Queremos traer a la memoria el 10 de mayo de 1981, día en que aparecieron los cuerpos mutilados, calcinados y cosidos a balazos de tres jóvenes residentes en Cantabria, Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales, que, tres días antes habían salido desde Santander hacia Pechina, en Almería, para celebrar la primera comunión del hermano de Juan, sin imaginarse el terrible destino que les esperaba. Ya habían llegado a Almería cuando fueron detenidos, torturados y asesinados violentamente por la Guardia Civil al ser confundidos supuestamente con un comando de ETA que días antes había cometido un atentado terrorista. Se trata de uno de los episodios más sangrientos, trágicos y vergonzosos de la mal llamada “pacífica” Transición española.
Las familias de los asesinados iniciaron una incansable lucha, que aún mantienen en la actualidad, en defensa de la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición de estos terribles acontecimientos. ¿Qué se ha conseguido desde entontes? Respecto a la verdad y la justicia, se ha dado un cumplimiento parcial e incompleto a estos principios. Si el 'Caso Almería' no cayó en el olvido fue gracias al empeño y determinación de los familiares de las víctimas que cuestionaron la versión oficial de los hechos y llevaron ante los tribunales a los responsables, aunque finalmente solo se logró condenar a tres de los once guardias civiles que participaron en el secuestro y asesinato, que cumplieron solo una parte de la condena en unas condiciones de privilegio.
La satisfacción de los principios de reparación y garantía de no repetición requiere de dos requisitos o condiciones inexcusables. Primero, el reconocimiento de las víctimas del 'Caso Almería' como víctimas del terrorismo, ampliando el ámbito de aplicación de la actual Ley 29/2011, de 22 de septiembre, con el objeto de incluir a las víctimas de violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales. Segundo, la asunción de responsabilidad por parte del Estado y sus agentes, en este caso el cuerpo de la Guardia Civil, y la petición de perdón a las víctimas y sus familiares. A día de hoy no se ha realizado ninguna modificación de la ley, a pesar del incansable esfuerzo de las familias en este sentido y de algunas declaraciones institucionales: la moción, aprobada por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Santander el 31 de mayo de 2016, y la declaración aprobada también por unanimidad por el Parlamento de Cantabria, el 10 de mayo de 2018, ambas con el fin de devolver la dignidad a las víctimas del 'Caso Almería' y reconocerlas como víctimas del terrorismo. El 20 de enero de 2023 la directora general de la Guardia Civil y el secretario de Estado de Memoria Democrática, en un acto oficial de entrega de diplomas de reparación a los familiares, pidieron perdón a las víctimas y sus familiares. Sin embargo, es necesario aclarar que se trata de actuaciones no vinculantes, que no se han materializado en un cambio legislativo, en un relato oficial que sea fiel a la verdad y en una depuración efectiva de responsabilidades.
Esperamos que esta confluencia de acontecimientos favorezca que, de una vez por todas, se dé cumplimiento efectivo a los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición respecto al 'Caso Almería'
En lo que llevamos de año se han producido varios acontecimientos dignos de destacar. Comenzando por el nombramiento, el 24 de enero de 2024, de Zoraida Hijosa Valdizán, anterior directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica del Gobierno de Cantabria entre 2019 y 2023 como directora general de Atención a las Victimas y Promoción de la Memoria Democrática del Gobierno de España. Más recientemente, el pasado 24 de abril de 2024, el Consejo de Ministros aprobó la creación de tres comisiones gubernamentales para el cumplimiento de la Ley 20/22, de 19 de octubre de Memoria Democrática. Una de ellas es la comisión técnica para el estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas, comisión formada por expertos que ha de elaborar un informe en un plazo máximo de un año. En el acto oficial de 20 de enero de 2023, mencionado en el párrafo anterior, el secretario de estado de Memoria Democrática apuntó durante su intervención que la ley aprobada a finales de 2022 es “ambiciosa” en cuanto a sus propósitos, destacando la disposición adicional decimosexta que “plantea y establece una comisión técnica para un estudio sobre la vulneración de derechos humanos en la Transición entre 1978 y el 31 de diciembre de 1983, señalando posibles vías de reconocimiento y reparación”. Así, ha incidido en que será objeto de estudio de esta comisión la situación de las víctimas y familiares del 'Caso Almería'.
Esperamos que esta confluencia de acontecimientos favorezca que, de una vez por todas, se dé cumplimiento efectivo a los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición respecto al 'Caso Almería', sirviendo este escrito como una interpelación a Zoraida Hijosa Valdizán en su calidad de directora general de Atención a las Victimas y Promoción de la Memoria Democrática del Gobierno de España, para que adopte un compromiso profundo con este objetivo.
En esta terrible efeméride, desde Desmemoriados solo podemos decir a los familiares del 'Caso Almería' que seguiremos luchando y no les olvidamos.
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Primera Página es la sección de opinión de eldiario.es Cantabria. En este espacio caben las opiniones y noticias de todos los ángulos y prismas de una sociedad compleja e interesante. Opinión, bien diferenciada de la información, para conocer las claves de un presente que está en continuo cambio.
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