrontar un posible cero energético como los que ya han ocurrido en Tenerife, La Gomera y La Palma. Este equipamiento de generación se denomina Tigaiga (zona realejera bajo la ladera, aunque alejada de este enclave) y dispondrá de grupos de emergencia de un total de 14,8 Mw.

Un vicepresidente regional y exalcalde que no se pronuncia

Se da la circunstancia de que Los Realejos, otrora feudo socialista con potentes mayorías absolutas (de 1979 a 2003), se ha convertido en uno de los municipios enseña del PP de Tenerife desde que, en 2011, tras ejercer de edil de Hacienda de 2003 a 2007 (en gobierno con CC) y pasar a la oposición por un pacto autodefensivo de CC y PSOE (de 2007 a 2011) porque los conservadores habían subido de 2 a 6 concejales en 2007, el actual vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez (PP), logró robustas mayorías absolutas, reforzadas aún más (en votos y porcentaje) en 2023 por el actual alcalde. Por ese motivo, y dado el rechazo unánime que suscita esta planta en todos los grupos del consistorio, los vecinos no comprenden cómo Domínguez aún no se ha pronunciado sobre esta polémica, que afecta a su municipio y a vecinos que, seguramente y al menos en algunos casos, le apoyaron en su meteórica carrera política desde 2003, que le ha llevado a su pacto con Fernando Clavijo y la vicepresidencia autonómica.

Canarias Ahora pidió a Domínguez que dé su visión sobre la planta y la firme oposición vecinal, pero volvió a rehuir y fuentes de su equipo de comunicación dejaron claro que su postura es la misma que la oficial del Gobierno, subrayando que, al igual que hay vecinos que se quejan ahora por la ubicación de una instalación que el Ejecutivo concibe como clave, otros muchos más se indignarían ante un cero energético en Los Realejos, su comarca (el Valle de La Orotava), la zona norte o todo Tenerife, exigiendo luego explicaciones y compensaciones.

El problema es que la ubicación elegida en este caso es profundamente contestada por los vecinos afectados, pero también por otros de Los Realejos y de otras zonas. La discute, por ejemplo, la nueva secretaria general de los socialistas tinerfeños, la portuense Tamara Raya, diputada regional y probablemente candidata al Cabildo de Tenerife en 2027, que se pronunció de forma clara la semana pasada en una nota de prensa y en el Parlamento autonómico. Los afectados lamentan que se esté politizando su protesta, pero, según señala su portavoz, Montse González Castro, al menos están comprobando en los últimos días un apoyo ciudadano que les ha sorprendido porque se extiende no sólo a La Zamora y La Montaña, sino a otras muchas zonas. De hecho, cuando lleguen a una cifra “redonda” difundirán las firmas que han ido recogiendo desde hace una semana como prueba de que no se trata de una oposición puntual e interesada de los residentes más afectados, sobre todo los que se hallan a escasos metros de la futura planta, sino de un rechazo mucho más generalizado.

A juicio de la portavoz, esto se debe no sólo a los perjuicios e inconvenientes sanitarios de una planta de gas propano, con los ruidos que genera de forma permanente y otros riesgos de seguridad y salud, sino a lo que considera un sinsentido en pleno 2025: seguir apostando la energía ante cualquier fallo en el sistema o las redes a la combustión de fósiles “que se supone que ya no deberían usarse desde 2030, aunque sea como alternativa ante un apagón”. Por eso, alude a la “apuesta en La Palma” por el almacenamiento mediante baterías para energía limpia y considera que la planta que se pretende crear (lo haría la empresa de hidrocarburos Disa tras llegar a un acuerdo con el propietario de los terrenos) es extemporánea y contradictoria con la transición ecológica de la que tanto se habla, con consejerías llamadas precisamente así.

Además, cuestiona que se recalque constantemente por parte del Gobierno de Canarias que se trata de una instalación “transitoria” cuando su vida útil se ha fijado en 25 años y se pregunta qué harían los técnicos y políticos que han elegido ese emplazamiento si vivieran justo al lado. Asimismo, cree que la clave de la actual emergencia energética se debe, entre otras cuestiones, a que falta una apuesta real y sin contradicciones por las energías renovables, “no por seguir quemando fósiles con grupos de gas propano”.

Una opinión muy parecida es la que mantiene el máximo mandatario local, quien subraya a Canaria Ahora que la postura del consistorio no es sólo unánime, sino contundente con respecto a este proyecto y que así se lo ha trasladado al que, hasta gran parte del mandato anterior, era su alcalde (él ejercía la primera Tenencia de Alcaldía) y ahora ocupa la vicepresidencia regional. Aunque González admite que si se declara la planta como obra de “interés general” el margen local se estrecha, deja claro que seguirán oponiéndose ante las instancias que sea necesario

El consejero del ramo detalló la postura del Gobierno de Canarias la semana pasada tras una pregunta del Grupo Socialista en el pleno del Parlamento, remarcando que se trata de uno de los ocho proyectos para garantizar la energía en caso de fallos o apagones y que se tramita por la vía de urgencia debido precisamente a la emergencia energética, declarada por el Ejecutivo regional al comenzar esta legislatura tras un cero energético en La Gomera y por el estado de las instalaciones en esa y el resto de Islas, con especial preocupación por Tenerife, La Palma (que sufrió un apagón y cortes recientemente) y Gran Canaria, si bien los problemas se extienden a todas con la excepción de El Hierro, que lleva ya años con la instalación renovable de Gorona del Viento.

Hernández Zapata explica que el periodo de alegaciones de esta planta ya se ha cerrado y que, como en otros casos, se analizarán y se responderá a las presentadas. El Gobierno subraya que la elección de las ubicaciones depende de los técnicos y que, como pasa con el rechazo a una planta de gas natural licuado en el puerto de La Luz (en Las Palmas de Gran Canaria), hay que dejarles trabajar en libertad y sin presiones.

Mientras, los vecinos afectados y los concienciados en contra de esta instalación sienten otro tipo de presión: la de una calidad de vida que consideran amenazada, por lo que se han puesto pinturas de guerra y no piensan quitárselas.