Partidos y asociaciones denuncian la millonaria privatización sanitaria que “hipoteca” a Cantabria hasta 2042
La publicación del informe oficial de la Consejería de Economía y Hacienda de Cantabria que advierte que el millonario convenio que privatiza servicios sanitarios con el Hospital Santa Clotilde de Santander compromete el gasto público de Cantabria hasta 2042 ha generado reacciones en el ámbito político y social. El PSOE lo califica de “vergüenza”, Cantabristas de “barbaridad presupuestaria”, Izquierda Unida denuncia que “es una muestra más de la falta de transparencia” del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga“ y para la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública ”demuestra lo alto que está el plan de privatizaciones sanitarias“ en la agenda del Ejecutivo del PP.
Declaraciones que se producen tras haber desvelado elDiario.es la existencia de un documento firmado por el jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria que alerta de que el “elevado compromiso presupuestario” -216 millones de euros que posteriormente se incrementario a 256- “obligará a adoptar medidas de priorización del gasto público” en todo el sector público de Cantabria durante los años de vigencia del acuerdo.
“El PP privatiza e hipoteca la sanidad pública en Cantabria con informes técnicos en contra del elevado compromiso presupuestario”, ha denunciado el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, en sus redes sociales. “Es todo una vergüenza”, ha concluido. Antes de desvelarse ese informe, los socialistas ya habían pedido la paralización del convenio millonario con el hospital religioso privado y destinar al Servicio Cántabro de Salud (SCS) los 256 millones asignados al mismo para “revertir los recortes y el deterioro de la sanidad pública”.
Para la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria, esta información publicada por elDiario.es evidencia dos cosas: “La gravedad del perjuicio al interés público que causa este convenio y el hecho de que, a pesar de los informes internos en contra, se de vía libre a este convenio encarecido en 40 millones”. “Lo que demuestra lo alto que está en la agenda del consejero de Salud, César Pascual, y de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, la estrategia del plan de privatizaciones en la sanidad pública”, ha advertido este colectivo.
Esta plataforma ha presentado recientemente un recurso en los tribunales para demandar la nulidad del “irregular y oscuro” convenio singular por el que el Servicio Cántabro de Salud (SCS), bajo las órdenes del consejero, ha puesto en manos del hospital privado Santa Clotilde “una porción importante de determinadas áreas asistenciales que se sustraen del servicio público”.
Las asociaciones que forman parte de la Plataforma denunciaron que faltan la memoria técnica y económica y el certificado de crédito adecuado y suficiente que justifiquen la firma del convenio con el centro privado. Al tiempo, alertaron de que el convenio se firmó “en la oscuridad”, sin anunciarse debidamente ni incluirse en el muy publicitado “pero nada justificado ni argumentado económicamente Plan de Salud 2025-2029”. La adjudicación se firmó inicialmente por 216 millones y unas semanas después se incrementó en 40 millones más, una vez fue oficial.
Para Izquierda Unida, “cada información nueva que aparece es una muestra más de la falta de transparencia del Gobierno de Buruaga” y “una losa más sobre la espalda de los contribuyentes que ven cómo sus impuestos no van a reforzar la red de salud pública, sino a engordar los bolsillos de entidades privadas que no cuentan con el personal ni los recursos materiales necesarios”.
Por ello, desde IU han registrado también un recurso contencioso-administrativo “contra un convenio singular que viene a reemplazar la sanidad pública y no complementarla como sostienen Buruaga y Pascual”, censura Israel Ruiz Salmón, coordinador de la formación política.
Cantabristas exige la documentación
Las reacciones a la publicación del informe han llegado también desde Cantabristas. “Lo que está haciendo el Partido Popular de Buruaga es una barbaridad presupuestaria” porque, a juicio de este partido, “un Gobierno en minoría no puede hipotecar a Cantabria durante 20 años comprometiendo dinero público hasta 2042” para financiar el crecimiento de una entidad sanitaria privada como Santa Clotilde.
“La gente tiene que tener claro que esto no es una colaboración puntual”, han advertido desde la formación política, que ha puntualizado que se trata de “una hipoteca a largo plazo que condiciona a los próximos gobiernos y al propio Parlamento de Cantabria”. Además, en su opinión, consolida un modelo de privatización de la asistencia sanitaria “que se ha aprobado ignorando advertencias técnicas muy claras de la Consejería de Economía sobre el impacto que va a tener en el presupuesto autonómico durante décadas”. “El PP de Buruaga quiere, en cuatro años, a toda prisa, comprometer 20 años de presupuestos en favor de negocios privados”, han denunciado.
En este sentido, Cantabristas ha exigido que el Gobierno “muestre” si este convenio cuenta con toda la documentación legalmente exigible. “Cuando se comprometen cientos de millones de euros de dinero público durante veinte años no vale correr ni esconder informes: tiene que estar todo encima de la mesa, con todas las garantías jurídicas y administrativas. Y ahora mismo eso no está nada claro”, han señalado.
Desde la formación política han considerado que se trata de “una forma de gobernar irresponsable” que utiliza “mayorías circunstanciales para blindar un modelo de privatización sanitaria y para hacerle un favor a intereses privados”. Mientras, la sanidad pública sigue teniendo carencias graves en personal, infraestructuras y atención en el territorio, han argumentado. “Cantabria no necesita acuerdos opacos ni cheques en blanco a la sanidad privada. Necesita compromisos de financiación a largo plazo del sistema público de salud y necesita transparencia institucional. Y eso es exactamente lo que el PP de Buruaga está incumpliendo con este convenio”, han concluido desde Cantabristas.