La tasa de temporalidad de los empleados públicos de Cantabria roza el 40%

Una funcionaria trabaja durante su jornada laboral.

Cantabria no consigue que se reduzca significativamente la tasa de temporalidad de sus empleados públicos, que se mantiene como una de las más altas de España, bordeando el 40% si se la compara con la tasa de los funcionarios de carrera. Según datos suministrados por el propio Ejecutivo al Parlamento autonómico, a fecha 15 de abril, la tasa de interinos con respecto al número de funcionarios de la Administración General autonómica es del 38,73%, lo que traducido en cifras supone 1.131 interinos.

Los interinos de Cantabria denuncian "abuso de temporalidad" y exigen al Gobierno "consolidar" sus puestos

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Por consejerías, la de Economía, con el 11,60% de interinos, y Empleo, ICASS y EMCAN, con el 51,31%, son los departamentos con menor y mayor porcentaje temporalidad entre sus funcionarios, respectivamente.

El desglose del número de interinos en proporción con el número de funcionarios de carrera es el siguiente:

  • Consejería de Presidencia: 131 interinos y 421 funcionarios de carrera (31,1%).
  • Consejería de Desarrollo Rural: 187 interinos y 529 funcionarios (35,34%).
  • Consejería de Economía: 26 interinos y 224 funcionarios (11,60%).
  • Consejería de Educación: 130 interinos y 294 funcionarios (44,21%).
  • Consejería de Empleo, ICASS y EMCAN: 378 interinos y 736 funcionarios (51,31%)
  • Consejería de Industria: 42 interinos y 132 funcionarios (31,81%).
  • Consejería de Obras Públicas: 39 interinos y 131 funcionarios (29,77%).
  • Consejería de Universidades: 31 interinos y121 funcionarios (25,61%).
  • Consejería de Presidencia: 167 interinos y 332 funcionarios (50,30%).
  • TOTAL: 1.131 interinos y 2.920 funcionarios de carrera (38,73%)

Este cálculo, que atañe a la Administración General del Gobierno de Cantabria, no incluye el personal docente y el del Servicio Cántabro de Salud, aunque sí a organismos con un gran número de trabajadores como Empleo de Cantabria (EMCAN) y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS). Si se contabilizara a todos los trabajadores públicos dependientes de una forma u otra del Gobierno de Cantabria, el porcentaje de temporalidad se mantendría en similar porcentaje.

Según un estudio del sindicato UGT, que cita la Encuesta de Población Activa (EPA), en el primer trimestre de 2021, un 37,21% de los asalariados del sector público (17.881 de un total de 48.059) tenía un contrato temporal. Es la tercera tasa de temporalidad más alta del sector público en España y 17 puntos superior al 19,93% del sector privado (29.831 asalariados temporales de un total de 149.684). Unidas las dos, pública y privada, la tasa de temporalidad en Cantabria se sitúa en un 24,13% (47.712 asalariados y asalariadas temporales de un total de 197.743).

Por sexos, la tasa de temporalidad de las mujeres en el sector público es de un 41,99% (11.442 de un total de 27.247 asalariadas), que duplica y con creces la del sector privado en el mismo sexo, que es de 18,65% (12.735 de un total de 68.288). Unidos los dos sectores, el público y el privado, la tasa de temporalidad femenina se sitúa en un 25,31% (24.177 asalariadas temporales de un total de 95.535).

Un año atrás, en 2020 y según el mismo sindicato, 1.211 personas ocupaban de forma interina un empleo de las distintas consejerías, y según se contemplaba en la Relación de Puestos de Trabajo (RTP), que también reflejaba un elevado número de vacantes (1.568). Comparada con la cifra de este mes de abril, la tasa de interinidad en la Administración General de Cantabria solo se habría reducido en 80 empleados.

La reducción de la precariedad temporal en la Administración pública es uno de los principales caballos de batalla de los sindicatos hoy día. La Federación de Servicios Públicos de UGT, por ejemplo, ha solicitado ya medidas como la limitación de los "contratos por programa", en los que se recurre a "cubrir con personal externo funciones propias de los empleados públicos mientras se dejan de cubrir puestos de la RPT, a pesar de que no suponen un ahorro de gasto". En este contexto, y como reivindicación de fondo, se considera clave la recuperación de servicios públicos que han sido externalizados o privatizados. Otra petición es que se tenga en cuenta el impacto que tendrá la modernización de la llamada Administración Digital, llamada a incidir notablemente en el empleo público.

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Publicado el
30 de mayo de 2021 - 19:58 h

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