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Castilla-La Mancha exige al Gobierno central eliminar la tasa de reposición en el empleo público por ser una “barrera para la contratación”

Empleados públicos

Alicia Avilés Pozo

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, va a solicitar al Gobierno central la eliminación de las tasas de reposición en el empleo público, es decir, el indicador que mide el porcentaje de vacantes que pueden ser cubiertas con nuevas incorporaciones de personal. Según ha afirmado, este mecanismo es “una enorme barrera” para la contratación de personal de servicios públicos que las administraciones han ido “sorteando”.

“Ha llegado el momento”, ha subrayado García-Page, de que en España se aborde la supresión  definitiva de las tasas de reposición por lo que supone en las limitaciones para la gestión de plantillas públicas. “Estamos casi en un absurdo. Mantenerlas por más tiempo significa una especie de estrategia de recortes de servicios públicos”, ha avisado García-Page.

El presidente regional ha informado de que este martes se ha dado “el pistoletazo de salida” al presupuesto de Castilla-La Mancha para 2022, “unos presupuestos que seguirán siendo una dosis más de antídoto a los recortes que sufrimos hace unos años”, ha manifestado. “Vamos a seguir recuperando todo aquello que se recortó en su momento y al mismo tiempo compatibilizándolo con la consolidación de los servicios públicos”, ha recalcado.

Ha sido en este punto donde ha advertido de que él “no va a sacrificar” como presidente ni va a despedir a ningún tipo de trabajador público motivado por exigencias del déficit sabiendo que todavía hay parte de la financiación que se le debe a esta región.

Respuesta la propuesta sobre ocupación ilegal

Por otra parte, García-Page también ha pedido al Gobierno central una respuesta respecto a su ley para luchar contra la ocupación ilegal en esta comunidad autónoma, y ha avisado que, de no tenerla, la llevarán a una futura conferencia de presidentes autonómicos o al Congreso de los Diputados.

“No hemos tenido una contestación y en próximos meses tenemos que tenerla. No lo voy a dejar, los ciudadanos tienen derecho a vivir en sus viviendas. No se puede hacer demagogia con la ocupación ilegal”, ha aseverado García-Page. “Hay un problema de orden público y requiere de cambios de estrategias normativas. Es llamativo que abordemos la despoblación y al mismo tiempo la okupación ilegal. No deja de ser paradójico, los que se van y abandonan los pueblos y los que vienen por la puerta de atrás dando una patada a la puerta, es un problema de Estado que debe actualizarse sin demagogias ni cortapisas”, ha recalcado García-Page.

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