Cantabria suprimirá la necesidad de consultar los cambios normativos en materia de igualdad con el Consejo de la Mujer

El Consejo de la Mujer de Cantabria ya no será consultado previamente de los cambios normativos que efectúe el Gobierno de Cantabria en el futuro. Este es uno de los cambios en la normativa que pretende introducir la futura Ley de Simplificación Administrativa, en fase de anteproyecto. El borrador, en su estado actual, elimina este requisito recogido en la ley constitutiva del órgano y la cambia por una mera notificación de las modificaciones que se realicen a futuro.

El artículo 97 del anteproyecto efectúa una modificación de la Ley de Cantabria 3/2018, de 28 de mayo, de creación del Consejo de la Mujer. El apartado 'n' del artículo 2.2 quedará fijado en los siguientes términos: “Ser informado de las disposiciones normativas aprobadas por las Instituciones y Administraciones Públicas de Cantabria que afecten a los derechos o intereses de las mujeres”. 

La actual redacción establece la consulta previa, suprimida en aras a una supuesta simplificación administrativa. Actualmente el artículo 2.2n dice así: “Ser consultado, con carácter previo a su aprobación, acerca de cuantas disposiciones normativas elaboren las Instituciones y Administraciones Públicas de Cantabria que afecten a los derechos e intereses de las mujeres, al objeto de poder formular las propuestas que se consideren oportunas”.

Con la supresión de consulta previa, quedará suprimida también esa posibilidad de introducir propuestas previas a la aprobación, quedando reducida su intervención al trámite de alegación en el proceso posterior de información pública.

El Gobierno del PP justifica este cambio en aras a la simplificación de trámites en la aprobación de textos normativos, lo que enfoca como una mejora en el caso de la mujer ya que agilizaría así la protección de sus derechos: “Dicha modificación se entiende necesaria con el fin de no someter a disposiciones normativas que tratan de garantizar o proteger los derechos intereses de las mujeres a una demora innecesaria en su tramitación”, se justifica.

Referencias de género y protección

La Ley de Simplificación Administrativa, por introducir decenas de cambios en el cuerpo normativo vigente, aborda la cuestión de género desde otros puntos de vista, aunque no es el área en el que más se detiene. En este caso, aparte de suprimir la consulta previa, insiste en el uso de género gramatical genérico cuando se haga referencia a hombres y mujeres. Esto queda recogido en su Disposición Adicional Primera, que dice así: “Referencias de género. La utilización de sustantivos de género gramatical determinado en referencia a cualquier sujeto, cargo o puesto de trabajo debe entenderse realizada por economía de expresión y como referencia genérica tanto para hombres como para mujeres con estricta igualdad a todos los efectos”.

Otra referencia que afecta específicamente a la mujer está en la reforma de un artículo vigente por el que se otorga el título de familia monoparental a la víctima de violencia de género infringida por un progenitor, suprimiéndose la referencia a la intervención excepcional de la Fiscalía o de la Dirección General competente en Atención a Víctimas de Violencia en el proceso para la obtención de tal consideración mientras no se produzca una orden de protección.

Quedaría modificado el artículo 2.2 del Decreto 26/2019, de 14 de marzo, en los siguientes términos: “Se considera asimismo familia monoparental la conformada por una mujer que ha sufrido violencia de género por el progenitor, en los términos establecidos en la normativa reguladora en materia de violencia de genero”. 

Quedaría suprimido del articulado la concreción que había hasta ahora: “Esta circunstancia se acreditará con la orden de protección a favor de la víctima y excepcionalmente con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género o Resolución de la Dirección General competente en Atención a Víctimas de Violencia del Gobierno de Cantabria hasta tanto se dicte la orden de protección”.

La Ley de Simplificación Administrativa modifica 41 normas del ordenamiento jurídico y pretende aplicar 160 mejoras en procedimientos que afectan a los más diversos ámbitos, desde las subvenciones, a tasas, pasando por patrimonio, salud, educación y tiempo. Actualmente, está en fase de consulta pública. A mediados de septiembre, será aprobada por el Consejo de Gobierno con los cambios que se introduzcan y en octubre entrará en el Parlamento de Cantabria para su debate y votación. El borrador está disponible en el enlace de Participación Ciudadana de la web del Gobierno de Cantabria.

Podemos, en contra

Podemos Cantabria ha mostrado este jueves su rechazo al anteproyecto de ley de Simplificación Administrativa, al considerar que “está cargado de un fuerte componente ideológico que utiliza la tradicionalmente necesaria reducción de carga burocrática como excusa para incorporar la hoja de ruta de la derecha más reaccionaria”.

Para Podemos, el Gobierno de Cantabria incluye “conceptos muy alejados de lo que debería incluirse en una ley de simplificación administrativa”, lo que, en su opinión, “convierte dicha norma en una ley ómnibus, en la que se mezclan temas tan dispares como los toros o el Consejo de la Mujer”. Sobre esto último, Podemos rechaza “los cambios en el Consejo de la Mujer, que antes tenía una labor activa en la elaboración de normativa que afecta a los derechos de las mujeres, y ahora simplemente será informado de los cambios que se produzcan”.

Desde la formación morada han señalado en un comunicado que “se vuelven a modificar las leyes del suelo y de control ambiental”, también “se dan pasos hacia atrás en transparencia y en requerimientos ambientales, así como en igualdad o protección de los bienes culturales de Cantabria, por lo que animamos a la ciudadanía a defender sus derechos presentando alegaciones”.

Mercedes González, coordinadora de Podemos Cantabria, ha afirmado que “este proyecto de ley tiene puntos positivos, pero también aspectos ideológicos que van en contra de los intereses de la población”. A este respecto, González ha considerado “especialmente preocupante la reducción sobre el control en las ventas de los Bienes de Interés Cultural”.

Para González, “resulta muy significativo que los mayores beneficiados de esta ley sean los organizadores de eventos taurinos, que verán reducida a la mínima expresión su carga burocrática, algo que no sucederá en el resto de espectáculos”.

Por su parte, Pablo Gómez, responsable de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, asegura que “es una norma que nos hará retroceder varias décadas, y muestra de ello es que en este proyecto de ley se hace referencia al Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), un organismo que desapareció en los años noventa”.