Abogados Cristianos pide al Supremo que anule la orden que limita a 10 personas el aforo de celebraciones religiosas en los municipios confinados de Cantabria

La Asociación de Abogados Cristianos ha pedido al Tribunal Supremo que anule la orden que limita a 10 personas el aforo en celebraciones religiosas en los municipios confinados de Cantabria. Esta organización ultraconservadora, que ha solicitado medidas cautelarísimas a la sala de lo contencioso-administrativo del Alto Tribunal, denuncia que el Gobierno de Cantabria “se está extralimitado legislando sobre cuestiones sobre las que no tiene competencias como la libertad religiosa”.

Su presidenta, Polonia Castellanos, ha argumentado que “carece de sentido que 20 niños puedan estar en un aula y no puedan hacerlo 10 personas en iglesias y catedrales con capacidad para cientos de personas”, equiparando así un derecho fundamental y obligatorio como es la formación académica con una práctica no esencial como es el culto religioso. 

“La libertad religiosa es un derecho fundamental amparado en el art. 16 de la Constitución y en todos los convenios de derechos humanos”, ha defendido la líder de este colectivo ultra, defendiendo que “en los templos también se están llevando a cabo estrictas medidas sanitarias”. “Acudimos a la Justicia para defender el Estado de Derecho de los abusos que algunos políticos están cometiendo”, ha sentenciado.

Y es que el Ejecutivo autonómico endureció sus restricciones en todos los ámbitos (laborales, sociales, culturales y de ocio) en los municipios con un alta incidencia COVID durante 14 días para tratar de contener el virus. Se trata, por el momento, de Laredo, Colindres, Polanco y Santa María de Cayón, que cuentan durante ese periodo de tiempo con toda actividad no esencial cerrada, así como con la limitación a un máximo de cuatro personas de encuentros en espacios públicos y la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios particulares.

Además, entre las medidas recogidas por el Gobierno, se encuentra la reducción de aforo a un máximo de 10 personas en los lugares de culto, una restricción que cambia en el resto de municipios que no se encuentran confinados, donde el máximo permitido es un tercio del aforo.

No obstante, Abogados Cristianos ha decidido iniciar una ofensiva judicial contra el Gobierno cántabro por una decisión que también cuestionó la semana pasada el obispo de Santander, instando a sus diocesanos a participar en celebraciones religiosas: “Os animo a no encerrarnos en nuestros miedos”, manifestó en una carta pastoral.