La lucha en el PP se recrudece y la posibilidad de una escisión cobra fuerza
El proceso de primarias en el PP de Cantabria desencadenó hace cuatro meses una lucha por el poder que ha ido recrudeciéndose día a día hasta alcanzar límites insospechados. Tanto han tensado la cuerda los dos bandos que la escisión ha pasado de ser un mal recuerdo -en 1990 nueve diputados del PP se unieron a Juan Hormaechea para fundar un nuevo partido (UPCA)- a convertirse en una posibilidad cada vez más real, según reconocen en petit comité dentro de las propias filas populares.
Y es que el duodécimo Congreso regional ha dejado un partido completamente dividido, en el que las críticas, las descalificaciones y las acusaciones están a la orden del día. Por un lado, los partidarios del expresidente Ignacio Diego, quien se impuso en la primera vuelta de las primarias por algo más de un centenar de votos. Y por otro, los defensores de la exsecretaria general María José Sáenz de Buruaga, quien ganó el voto de los compromisarios por tan solo cuatro papeletas. Sin embargo, medio partido no reconoce su legitimidad y el resultado del Congreso ha acabado en los tribunales por el registro masivo de casi 500 afiliados a través de una persona con discapacidad.
Hasta este cónclave en el PP cántabro siempre se había presentado una única lista de consenso. En esta ocasión, aupada por los malos resultados electorales cosechados en 2015, Buruaga dio un paso al frente desafiando a quien la había convertido en su mano derecha, lo que fue considerado como una “traición” por los partidarios de Ignacio Diego, líder del PP cántabro desde 2003.
A pesar de que al comienzo del proceso ambos dirigentes reclamaron su mediación, Génova decidió ponerse de perfil esperando que la situación se resolviese sola. Pero lejos de amainar, las relaciones dentro de la formación son ya irrencoliables. El expresidente cuenta con el apoyo de la mayoría de alcaldes populares -22 de 33- y del grupo parlamentario -9 de 13 diputados-. En el otro lado, Buruaga tiene el respaldo manifiesto del ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, así como el beneplácito encubierto de la direcicón nacional.
La guerra se ha trasladado ahora al grupo parlamentario, donde Buruaga intenta reemplazar a Eduardo Van den Eynde -afin a Diego- como portavoz a pesar de que no cuenta con el apoyo de la mayoría de diputados, un requisito que establece el reglamento interno del partido.
El pasado jueves el Comité Ejecutivo mandató al grupo parlamentario que aprobara el relevo y la presidenta del PP amenazó con abrir expedientes disciplinarios. Pero ni con esas se ha hecho con el cargo. Los diputados mantienen el pulso con la dirección y se han negado incluso a recoger la resolución del Comité, que finamente será notificada por correo.
Los tres vicesecretarios de la Dirección han pedido este miércoles a Diego que se posicione públicamente y “ponga fin al bloqueo”, del que le consideran responsable. El expresidente, que también es diputado, ha guardado silencio desde que se conociera el resultado del Congreso. El diputado nacional y exalcalde de Camargo, Diego Movellán, que ha hecho de portavoz, ha pedido el alto el fuego y que cese la “escalada de ataques unilaterales y desafíos” de lo que consideran un “reducto” del partido.
De mantenerse ese pulso, tampoco es descartable que los ocho diputados que apoyan al expresidente pasen a integrarse en el Grupo mixto, junto a los dos representantes de Ciudadanos.
Jaque a Vélez
Como si de una partida de ajedrez se tratara, minutos antes de celebrarse esta rueda de prensa, los críticos enviaban un comunicado en el que anunciaban que 22 alcaldes del PP han presentado un escrito ante el Comité de Garantías regional, que también se presentará al Comité de Garantías Nacional, para expedientar a Julián Vélez, actual secretario de Acción Municipal y exalcalde del PP de San Vicente, por votar en contra de la candidata del PP a la presidencia de la Mancomunidad de Valdáliga, Lorena García, y hacerlo a favor del candidato del PSOE, Roberto Escobedo.
El portavoz de los críticos, Joaquín Solanas -exdirector general de Cultura del Gobierno de Cantabria-, ha explicado que se produjo una infracción “muy grave” en julio del 2015, tipificada como “actuar en el ejercicio de cargos públicos u orgánicos en forma contraria a los principios y programas del partido y según el articulado del propio partido”.
Un hecho que según el articulo 16 del Partido le debería suponer a Vélez la suspensión de la afiliación de entre 4 a 6 años, la inhabilitación de desempeñar cargos en el partido y/o expulsión del partido.
'Lealtad Popular'
Ante esta tesitura, no son pocas las voces cercanas al PP de Cantabria las que señalan que la disputa acabará en una escisión. De hecho, al día siguiente de conocerse el resultado del Congreso, una treintena de dirigentes afines a Diego se reunieron en una pequeña localidad de Cantabria para analizar la situación y entre las opciones opciones que barajaron una fue la de formar un nuevo partido llamado 'Lealtad Popular', denominación bajo la cual crearon varios perfiles en redes sociales.
No obstante, finalmente, se decantaron por seguir en primer lugar la vía interna, solicitando al Comité de Garantías nacional una investigación sobre el registro masivo de afiliaciones y otras posibles irregularidades. El pasado 9 de mayo se conoció la respuesta de Génova, que nuevamente se puso de perfil y remitió la cuestión al Comité autonómico, controlado por Buruaga.
