La junta de personal funcionario de Cantabria lamenta que “la falta de contestación” a peticiones de información sea “la tónica habitual”
La junta de personal funcionario del Gobierno de Cantabria ha denunciado una “falta sistemática de transparencia” y un “bloqueo negociador” por parte de la Consejería de Presidencia y la Dirección General de Función Pública, que le ha llevado a recurrir al Consejo Nacional de Transparencia para acceder a información sobre el coste de los procesos judiciales perdidos por la Administración en materia de personal.
En un comunicado, el órgano representativo ha puesto de manifiesto que “la falta de contestación a escritos solicitando información es la tónica habitual” y ha tenido que acudir a instancias superiores tras la inadmisión de una petición “clave” a su juicio como es conocer el gasto exacto abonado por el Gobierno de Cantabria en los varios procesos judiciales en materia de personal que ha perdido en los tribunales.
“La Administración continúa recurriendo sentencias desfavorables, incluso mediante recursos de casación que terminan siendo desestimados o directamente inadmitidos, en ocasiones sobre cuestiones sustancialmente idénticas a otras ya resueltas mediante sentencia firme”, ha apostillado.
La junta ha señalado que esta “falta de transparencia” se extiende a las relaciones con la representación de los empleados públicos, ya que la Administración “no responde a numerosas solicitudes formales de información realizadas en el ejercicio de los derechos de representación y libertad sindical”. Como ejemplo, la Junta señala que tuvo que esperar el pasado año, desde marzo, cuando solicitó formalmente una reunión con la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, hasta el 16 de julio para ser recibida.
Además, ha alertado sobre la tramitación de la futura Ley de Función Pública de Cantabria, ya que aunque la Administración entregó un borrador en agosto anunciando su intención de someterlo a información pública, “hasta la fecha no se ha convocado a las organizaciones sindicales para negociar su contenido”, por lo que “difícilmente puede hablarse de consenso cuando se prescinde de la negociación”.
Parálisis negociadora
Además, ha denunciando una “parálisis negociadora alarmante” que “mantiene bloqueados” asuntos como el teletrabajo, la regulación del cambio de puesto por motivos de salud y la puesta al día de las fichas de puesto de trabajo.
Por todo ello, ha exigido un “cambio de actitud urgente” a las responsables del Gobierno en materia de Función Pública, porque “las organizaciones sindicales no somos un mero trámite ni parte del decorado: somos la representación constitucional de los empleados públicos y exigimos respeto, margen de participación y una reactivación seria de la negociación colectiva” antes de que finalice la legislatura.
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