Un juez desestima las denuncias de los absueltos por el escrache a Ignacio Diego que pretendían “terminar con la impunidad del montaje político y policial”

Tras haber demostrado su inocencia ante un “montaje político y policial” que llegó a imputarles penas de hasta 12 años de cárcel (42 en total), la asamblea de ‘Preguntar No Es Delito’ regresó a los juzgados para denunciar a los impulsores del proceso judicial en el que se vieron envueltos, con el fin de “terminar con la impunidad” para que montajes como el que sufrieron “no vuelvan a repetirse”.

Sin embargo, hace ya unos meses, los miembros de la Asamblea recibieron un auto judicial en el que se sobreseía provisionalmente y se archivaba su denuncia. Ante la “parcialidad” del auto, decidieron recurrir, pero esta misma semana volvieron a obtener una negativa por respuesta en un nuevo auto, si cabe, “aún más parcial y surrealista” que el anterior.

Desde Preguntar No Es Delito afirman que el auto recibido está “repleto de juicios de valor políticos y personales al margen del derecho” y que “todo su contenido está marcado por una gran parcialidad” del juez. Para respaldar estas afirmaciones indican que el magistrado pone en duda sus “verdaderas intenciones” a la hora de denunciar lo ocurrido basándose, simplemente, en su “sorpresa” porque las denuncias de todas las personas afectadas fueran “idénticas”.

Ante esa impropia declaración del juez, desde ‘Preguntar No Es Delito’ afirman que realizaron una denuncia conjunta debido “al poco tiempo dado para realizar el recurso, a la falta de recursos económicos de los miembros de la Asamblea y a los motivos tan parecidos por los que cada persona denuncia las mentiras vertidas en el proceso judicial del que salieron absueltos”. “Los recursos económicos y temporales de las personas no deberían suponer un motivo de discriminación en la búsqueda de la justicia”, apuntan. Además, señalan con rotundidad que “sus únicas intenciones son acabar con la impunidad e impedir que un montaje como el que sufrieron se vuelva a repetir”.

Así mismo, la Asamblea indica que en ambos autos judiciales se expone la “falta de pruebas” como único argumento para archivarlas, sin apuntar ni mucho menos desarrollar más razones. Ante eso, dicen haber presentado “indicios más que suficientes y contundentes para demostrar el falso testimonio de los agentes de la autoridad, así como la falsedad documental en la cuestión de los presuntos daños a los vehículos oficiales”.

Sobre este último asunto, afirman que “parece que el juez no quisiera estudiar los argumentos y los indicios que presentamos para demostrar la falsedad de las facturas que nos incriminaban daños a los coches oficiales”. “Es más”, prosiguen, “da la impresión de que el hecho de que las facturas tuvieran una fecha diferente a la del día de los hechos o que alguna de ellas ni siquiera aparezca en el auto, no merecen ni siquiera la consideración por parte del juez”. Por ello, indican que “quizás sea su verdadera intención sobre la que nosotros y nosotras, así como la sociedad en su conjunto, deberíamos dudar”.

Para la Asamblea, la parcialidad del auto indica “la nula voluntad” del juez en “esclarecer los hechos ocurridos”. “Pareciera que no tuviera ni la más mínima intención de investigar los posibles delitos que los agentes de la autoridad cometieron cuando, si alguien debería tener obligación de cumplir con la legalidad vigente es un funcionario público miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y si alguien debería tener la más férrea voluntad por buscar la verdad es un juez”.

Y para finalizar añaden que este tipo de autos judiciales suponen “un peligroso precedente”, ya que se puede “aumentar la sensación de impunidad para construir montajes” como el que ellos sufrieron. “Tan solo el fin de la impunidad puede garantizar la no repetición de hechos similares”, sentencian, y terminan afirmando que “llegarán hasta donde haga falta” para “lograr justicia” en su caso y que este “sirva como ejemplo de malas prácticas que no pueden volver a tener lugar”.