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La burocracia que deja sin ayudas a las personas sin hogar: “Me denegaron el ingreso mínimo por vivir en un cajero”

Personas sin hogar atendidas por la ONG Nueva Vida.

Irene Sainz Oria

Santander —

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Entorna las cejas pobladas de canas, baja la cabeza y sube los ojos azules para seguir mirando de frente. “A mí no me gusta que me tomen por gilipollas, ¿sabes?”, dice Julio a una vuelta de la conversación. Es marinero, pero esta vez la hoja de ruta no le ha llevado muy lejos. Las estrategias, los objetivos, los análisis DAFO, las clasificaciones, los conteos e incluso las posibles soluciones: todo está negro sobre blanco pero queda en papel mojado. Y no hay quien lea los mapas. Carlos está tan delgado que si abre mucho los ojos parecen salirse de las cuencas y Fernando está ahogado en celulosa burocrática. Mientras hablamos, el barco se hunde.  

Julio cambió el compás y la brújula por un sombrero negro y una silla plegable que planta “de once de la mañana a ocho o nueve de la noche” a la puerta de un supermercado Lupa en Santander. Antes dormía al raso y hacía la mudanza de cartones “entre el templete de los Jardines de Pereda y un cajero de La Caixa” en la capital cántabra. Ahora vive en una casa abandonada, “sin luz ni agua”. En el mismo inmueble de tres pisos hay alojadas “entre tres y cinco personas más”. “Arriba solo estoy yo, en el torreón”, bromea. En total, lleva “seis o siete años en la calle”.

De acuerdo a la tipología establecida en la Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo 2023-2030, aprobada el pasado 11 de julio, la situación actual de Julio, que tiene ahora 61 años, es de “exclusión residencial” en régimen de “ocupación ilegal”. Fernando, también con 60 años, pasó tres años en la calle, donde enfermaba de forma continua. Hace un par de años consiguió “una habitación alquilada”, gracias a la ayuda de varias familias que ya lo conocían y lo apoyaban cuando estaba “en el cajero”. Carlos, 49 años, lleva cuatro meses “en un escaparate”.

La última Encuesta de personas sin hogar del INE, publicada hace un año, identificó un total de 28.552 personas atendidas en centros asistenciales de alojamiento y restauración en España, un 24,5% más que en 2012. El 50,1% tenía nacionalidad española y el 49,9% extranjera. El número en Cantabria ascendía a 570 personas, la mayoría, 473, de nacionalidad española frente a 98 extranjeros.

De acuerdo a los datos de la Memoria anual de la Asociación Nueva Vida, que colabora con el Ayuntamiento de Santander en la gestión del Centro de Acogida Princesa Letizia, el año pasado utilizaron el albergue un total de 1.406 personas. “No hablamos del número de veces que han estado en el centro, no, es el número de personas”, insiste Julio David García, gerente de la organización en Cantabria.

Nueva Vida forma parte del Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI), que atiende a personas solicitantes o beneficiarias de asilo o protección internacional. La organización tiene además un convenio con el Estado para la gestión de recursos en este ámbito, cofinanciado por la Unión Europea. A través de estos programas, atendieron el año pasado a 141 personas en Cantabria y 131 en Euskadi. 

La problemática a la que se enfrentan las personas migrantes solicitantes de asilo o refugio es distinta a la que afecta a las personas de nacionalidad española y los mecanismos de acogida son diferentes. Eso se traslada a la calle y genera resentimientos. “Prefieren atender a inmigrantes porque cobran más comisión por ellos”, espeta Fernando tras relatar su experiencia en el Centro Princesa Letizia. “Cuando empecé a trabajar otra vez en la construcción estaba en el albergue”, recuerda. “Pedí un adelanto, me compré un teléfono, un paquete de cigarros para mí y otros dos para un par de amigos que me habían ayudado cuando no tenía nada. Pues me echaron porque me había gastado más de 50 euros... Son las normas que tienen ellos. Te dan cuatro días de estancia máxima pero si estás esperando una paga te puedes quedar más tiempo. Mientras estás alojado tienes que hacer tareas, cocina, limpiar, lo que sea. Y luego está el horario: a las diez de la noche hay que estar ahí y no puedes salir hasta las ocho de la mañana”, cuenta.

