Luz verde para la gestión privada de la residencia La Pereda

El uso privado de la antigua residencia de La Pereda está cada vez más cerca. A falta de los últimos flecos urbanísticos, este complejo residencial situado en las cercanías de El Sardinero, en Santander, reabrirá en un futuro próximo sus puertas pero ahora sin una gestión pública. Tras su polémico desalojo bajo el mandato de Ignacio Diego (PP), que desató una ola de protestas entre trabajadores, usuarios y partidos de la oposición, el bipartito PRC-PSOE intentó vender sin éxito estas instalaciones en desuso durante la pasada legislatura, hasta que encontró un arrendador.

Tras varios años de intentos, el Gobierno de Cantabria logró en 2018 cerrar un contrato de alquiler con opción a compra con la empresa Mundiresidencias, que tiene ya arrendada la dotación por más de 28.000 euros al mes y que tendría que abonar 6.630.000 euros, tributos excluidos, en caso de querer comprar la propiedad. Pero para ello, antes es necesario solventar los impedimentos legales que no han permitido de momento que se lleve a cabo la operación.

Sin embargo, estos trámites siguen avanzando fuera de los focos y han dado un nuevo paso importante este miércoles con la decisión de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), que ha informado favorablemente sobre la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Santander para permitir que la residencia de La Pereda, propiedad del Gobierno de Cantabria, pueda ser gestionada por una empresa privada.

Así lo ha detallado el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, tras presidir la reunión de la CROTU, que remitirá ese informe favorable al Consistorio santanderino para que pueda proceder a la aprobación definitiva de esa modificación puntual en el Pleno municipal.

Gochicoa ha explicado que el informe de la CROTU es el último paso para que el Ayuntamiento pueda aprobar de forma definitiva la modificación puntual del PGOU, ya que es el que tiene la competencia para ello. Esa modificación era necesaria para permitir la gestión de la residencia por una empresa privada, ya que el edificio estaba recogido en el PGOU como equipamiento de “titularidad pública”. No obstante, aunque se permite la gestión privada, el suelo se mantiene para uso sanitario y asistencial.

Siete años cerrada

El Ejecutivo de Ignacio Diego (PP) mandó cerrar la antigua Residencia Marcano, como se la conocía antes, alegando que el centro de mayores no reunía las medidas de seguridad necesarias debido al deterioro del edificio. Aquella decisión, anunciada en mayo de 2012, provocó las quejas de los ancianos y de los 98 trabajadores de la plantilla, que se negaban a abandonar la residencia y que organizaron diversos actos de protesta, como caceloradas frente a la sede del Gobierno o manifestaciones en Santander y Torrelavega.

Del mismo modo, los partidos en la oposición (PRC, PSOE e IU) censuraron la “vergonzosa” medida y acusaron a los populares de “desmantelar el Estado de Bienestar” y de querer “especular” con el terreno, situado en una privilegiada zona de la capital cántabra, a escasos metros de la playa de El Sardinero. Pese a ello, el Gobierno de Diego continuó adelante con sus planes y tanto los trabajadores como las personas mayores fueran trasladas a otras residencias en contra de su voluntad.

Tras las elecciones autonómicas y municipales celebradas en mayo de 2015, PRC y PSOE relevaron al PP al frente del Ejecutivo autonómico y, sin mediar explicaciones públicas, cambiaron de criterio y pusieron en venta la residencia, cuyo valor inicial estimaron en 6,5 millones de euros. Al cerrar definitivamente la adjudicación del contrato de alquiler, el entonces consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, mostró su satisfacción dado que, según dijo, “se trataba de un patrimonio ocioso al que queremos dar salida”.

Al quedar desiertas las subastas públicas convocadas por el Gobierno al principio de la legislatura pasada para vender La Pereda y otros inmuebles como la Quinta Labat, el Gobierno optó finalmente por el alquiler con opción a compra para “desprenderse de este patrimonio ocioso” que generaba gastos a las arcas públicas en impuestos municipales, vigilancia o conservación.