Cantabria es la comunidad donde menos descendieron los desahucios de abril a junio por la crisis sanitaria: un 65% frente al 90% nacional

La actividad de los órganos judiciales en Cantabria sufrió un importante descenso durante el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la crisis sanitaria causada por la covid-19. Los lanzamientos descendieron un 64,6% -la menor caída del país-; las ejecuciones hipotecarias un 61%; los concursos de acreedores un 30,8%; los despidos un 23,2%; las reclamaciones de cantidad un 18,1%; y los procedimientos monitorios un 12,1%.

Durante este periodo el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander y el nº 2 bis, encargados de tramitar y resolver todos los procedimientos relativos a cláusulas suelos, registraron 852 nuevos asuntos y dictaron 648 sentencias, de las que el 97,5% estimaron las pretensiones de los particulares.

Junto a ello, los juzgados de primera instancia de la región ingresaron diez procedimientos por ocupación ilegal de vivienda y resolvieron siete, quedando pendientes al final del periodo 22, según refleja el Informe sobre los Efectos de la Crisis en los órganos Judiciales, que trimestralmente publica el Consejo General del Poder Judicial.

La suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo supuso la completa paralización de la actividad jurisdiccional en toda España, a excepción de los servicios esenciales, y la desescalada se realizó en distintas fases, de forma paulatina y escalonada.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria se destaca que la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los órganos judiciales, las vacaciones de verano y la persistencia de la incidencia de la pandemia hicieron que el segundo trimestre del año “tenga unas características de disminución de todos los indicadores tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, por lo que se aconseja tomar con cautela las variaciones interanuales”, señala el TSJC en nota de prensa.

El mayor impacto en los órganos judiciales de Cantabria se observa en los lanzamientos practicados, que de abril a junio fueron 58, frente a los 164 del mismo periodo de un año antes, lo que supone un descenso del 64,6%.

A nivel nacional, la caída es aún mayor, del 90,6%, y es que Cantabria es la comunidad autónoma donde el descenso es más suave, seguida de Castilla y León, que vio cómo sus lanzamientos practicados fueron un 77,2% menos que en 2019.

De los 58 lanzamientos practicados durante el trimestre, 44 se debieron al impago de un alquiler, lo que supone un descenso del 66,4%, una caída menor que la experimentada por la media del país, que fue del 89,8%. Otros 12 fueron debidos al impago de una hipoteca, un 36,8% menos que un año antes.

Cantabria se sitúa nuevamente como la comunidad autónoma donde el descenso es más suave, ya que a nivel nacional la caída de lanzamientos por este motivo fue del 92,1% de media.

Por otro lado, los procedimientos de ejecución hipotecaria que se presentaron entre abril y junio en los juzgados de primera instancia de Cantabria ascendieron a 23, frente a los 59 de un año antes, lo que representa un descenso del 61%. En este caso Cantabria es la región que experimenta una caída más acusada y es que a nivel nacional las ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 12,2%.

Junto a ello, los juzgados de primera instancia registraron 1.795 procedimientos monitorios frente a 2.041 de un año antes, lo que supone un descenso del 12,1%, frente a una media nacional en la que el descenso casi fue el doble (23%). En este tipo de procedimientos se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios.

Los concursos de particulares sí crecieron

Entre los indicadores que estudia el informe para detectar el efecto de la crisis en los órganos judiciales, se encuentra el movimiento de asuntos concursales, tanto los presentados en el Juzgado de lo Mercantil de Santander -que responden a procedimientos sobre empresas-, como los que se registran en los juzgados de primera instancia de la región -que son los que se refieren a particulares.

En el segundo trimestre de 2020 se presentaron un total de 18 concursos -siete de empresas y 11 de persona física-, frente a 26 en el mismo periodo de 2019 -18 de empresas y ocho de persona física.

Ello supone un descenso global en los concursos del 30,8%, frente al 22,7% de caída a nivel nacional. No es habitual que los concursos de particulares superen a los de empresas y esta peculiar circunstancia se traduce, además, en que este parámetro es el único de este informe que experimenta una evolución positiva.

Así, mientras los concursos de empresas disminuyeron un 61,1%respecto al mismo periodo de 2019 (a nivel nacional la caída fue del 34,7%), los concursos de personas naturales aumentaron un 37,5% (a nivel nacional disminuyeron un 6,2%).

Además, el Juzgado de lo Mercantil de Santander declaró siete concursos (cuatro menos que en 2019); otros dos fueron declarados y concluidos (en 2019 no registró ningún procedimiento de este tipo); en dos se abrió fase de convenio (uno más que en 2019) y en cinco se fue a la liquidación (seis menos que en 2019).

Junto a ello, este órgano judicial declaró un concurso consecutivo (dos en 2019), que son aquellos que afectan a personas físicas, empresarios o no, en situación de insolvencia y a personas jurídicas, con un pasivo inferior a cinco millones de euros, bienes y derechos con un valor inferior a cinco millones de euros, y menos de 50 acreedores.

Finalmente, este Juzgado recibió un expediente de regulación de empleo presentado por una empresa que se encuentra en situación de concurso, frente a cinco EREs que ingresaron en el mismo periodo del año anterior.

Incidencia en los juzgados laborales

La incidencia de la situación económica también se evalúa en el movimiento de asuntos de los juzgados de lo social o laborales, donde se presentan tanto las demandas de despido como aquellas en las que los trabajadores reclaman el pago de una cantidad por parte de sus empleadores.

Durante el segundo trimestre de 2020, los seis juzgados de lo social de Santander registraron un total de 208 demandas por despido, 63 menos que las que se presentaron un año antes, lo que supone un descenso del 23,2%.

La media nacional experimentó una caída del 2,6%. Las reclamaciones de cantidad fueron 381, 84 menos que un año antes, lo que se traduce en una disminución del 18,1%. A nivel nacional, este tipo de procedimientos registró un descenso del 36,7%.