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El juez Alba tampoco consigue encausar al jefe de personal del CGPJ por notificarle su suspensión a pie de avión

Archivada en los juzgados de Plaza de Castilla la querella que interpuso contra Javier Aguayo, hoy magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

La Policía tuvo que abordar a Alba a su llegada a Barajas tras numerosos intentos infructuosos por notificarle los acuerdos del Poder Judicial

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El juez Salvador Alba.

El juez Salvador Alba. ALEJANDRO RAMOS

Nuevo revolcón judicial al juez en suspenso Salvador Alba Mesa. Una jueza de instrucción de los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) acaba de archivar la querella que interpuso contra el ex jefe de Personal Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Javier Aguayo Mejía, al que acusaba de descubrimiento de secretos, detención ilegal y prevaricación por haber ordenado que le notificaran a pie de avión una de las resoluciones de las que Alba huía como de la peste: la de su suspensión como juez.

Corría el mes de septiembre de 2018 y en el Consejo General del Poder Judicial estaban empezando a cansarse de las correrías del juez Alba, que se escabullía de todos los intentos de notificación de los acuerdos administrativos que lo apartaban cautelarmente de la carrera judicial tras decretarse en mayo la apertura de juicio oral en su contra por la comisión de cinco delitos, presuntamente cometidos cuando maquinó para perjudicar a la magistrada Victoria Rosell, diputada de Podemos.

En ejecución de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente del Poder Judicial, Aguayo delegó en el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, la tarea de notificarlos al expedientado, pero dos intentos a través de la empresa de mensajería Seur fracasaron en junio, lo que obligó a activar a la Comisaría de la Policía Nacional de Telde, que consiguió una primera notificación.

Pero cuando en julio hubo que trasladarle la resolución definitiva tras sus alegaciones, Alba volvió a esconderse, esta vez del los funcionarios policiales de Telde y del cartero de Correos, al que tampoco le abrían la puerta en su casa del barrio de La Garita. Alba trataba de ganar tiempo para que la suspensión no se hiciera efectiva, y gracias a esas escaramuzas, lo consiguió.

Pero en septiembre el jefe del servicio de Personal Judicial del CGPJ supo por el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas que el polémico juez iba a viajar a Madrid el día 12, lo que puso en conocimiento de la Policía para que lo detectaran en alguno de los dos aeropuertos y le notificaran así la resolución.

La Policía no logró localizarlo en la terminal de Gran Canaria, pero a través de las compañías aéreas, los agentes localizaron el vuelo y lo detectaron al bajarse en Barajas. Allí se identificaron y lo invitaron a acudir a una zona no concurrida de público para proceder a su correspondiente notificación, según recoge el auto de la jueza María Antonia de Torres Díez-Madroñero.

Alba aceptó la invitación, según declararon los agentes en la instrucción, por lo que quedó descartado el delito de detención ilegal que el querellante incluyó en su querella contra Aguayo al no constar que este cursara orden de cualquier tipo para que se procediera policialmente a detener a nadie ni a revisar la lista de pasajeros de los vuelos de ese día Gran Canaria-Madrid, lo que hace descartar el delito de descubrimiento de secretos.

La jueza tampoco aprecia el delito de prevaricación que el juez Alba quiso atribuir a Javier Aguayo porque, “de la lectura del expediente administrativo (...), se pone de manifiesto que no consta acuerdo alguno en el que se recoja orden específica de cómo notificar la resolución” del CGPJ al juez Alba, por lo que ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa.

Aguayo está ahora destinado como magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, motivo por el que la jueza De Torres había decretado en junio pasado que fuera el Supremo quien se ocupara de la causa ante la imposibilidad de poderlo llamar a declarar como investigado por su condición de aforado. Pero ese auto fue recurrido por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, por lo que la propia jueza ha decretado su nulidad y, tras practicar diversas diligencias de investigación como la declaración de los policías, el simultáneo sobreseimiento, que es provisional por no haber podido recibir la declaración del querellado.

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