Asociaciones culturales piden un pacto nacional y un plan estratégico de cultura para Cantabria

Las asociaciones culturales de Cantabria han firmado un manifiesto en el que piden un pacto nacional por la cultura que incluya a las comunidades autónomas y un plan estratégico del sector para la región.

En el manifiesto, ha sido consensuado por todas las asociaciones profesionales de la región y está respaldado por una treintena de asociaciones nacionales, destacan que la cultura debe ser considerada como un “bien de primera necesidad” y que su importancia ha quedado patente en este periodo de confinamiento derivado de la crisis sanitaria.

Por ello, aseguran que “ahora más que nunca es crucial trabajar con el sector cultural para abordar la cohesión social, la desigualdad y ejecutar programas de patrimonio cultural, creatividad y diversidad accesibles a todas las personas”. “Para construir los cimientos de la recuperación (y del cambio de modelo productivo) no puede dejarse de lado la cultura pues es parte de la solución”, añaden.

Además, apuestan por establecer alianzas “equilibradas y coherentes” entre las instituciones nacionales, regionales y municipales en favor de la cultura, y piden proteger a todos los agentes que participan en la cadena de valor del ecosistema cultural (público, privado y social) teniendo en cuenta las especificidades del sector a la hora de diseñar ayudas a profesionales y empresas para llevar a cabo actividades culturales, ya que las estructuras de este ámbito se caracterizan por una “frágil implantación social y empresarial”.

“Son muchas pero de muy pequeño tamaño y sus trabajadores dependen de contratos temporales de corta duración y elevada intermitencia”, explican.

En cuanto a los presupuestos públicos, consideran que deben aumentar en todas las convocatorias de apoyo al tejido cultural existentes, con una nueva reformulación según las necesidades detectadas y consensuadas con los profesionales. Además, dicen que deben complementarse con apoyos de emergencia o extraordinarios en esta crisis provocada por el coronavirus.

También ven “urgente” un plan para asegurar su liquidez financiera del para hacer frente a sus obligaciones sin que desaparezcan sus profesionales. Así, proponen medidas como una línea de liquidez (vía adelanto de saldos pendientes a favor que se puedan tener con la administración por tributos, subvenciones pendientes de cobrar, ayudas directas, etcétera), la bonificación del pago de los tributos locales, la condonación de pagos afectos a la realización de la actividad, el mantenimiento del 100% de los procedimientos de contratación artística y cultural para lo que resta de 2020 y priorización de las empresas regionales en la nueva contratación.

Igualmente, ven “prioritario” abordar planes conjuntos entre cultura y educación, de forma que se posibilite la implantación de las artes en el ámbito educativo de la región a través de programas formativos que fomenten la colaboración entre las administraciones públicas y los agentes culturales privados de esta comunidad autónoma.

Por otro lado, piden realizar un estudio o evaluación sobre la situación real del sector cultural en Cantabria incluyendo el impacto socioeconómico de la crisis del Covid-19, así como elaborar con “urgencia” un plan estratégico de cultura para Cantabria coordinado por el Gobierno regional y que integre a todas las asociaciones y agentes del ecosistema cultural.

Por último, solicitan un “amplio” diálogo social que otorgue a la cultura su valor como bien común y como eje estratégico en la transición hacia un modelo productivo que cree empleo de calidad y promueva la revisión de modelos de gobernanza y gestión.

Así, este lunes, 15 de junio, acudirán a la Comisión de Trabajo de Cultura, constituida dentro del Acuerdo del Diálogo Social de Cantabria ante el Covid-19 firmado el 28 de abril por Gobierno de Cantabria, sindicatos y CEOE.

En dicha Comisión, las asociaciones utilizarán este manifiesto como documento base dentro del diálogo social, que esperan que otorgue a la cultura su valor como bien común y como eje estratégico en la transición hacia un modelo productivo que cree empleo de calidad y promueva la revisión de modelos de gobernanza y gestión.