Julio también ha estado en el Centro Princesa Letizia de Santander. “Tres veces. El centro está bien pero lo lleva una gente que no, estos de Nueva Vida, que son cristianos, y chocamos. Ahí me dieron una paga (Renta Social Básica) pero también me la quitaron porque me mandaron una carta y en vez de ir a la vivienda de mi madre, donde estoy empadronado, me la mandaron al centro y allí no me dijeron nada, ni me llamaron”, asegura.

El gerente de Nueva Vida explica que la gestión del alojamiento “es del Ayuntamiento de Santander y es el que decide”. La asociación tiene un convenio a través del cual el Consistorio “paga los salarios de 16 trabajadores”. García reconoce que podrían atender más casos: “Eso es cierto, el espacio no está a pleno rendimiento”. No obstante, “tiene que haber unas normas, alguien tiene que poner un límite. Hay gente que tiene problemas de adicciones y ahí no se pueden permitir consumos. También ha habido casos de conflictos por problemas de salud mental. A veces se viven situaciones muy complicadas”, explica.

Fernando también tiene su pelea con los Servicios Sociales. “Me denegaron el Ingreso Mínimo Vital (IMV) porque vivía en un cajero y no tenía domicilio. Ahora lo tengo recurrido porque me dijeron que no había demostrado que no tenía vínculos con las otras personas que viven en la casa, que tiene cinco habitaciones alquiladas. Así que he presentado de nuevo el contrato de alquiler y una declaración jurada”, relata. “Para esto en febrero había presentado el informe y en julio me llamaron para hacerlo otra vez porque la trabajadora que había iniciado el trámite estaba de baja. Total, llevo dos años esperando una ayuda”, continúa. “La renta básica tampoco me la conceden porque tiene que haber una denegación en firme del Ingreso Mínimo Vital. La burocracia es asquerosa”, concluye.

Proyectos paralizados

En su día, a Fernando le comentaron la posibilidad de acceder a una vivienda. Por su parte, Carlos, que está pendiente de la respuesta de Ayuntamiento para participar en unos talleres de ayudante de cocina o limpieza, echa de menos la oportunidad de recurrir a un piso tutelado, “donde te den un voto de confianza y a una reinserción laboral más práctica y ambiciosa”.

Carlos incide además en una de las mayores dificultades a las que se enfrentan las personas que, habiendo cumplido ya los itinerarios establecidos por las instituciones, intentan volver a tener una vida autónoma: el mercado de la vivienda y la proliferación de pisos turísticos: “Las habitaciones están en 350 euros, que es una barbaridad pero es lo que estamos aceptando. Los pisos de La Gándara, como en el que yo vivía, están en 500 euros. No se puede pagar eso ni siendo mileurista”.

Ni pisos tutelados de estancia permanente o puntual ni alojamiento de baja exigencia. Ninguna de estas dos opciones existe a día de hoy a pesar de los numerosos anuncios de las administraciones públicas en Cantabria. En octubre de 2021, la entonces consejera de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, Ana Belén Álvarez (PSOE), anunció la adquisición, “con fondos europeos, de 20 viviendas para implantar el modelo Housing first”. Este programa tiene como finalidad facilitar una vivienda estable, acompañamiento y actividades ocupacionales para las personas con más necesidades y se complementa con las iniciativas Housing led: alojamientos temporales en pisos y apoyos puntuales para la inserción laboral.

Los pisos “no se han comprado”, confirma el gerente de Nueva Vida, que pronto tendrá una reunión con la nueva consejera del área, Begoña Gómez del Río (PP), donde podrá recordarle que la Estrategia de inclusión para las personas sin hogar en Cantabria –en cuya elaboración participaron también la Cocina Económica, Cruz Roja y Cáritas Diocesana– está sobre la mesa desde enero de 2023. Tampoco está en marcha el centro de baja exigencia –que estaría abierto 24 horas y donde no sería necesario tener documentación ni estar empadronado en Cantabria para acceder al servicio– planeado en su día por el Ayuntamiento de Santander en la calle Enseñanza. 

