Cuatro sindicatos vuelven a rechazar la propuesta para llegar al acuerdo en el conflicto laboral en GEACAM

Los sindicatos CCOO, SIBF, USO y Satif, cuatro de los cinco con representación en el comité intercentros de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM), con once de sus trece miembros, han calificado de “absoluto fracaso” la última reunión mantenida con la empresa para llegar a un acuerdo en el conflicto colectivo que permanece activo desde antes del verano.

Los sindicatos, a excepción de la UGT, dicen lamentar el resultado de este nuevo encuentro “no solo por haberla convocado la empresa para ofrecer una propuesta inaceptable socialmente y legalmente inviable; sino, sobre todo, porque la ha presentado una vez más como inamovible e innegociable”. En este última aspecto, los sindicatos critican que los representantes patronales hayan acudido a la reunión asegurando que “no tienen capacidad alguna para negociar ni una coma, potestad que achacan a la consejería de Desarrollo Sostenible y/o a la de Hacienda”, sin aclarar a cuál de estos departamentos corresponde la última decisión.

La dirección de GEACAM reunía a su comité intercentros para trasladar a los representantes de la plantilla una propuesta para la regularización de contratos en fraude de ley y para el cumplimiento de la tasa de reposición en la empresa pública con la cobertura de las plazas vacantes correspondientes a los años 2019 y 2020. Una propuesta que, de nuevo, ha sido rechazada.

Los sindicatos sostienen que GEACAM mantiene desde hace seis años en su plantilla a 53 personas con contratos en fraude de ley recuerdan la obligación legal de cubrir tasa de reposición de los años 2019 y 2020, que suma 115 plazas vacantes, 109 en el colectivo de bomberos forestales y seis en asistencias técnicas.

Además critican que con la propuesta se busca “simular el cumplimento de ambos requisitos legales solapando el uno con el otro, de forma que la obligada regularización de los 53 contratos en fraude de ley compute, a la vez, como cobertura de 53 vacantes, con lo que la tasa de reposición se reduciría a 62 plazas”. “Esto es absolutamente inadmisible, se mire como se mire”, han criticado.

Tampoco se muestran de acuerdo con la exigencia de la empresa de “ralentizar y diferir hasta 2023 el cumplimiento de sus obligaciones legales”, indicando que los 115 contratos que pretende hacer sean de seis meses en 2021 y de nueve meses en 2022, y que solo pasen a indefinidos de 12 meses en 2023.

Finalmente reclaman que los 53 contratos que consideran en fraude de ley se transformen ya en contratos indefinidos ordinarios de 12 meses y que se cumpla la obligación de ofertar los contratos de 12 meses precisos para cubrir las 115 plazas vacantes que corresponden a la tasa de reposición.