UPA: la próxima planificación hidrológica es un “ataque directo y sin precedentes a los agricultores” de Castilla-La Mancha

Contundente se ha expresado el secretario general de UPA (Unión de Peqieños Agricultores y Ganaderos) Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, en rueda de prensa al explicar la “tremenda preocupación” ante el nuevo ciclo de planificación hidrológica 2028-2033, cuya tramitación se ha iniciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tras publicarse en el BOE del 28 de noviembre el periodo de consulta pública de los Esquemas Provisionales de Temas Importantes de las principales demarcaciones hidrográficas que afectan a la región. “Un ataque sin precedentes al regadío castellanomanchego”, ha señalado.

Ante esta situación que califica de “ataque directo y sin precedentes a regantes y agricultores”, UPA ha solicitado una reunión urgente con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, responsable de las competencias en materia de agua, para conocer la posición del Gobierno regional y trasladarle la preocupación del sector, según ha adelantado la organización en un comunicado.

Se ha alertado de que en todas las cuencas presentan reducciones de dotaciones de riego, reducciones de superficie regable, extinción de derechos de riego, reconversión forzosa hacia secanos.

Morcillo recuerda que el 80 % del regadío regional depende de aguas subterráneas, y la mayor parte de los acuíferos están catalogados en “mal estado cuantitativo o cualitativo”, lo que convierte estas medidas en un escenario crítico y potencialmente irreversible para el tejido productivo.

Demarcación hidrográfica del Guadiana

Según señala Upa, el documento plantea tres alternativas, pero tanto la Dirección General del Agua, como la Confederación Hidrográfica del Guadiana se posicionan por la Alternativa 1, caracterizada por:

Preocupan sobremanera las concesiones regularizadas a través del Plan Especial del Alto Guadiana, PEAG. UPA exige una aclaración inmediata sobre la referencia a la extinción de concesiones al finalizar sus plazos, lo que afecta directamente a los expedientes de leñosos regularizados mediante el PEAG, sustentados en derechos adquiridos. “Consideramos inaceptable que estos títulos concesionales puedan recibir un trato distinto al de cualquier otra concesión en vigor”, señalan.

La propuesta de aumentar recursos humanos para, “en particular para agilizar extinciones de concesiones” es, en palabras de la organización, “un insulto” para agricultores que llevan más de una década esperando respuesta de una administración incompetente. Solo este punto sería suficiente para pedir la dimisión del responsable de planificación, señala la organización agraria.

UPA se pregunta dónde queda el compromiso pendiente de resolver la situación de las explotaciones prioritarias en Alto Guadiana.

Demarcación Hidrográfica del Segura

En lo que respecta al Segura y según dice UPA, la Confederación ha planteado como estrategia de futuro la reducción de las extracciones de aguas subterráneas, priorizando por otras fuentes como desalinización, allí donde esta alternativa sea viable, evidentemente al sudeste de Albacete se le considera “zona sin alternativa viable”.

Lo que plantea para el sudeste de Albacete es una reducción drástica de extracciones. De los 86,8 hm3 de concesión anual a los ocho acuíferos de la provincia, plantea reducir las extracciones a 30,9 hm³. Un recorte del 64,4 %, equivalente a dos tercios del riego actual. “Esto significa el paso masivo al secano en municipios como Tobarra, Ontur, Albatana, Fuente Álamo o Montealegre del Castillo. Así de claro”, ha denunciado Morcillo.

Los documentos cuantifican tremendas pérdidas en la demarcación de 277 millones euros al año de costes socioeconómico, y con unas pérdidas del valor de producción agraria de 101 millones euros año en el conjunto de la demarcación. La propia Confederación reconoce que esta alternativa generaría “una elevada contestación social”, prueba más que suficiente de su propio planteamiento, advierte la organización agraria.

Si avanzamos en las propuestas, también plantea la incorporación de recursos externos con medidas como más capacidad de desalinización: hasta 150 hm³ adicionales, el refuerzo de conexiones hidráulicas para abastecimiento a los núcleos de población del sudeste de Albacete y Altiplano, o aportaciones del trasvase Júcar-Vinalopó a algunos acuíferos.

Julián Morcillo ha advertido de la gravedad del escenario, “es imprescindible avanzar en una unidad de acción de los regantes de la cabecera del Segura, proponiendo pasos hacia una estructura tipo Junta Central de Usuarios. De otra manera, los regantes y usuarios se quedarán sin voz”; sin una organización en la cabecera del Segura

Demarcación hidrográfica del Júcar

Las aprecicaciones de Morcillo sobre la planificación para el Segura no es mejor que las anteriore. “Directamente consideramos el documento desequilibrado”, con el 71 % de la superficie de la cuenca en Castilla-La Mancha, el plan sigue aumentando transferencias hacia aguas abajo (Albufera, Vinalopó, áreas urbanas de Valencia y Sagunto). “Para los regantes castellanomanchegos, sólo se plantean recortes adicionales de dotaciones”, señala.  

UPA ha solicitado también una reunión con la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) para coordinar una posición conjunta en defensa de los intereses de la región porque entendemos que es más necesario que nunca ante estos nuevos planteamientos.

Exigencias de UPA

Por todos estos plantemientos, la organización agraria considera “imprescindible” que el Gobierno regional adopte una posición clara y firme en defensa del regadío en el nuevo proceso de planificación 2028-2033. “Es clave revisar el planteamiento general, rechazamos los recortes indiscriminados de superficies y dotaciones”, y se debe reconocer la singularidad socioeconómica del regadío regional, que sustenta miles de empleos y fija población en zonas rurales.

También creen que es necesario considerar la justificación de la exención de objetivos medioambientales de las masas de agua bajo el art 4.5. de la Directiva Marco del Agua, apostando por un horizonte de cumplimiento más allá del 2027. Esta justificación estaría basada en el impacto socioeconómico y el coste desproporcionado de las medidas que serían necesarias para conseguir la recuperación de las masas de agua en mal estado.