El anterior gobierno municipal del PP en Guadalajara, condenado por acoso a una expolítica

Araceli Muñoz, en una imagen de archivo

Europa Press

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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha condenado al Ayuntamiento de Guadalajara a indemnizar con 13.709 euros a la funcionaria municipal y exsubdelegada del Gobierno, la socialista Araceli Muñoz, por acoso y 'mobbing' por parte del Gobierno municipal de este Consistorio cuando estaba al frente del mismo Antonio Román y Jaime Carnicero como teniente de alcalde, del PP.

Aunque esta sentencia es del 27 de mayo de este año, los hechos denunciados se remontan al periodo 2012-2015, que fue cuando Araceli Muñoz dejó su última responsabilidad al frente de la Subdelegación y decidió volver a su puesto de letrada en el Ayuntamiento, y fue cuando, tal y como ha explicado en rueda de prensa, arropada por algunos compañeros de UGT, comenzó una persecución que pasó por no darle trabajo y dejarla en una sala todo el día sin nada que hacer. Así, según ha explicado en su comparecencia Muñoz, la Sala de lo Contencioso del TSJCM entiende en su sentencia que "ha habido acoso y una situación de 'mobbing'" por parte del Gobierno del PP cuando estaba al frente del mismo Antonio Román.

Emocionada y en algún caso con la voz quebrada, ha aseverado como la propia sentencia del Tribunal de Albacete ha reconocido que sufrió "acoso moral, en tanto que fue aislada, destinada a puesto inexistente, sin carga de trabajo alguno y con ausencia de medios materiales para desarrollar su trabajo, con el propósito real de prescindir de una determinada funcionaria que no resultaba cómoda por sus ideas políticas a la Corporación", ha dicho, responsabilizando ella de esta situación al entonces alcalde y al teniente de alcalde.

Según ha detallado, al volver a solicitar su puesto de letrada en el Ayuntamiento, ganado con oposición, intentaron amortizarlo y aunque tenía que haber sido adscrita al puesto de técnico de la Administración General, tampoco se la incorporó pese a que esos puestos estaban cubiertos por interinos y ella había ganado su plaza por oposición.

Aunque para Muñoz hoy lo importante es que esta sentencia "reconoce" que ha sufrido "mobbing" y condena al Ayuntamiento a indemnizarla, insta ahora a Román y a Carnicero a pagar ellos mismos estos más de 13.000 euros que le tendrá que abonar el Ayuntamiento por los daños causados.

Baja laboral y tratamiento psicológico

Unos hechos por lo que Araceli Muñoz tuvo que coger la baja, recibiendo tratamiento psicológico y psiquiátrico durante algún tiempo, hasta que la situación empezó a mejor cuando desde la Federación de Servicios Públicos de UGT le ofrecieron liberarse y encargarse de su servicio jurídico. A ellos agradece también su apoyo en estos duros momentos.

Muñoz se encuentra ahora en situación de servicios especiales en el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha tras pasar años atrás, por distintos cometidos en el ámbito político con cargos a nivel regional y provincial. Desde el año 2012 ha entablado distintos procedimientos judiciales contra el Ayuntamiento cuando este estaba gobernado por Antonio Román, a quien ha responsabilizado públicamente, junto a Carnicero, de haberla mantenido sin hacer nada, en una sala de reuniones, y sin medios hasta que decidieron amortizar su puesto.

"Ahí fue cuando mi salud se quebró", ha dicho, ya que a partir de ese momento comenzó a sufrir lo que ha calificado como "un proceso disociativo al estrés", y consecuencia del mismo estuvo de baja temporal con asistencia médica psicológica y psiquiátrica durante algún tiempo. Para Muñoz está claro que ellos fueron "los detonantes" de la crisis de ansiedad o cuadro disociativo relativo al estrés que sufrió y que requirió asistencia médica, psiquiátrica y psicológica.

Ahora invoca al ahora senador y al portavoz del PP en el Ayuntamiento a que se hagan cargo del pago de esta indemnización pese a que no hay responsabilidad penal porque así evitarían una carga al Consistorio. También les insta a recapacitar sobre si su forma de actuar se ajusta a la ética y moral que debe exigirse para ejercer cualquier cargo de responsabilidad política.

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