Mucho ruido y pocas nueces

Toca a su fin el escándalo de la trama de corrupción de la adjudicación de las obras de las carreteras del Gobierno de Cantabria, presuntamente amañadas por una funcionario para beneficiarse a sí mismo y a las empresas que tan a menudo ganaban los concursos públicos hechos a la medida de su ambición.

Ahora, dos años después, en un inesperado giro de guion aunque la negociación llevaba meses fraguándose en un discreto segundo plano, el Gobierno de Cantabria y la Fiscalía han llegado a un acuerdo sobre las penas y multas para evitar un juicio que, sin duda, hubiese sido extraordinariamente ruidoso y mediático. Un acuerdo que, en todo caso, es provisional porque tiene que ratificarse. 

Sorprende que sea el Partido Popular, ahora en el Gobierno precisamente en gran parte gracias a la beligerancia con la que insistieron en vincular a Miguel Ángel Revilla (PRC) con este caso de corrupción, quien cierre el escándalo con un acuerdo. Sin exigir las responsabilidades que -segun ellos decían- tenían quienes gestionaban la Consejería de Obras Públicas. Sí, exactamente. A quienes el PP y el propio consejero Roberto Media(PP), tan eufórico en su exigencia de levantar alfombras, metían en el ajo hasta el punto de prometernos investigar hasta las últimas consecuencias, como si eso nos tuviera que haber conducido a un final sorpresa.

Dos años después, una vez conseguido el sillón presidencial, disuelven el asunto sin los fuegos artificiales que anunciaron. La auditoría prometida quedó en agua de borrajas y ahora pactan con el funcionario y los empresarios un acuerdo que, en el caso del Gobierno de Cantabria, únicamente evita más ruido. Qué curioso. Precisamente lo que tanto les interesaba antes de las entonces inminentes elecciones autonómicas de 2023.

Pero nos quedan algunas dudas. Cómo es posible que durante años sucediese eso sin que nadie se enterase y por qué el interés por investigar el asunto se sosegó a partir de la noche electoral, cuando el PRC -gran perjudicado de este asunto- hizo presidenta a María José Sáenz de Buruaga (PP) sin pedir nada a cambio, con un bonus extra de dos presupuestos aprobados que le han librado de tener que recurrir al incómodo apoyo de Vox.

Pero no vamos a malpensar que tales acuerdos hayan sofocado la transparencia, las investigaciones y las presuntas responsabilidades que con tango ardor nos prometieron depurar porque, en realidad, la investigación judicial nunca subió un peldaño más arriba del despacho del funcionario, como insinuaban con reiterada convicción algunos.

Queda cierta sensación de decepción, de que todos los actores y secundarios de la trama -acusados y acusadores- compartían un idéntico sentimiento de ambición aunque con diferentes fines. Unos querían hacer dinero y los otros ganar unas elecciones.