“Vox lo utilizó como carnaza en las elecciones y no lo van a hacer porque además estaba mal planificado”, asegura García. “Tendría que estar en un barrio 'normalizado', lo siento, porque la carga social se debe repartir entre todos los estratos”, justifica. “Nosotros planteamos una serie de ideas para que contara con una atención personalizada que no se incluyeron. No quiero hacer más valoraciones, pero los indicadores apuntan a que no se hace por rédito electoral”, finaliza.

La última noticia sobre esto es la que publicó elDiario.es el pasado abril: “El Ayuntamiento de Santander replanteará el proyecto del centro de baja exigencia para personas sin hogar en la calle Enseñanza 6, que está totalmente paralizado, si bien no descarta ubicarlo en este lugar, que ahora será inspeccionado para conocer su estado ante la advertencia de posibles deficiencias por parte de los vecinos”.

Los comedores sociales tampoco están libres de críticas. “A la Cocina Económica ya ni voy. Yo la conocí hace 30 años, cuando realmente era la Cocina Económica, ahora todos los que eran voluntarios, cobran. Ellos no pagan un duro de la comida, que lo sé yo”, afirma Julio. Fernando también tiene críticas para esta organización. Desde la Cocina Económica explican en declaraciones a elDiario.es que desde 2018 “las personas que acceden al servicio deben aportar 30 euros mensuales si cobran una pensión mínima contributiva de 485 euros, 60 si reciben más de 600 y en los casos en que superen los 700, 100 euros. También tiene que ayudar en la limpieza, a fregar o recoger mesas y sillas. Y esto no les hace ninguna gracia”. 

“Solo necesito un curro”

Respecto a la posibilidad que barajan el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander de someter a examen psiquiátrico a las personas que duermen en la calle, el gerente de Nueva Vida es tajante: “Son soluciones del siglo XIX para el siglo XXI. Este tipo de planteamiento no es aceptable”. A Julio, por ejemplo, no le parece “sano”. “Si te evalúan psiquiátricamente ya tiene una connotación y yo por ahí no paso. No todo el mundo que está en la calle está colgado o está loco o tiene problemas con el alcohol y las drogas, no todo el mundo. En mi caso solo necesito un curro, pero he sido marinero toda mi vida y ahora no me cogen ni para macizar en la Bahía”, relata.

Hace poco fue a pedir trabajo de recogevasos en la zona de copas de Cañadío. “Me presento yo y dos chavalitos de veintipico años. Yo hablo idiomas, inglés, francés, italiano y por los codos”, asegura. “El jefe me dice: 'Mira, Julio, yo te cogería a ti pero me da no se qué mandarte, yo a estos chicos hasta les grito'. Y es verdad: a mí me gritas e igual me voy. También estuve trabajando en el Juan de la Cosa pero de marmitón y yo soy marinero, y muy buen marinero”. Tiene 11 años cotizados en la pesca y algún mercante pero en su mayoría “ha trabajado como contramaestre en yates de súper lujo, con bandera inglesa. Tengo un hijo en Francia y otro en Suiza. Al suizo nada, ni lo conozco, pero al gabacho le he tenido que almorzar, ahora tiene 24 años y hace tres que no lo veo”.

Reconoce que ha tenido adicciones. “He estado en el rollo, yo no miento. He consumido y de vez en cuando tomo algo, pero no es eso lo que me hace pedir, lo que me hace pedir es la vida, el comer. Ahora estoy con metadona. Voy al centro de salud cada 15 días y muy bien”. Por su parte, Carlos ha hecho “la terapia entera de Proyecto Hombre dos veces” y ha tenido varias recaídas. “La rehabilitación es dura pero el día a día se hace muy largo”, reflexiona.

El 10 de octubre será el Día Internacional de las Personas sin Hogar y el 24 se realizará un conteo nacional de personas que duermen en la calle en todo el territorio nacional, recuerda Andrea Balbín, gestora del proyecto de atención a personas sin hogar de Nueva Vida. En Santander, gracias al programa Ola de frío, hay una estimación bastante ajustada del número de personas en esta situación, que según García podría ascender a 35 en la actualidad. La cuestión, continúa Balbín, es incluir a quienes están en situación de exclusión residencial, en infraviviendas, y en Cantabria, siendo una comunidad pequeña, “existe la oportunidad de hacerlo bien si se establece una colaboración con los Servicios Sociales”.

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