Los sindicatos municipales se quejan de que el Ayuntamiento de Santander privatiza tantos servicios que incluso dentro de la propia casa consistorial uno no sabe si le está atendiendo un funcionario o un empleado de una empresa particular. Hace tiempo que también se privatizó la Navidad, con esos árboles con rótulos luminosos que hacen publicidad de la marca que les instala.
La cultura de lo público –incómoda por la derecha y revindicada por la izquierda- se lleva cada día por delante un nuevo servicio propio de las administraciones a quienes se está despojando de gestión. Esta semana confluyen dos iniciativas del Gobierno de Cantabria. Si hacer carreteras era una de las competencias básicas de la administración autonómica ahora resulta que las viejas ocurrencias del puente de Requejada a Suances y la cuestionable vía de asfalto entre Potes y Reinosa también las ejecutará una empresa privada que adelanta el dinero –a veces cuesta saber para qué reservamos los fondos públicos- y luego se resarce a lo largo de 26 años poniendo parches y repintando líneas blancas a cambio de un canon que hace la operación rentable. Para el que la cobra, no para el que la encarga: que somos todos.
De igual manera, se privatizan las dos unidades de cribado de cáncer de mama y colon que ahora gestionará el Hospital Santa Clotilde. Otros servicios sanitarios públicos que perdemos porque –como dice la memoria del acuerdo- no hay personal suficiente. El consejero de Salud alude a la dificultad de contratar radiólogos. Problemas que al parecer no tiene el centro privado al que se lo han encargado.
Hasta las 212 viviendas de régimen de alquiler asequible que se van a construir en seis municipios de Cantabria (Torrelavega, Reinosa, Laredo, Santa Cruz de Bezana, Polanco y Santoña) tienen gestión privada… y financiación pública. Estarán gestionadas por una promotora: el suelo le sale gratis porque es público, el 30% del dinero para construirlas lo pone Europa y el Gobierno de Cantabria otros 3,8 millones que pagará en diez anualidades.
Dicen las autoridades que se han adjudicado por un modelo de colaboración público-privada. A lo del hospital Santa Clotilde lo llaman externalización. Bautizos léxicos que se utilizan para eludir conjugar el verbo privatizar.
A este ritmo poco va a quedar que hacer en los despachos. Especialmente porque los contratos son de larga duración: 75 años las viviendas y 20 el contrato con el hospital privado. Cuando llegan las quejas por las defienciencias en los servicios, por los problemas de gestión, los adjudicadores de lo público se lavarán las manos. Como la alcaldesa de Santander con el McDonald's, porque también ha privatizado los mercados municipales.
La consecuencia más directa es que dentro de poco nos van a sobrar los concejales, los consejeros y sus asesores porque ya no les va a quedar nada que gestionar. Cuando ya no quede nada que privatizar no se sabe cómo van a seguir justificando que les paguemos el sueldo. Precisamente, de salarios va la cosa. Detrás de cada privatización hay un negocio, un lucro para el concesionario que lo obtiene, por lo común y para empezar, por pagar menos y dar peores condiciones laborales a los trabajadores.
Pero mientras quede alguien en la administración pública para abrirles la puerta cada mañana a los cargos públicos, ponerles la medalla a los deméritos prestados cuando salgan por ella y grabar sus nombres en las placas de las inauguraciones estarán perfectamente satisfechos de la indigestión privatizadora.
Sobre este blog
Primera Página es la sección de opinión de eldiario.es Cantabria. En este espacio caben las opiniones y noticias de todos los ángulos y prismas de una sociedad compleja e interesante. Opinión, bien diferenciada de la información, para conocer las claves de un presente que está en continuo cambio.
2