Un traje a medida de la fábula del miedo
La actividad legisladora del Parlamento cántabro -rozando el ecuador de la legislatura- se ha limitado a derogar una ley, la de Memoria Histórica, y aprobar otras dos. Una, la de Estadística, de escasa relevancia. La otra, la de Simplificación Administrativa, es como una colcha de retales de crochet, como el bolso mágico de Mary Poppins de cuyo interior emergen las normas y medidas más insospechadas. Lo que se anunciaba como un instrumento simple para eliminar papeles y burocracia se ha ido revelando como una especie de inquietante agujero negro. Se ha convertido en dogma, en los principios fundamentales de la legislatura de Buruaga: lo mismo saca de la chistera un permiso para aparcar caravanas en Oyambre, que permite construir vivienda libre en un terreno expropiado vía PSIR o que facilita la tramitación exprés de un proyecto de un fondo de inversión en Villaescusa.
Ahora, llega la futura Ley de Vivienda. Mal bautizada porque -como sus propios inspiradores explican desde el Gobierno de Cantabria- su principal ambición es que sirva para “ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios”. Esa es la mejor medida social, espetó el consejero de Fomento en la presentación del anteproyecto. “La gente tiene miedo”, añadió. Así que la medida estrella es la creación de una oficina antiocupación donde no sabemos qué más harán después de dar el pésame a los afectados.
Lo paradójico es que la futura Ley de Vivienda se construye sobre una incongruencia descomunal. Sobre la tesis de que los propietarios no alquilan sus pisos por miedo a la ocupación. Pero la ocupación consiste precisamente en eso, en ocupar pisos vacíos, con lo cual si no los alquilan teóricamente están corriendo un mayor riesgo. Esta lógica evidencia que están legislando sobre un diagnóstico falso, interesado e inverosímil. Porque, además, reiteradamente ya les han explicado la realidad de las cifras de los juzgados y de las denuncias de Policía y Guardia Civil que son cifras irrelevantes, que la ocupación no es un problema de seguridad ciudadana.
En todo caso, concediendo que el miedo sea la razón prioritaria por la que los propietarios de pisos vacíos no los alquilan, tendrá que ser por lógica miedo a que sus inquilinos no les paguen. Cosa que ha sucedido toda la vida. Siempre ha habido algunas malas experiencias con personas que han dejado de pagar el alquiler no es, por tanto, un fenómeno que explique la actual crisis de la vivienda.
Dejando la realidad aparte y legislando desde el terreno de la fábula, el Gobierno de Cantabria ha hecho una ley de rentistas que defiende el derecho del propietario pero se detiene, poco y mal, en garantizar el derecho a la vivienda. Exalta el derecho a la propiedad privada, cuando no está en peligro. En todo caso, lo que está en riesgo es lo público con ese afán privatizador que nos coloniza desde la derecha. Cada vez que usted pisa Valdecilla solo tiene un derecho de uso, un alquiler sobre un bien privado que llevamos más de una década abonando.
En todo caso, nuestras autoridades tiran de imaginación y para los inquilinos proponen compasivos “modelos innovadores” como el coliving y cohousing. Una forma de compartir piso con servicios comunes. Esperen ustedes a que se enteren de que ya se comparten hasta las camas, que cuando se levanta uno se acuesta otro. Además, desde luego habrá que subvencionar al rentista por ingresar los mil euros al mes del alquiler de su piso. Que no pase miedo.
Pero, sin duda, lo que causa mayor perplejidad es la sinceridad del consejero de Fomento -autoridad en materia de vivienda- cuando explica por qué se opone a regular el precio para bajar los alquileres. “A mí que no me pidan que arruine el futuro de mi hijo. No lo voy a hacer. Y el Partido Popular de Cantabria tampoco”, ha sentenciado. Directamente se deduce que el muchacho está destinado a ser propietario de, al menos, dos casas -una para usar y otra para arrendar- y que no piensa formar parte del pelotón contrario: los que necesitan comprarla o alquilarla.
Es la primera vez que un político confiesa públicamente con tanto desparpajo y franqueza que ha hecho una ley a la medida de sus propios intereses personales.