La Comisión de Agricultura aprueba la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe la venta a pérdidas

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso aprobó ayer miércoles la reforma de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria, que contempla la prohibición de la venta a pérdidas, una de las exigencias en las movilizaciones de organizaciones agrarias a inicio del año 2020.

La semana pasada esta aprobación se aplazó a instancias de la oposición y pese al voto del PSOE debido a habían llegado con antelación las propuestas del Gobierno, facilitadas por el PSOE, para enmendar esta ley, que ya acumula diez meses en la Cámara-

Además, todos los agentes implicados en la cadena agroalimentaria, las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA, en representación de la producción; Cooperativas Agroalimentarias de España, FIAB y PROMARCA en nombre de la Industria y ASEDAS, como distribución, habían acordado pedir a los grupos políticos que se prohíba la venta a pérdidas.

Los miembros de la comisión dieron dado luz verde al dictamen por 19 votos favorables, 1 en contra y 14 abstenciones. Tras la aprobación por parte de la Comisión del Congreso el texto será remitido al Senado donde continuará su tramitación parlamentaria.

Este proyecto de ley transpone la Directiva Europea relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario y la amplía de acuerdo con su artículo 9, que permite a los Estados miembros “mantener o introducir normas más estrictas”. Por esta razón, en lugar de aprobar una nueva norma, se modifica la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, del año 2013.

Las modificaciones introducidas, que pretenden “luchar contra la pérdida de valor en la cadena”, afectan a su ámbito de aplicación, que se amplía a las PYMES; a las relaciones entre mayoristas; y a las relaciones entre un proveedor y un comprador cuando ambos estén en España o cuando uno se encuentre en España y otro en un Estado miembro, cuando no resulte de aplicación la legislación del otro Estado miembro.  

De igual forma, se amplían las prácticas que se consideran abusivas y sus sanciones, como la exigencia de pagos no relacionados con la venta de los productos, la modificación unilateral de los términos de un contrato, la divulgación de secretos empresariales o la cancelación de un pedido de productos perecederos dentro de los 30 días previos al momento señalado, entre otras. También se regulan los contratos alimentarios, que deberán figurar firmados por ambas partes y formalizarse antes del inicio de las prestaciones.  

Asimismo, se modifica la definición de “cadena alimentaria”, para incluir los productos agrícolas, que se suman a los alimentarios. También se añaden las definiciones de proveedor, productos agrícolas y alimentarios perecederos, comprador, autoridad pública, secretos empresariales, y entidades asociativas.

El texto también reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios como interlocutor con las instituciones europeas y transfronterizas y encargada de establecer el régimen de control necesario para el cumplimiento de esta ley. Por su parte, las comunidades autónomas designarán sus propias autoridades en el ámbito de sus competencias.

Finalizada la Comisión de hoy, que tramita este proyecto de ley con competencia legislativa plena, el dictamen aprobado, incluyendo el Informe de la Ponencia modificado con las enmiendas y las correcciones técnicas y de estilo adoptadas será remitido al Senado, sin necesidad de pasar previamente por el Pleno del Congreso.

UPA pide “un esfuerzo” a los grupos políticos

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, pedía también esta semana un esfuerzo a los grupos políticos y que lleguen a un acuerdo en la ley de la Cadena Alimentaria. UPA aboga por una ley que garantice la transparencia y, sobre todo, la defensa del sector. Una ley “que sea efectiva, que se aplique”. “Es la oportunidad de modificar la ley de manera definitiva”, ha indicado Morcillo, con cuestiones como “que se llegue hasta el último eslabón de la cadena, como el canal HORECA; reforzar la figura del mediador, porque a veces la posición de dominio impide la negociación justa a la hora de negociar precios”, ha informado la organización.

Asimismo, pide “que se amplíen las funciones del observatorio de la Cadena para los índices de precios y de costes de producción. Tenemos que hacer un esfuerzo importante para que dispongamos de los costes de todas nuestras producciones”.

Julián Morcillo ha explicado la necesidad de disponer de un registro de los contratos, con un registro digital la información y que se refuerce el papel de la AICA, en la línea de que sea interlocutor de la Unión Europea y con control de los productos que entran de fuera. “Es necesaria la ampliación de la ley para todos los productos que vienen de fuera”.

Se trata, ha señalado, “de una ley que podría suponer un antes y un después”.

Cuota de posición

Sin embargo, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos valoraba como una “oportunidad perdida” para el campo el hecho de que el Congreso no haya aprobado este miércoles, como reclamaba la organización, la fijación de la cuota de posición de dominio en la votación del Proyecto de revisión de la Ley de la cadena alimentaria, y que haya aprobado una prohibición de venta a pérdidas sin garantía ninguna de efectividad para limitar los abusos y competencias desleales.

La organización ha señalado que seguirá trabajando para que sus propuestas de enmiendas sean recogidas ahora en el Senado, también ha trasladado a todos los grupos políticos con representación en el Congreso la necesidad de que la modificación de esta ley contrarreste los desequilibrios existentes en la cadena de valor y que persiga los abusos y las prácticas desleales que sufren los productores.