La Junta se aprueba en Dependencia y la Plataforma denuncia el aumento de expedientes sin valorar
Balance positivo del Gobierno de Castilla-La Mancha en materia de Dependencia en 2017. La Consejería de Bienestar Social ha puesto en valor lo conseguido desde el inicio de la legislatura, lo que ha calificado como “un esfuerzo importante”, ya que, el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha incorporado al Sistema de Dependencia hasta el mes de noviembre a 16.621 usuarios, hasta llegar a los 51.309, lo que supone un aumento de casi el 50 por ciento, según los últimos datos publicados por el IMSERSO.
Así lo ha señalado la directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra, que además ha puesto en valor el número de prestaciones de Dependencia, ya que desde julio de 2015 se ha incrementado un 32%, pasando de 47.160 prestaciones concedidas a 62.158, cerca de 15.000 más en 29 meses. En concreto, desde el mes de enero al mes de noviembre de 2017, se han concedido 10.385 nuevas prestaciones del Sistema de Dependencia, de las cuales 769 corresponden al pasado mes.
Un descenso importante y que ha destacado también el Ejecutivo autonómico es el que se ha producido en el número de personas pendientes de atención, ya que desde el inicio de la legislatura se ha reducido un 60%, es decir, 16.107 expedientes menos, aunque el 19 por ciento de los dependientes castellano-manchegos a los que se les ha asignado un servicio o prestación sigue sin recibir ninguna de ellas, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Del mismo modo, según Saavedra, han descendido las solicitudes de valoración pendientes, de 6.143 a 5.708, 435 menos, una reducción del 7 por ciento.
Evolución de las Prestaciones
Por otra parte, la directora general de Atención a la Dependencia ha explicado que el Servicio de Teleasistencia ha experimentado esta legislatura un incremento del 104 por ciento, ya que había 4.872 beneficiarios en julio de 2015 y ahora son 9.939, es decir, 5.067 más. También un total de 13.786 usuarios que tienen Dependencia se benefician de la Ayuda a Domicilio, un 92 por ciento más respecto a los 7.189 que había en julio de 2015, es decir, hay 6.597 nuevos usuarios en 29 meses.
Las Prestaciones Vinculadas al Servicio han crecido un 82 por ciento, de 2.784 a 5.077; las Prestaciones de Centro de Día un 49 por ciento, de 2.156 a 3.211; el Servicio de Promoción de Autonomía (MejoraT), un 34 por ciento, de 3.587 a 4.807, y los usuarios de Plaza Residencial, un 22 por ciento, de 9.982 a 12.160.
Respecto a las Prestaciones Económicas para el Cuidado en el Entorno Familiar (PECEF), Saavedra ha recalcado que “no se ha quitado ese derecho a ninguna persona y se han concedido 2.221 en los 29 meses de Gobierno de García-Page” frente “a las 3 concedidas en cuatro años de Gobierno del PP”.
La Plataforma denuncia la pérdida de ayudas a familiares
Pero este balance positivo del Gobierno regional se aleja y mucho del análisis que ofrece la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha. Su portavoz, José Luis Gómez-Ocaña, explica a eldiarioclm.es que durante toda la legislatura se han perdido en la región más de 3.846 prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, una de sus principales quejas. La Plataforma además ha denunciado que los datos ofrecidos por la directora general sobre “los expedientes en los cajones”, es decir, los dependientes que todavía no han sido valorados, “rozan la desvergüenza”.
Según la Plataforma, los datos ofrecidos por el IMSERSO señalan que la diferencia entre las solicitudes recibidas y los dictámenes emitidos es de 6.486. “No solamente la promesa dada por el presidente Emiliano García-Page en campaña electoral, en el acuerdo con Podemos y firmado ante notario y manifestado en el discurso de investidura comprometiéndose a acabar con estos expedientes en un año no se ha cumplido sino que ha aumentado en mas de un 18%”.
Otro de los datos a los que se ha referido la Plataforma son los referidos al limbo de la dependencia, es decir, las personas con derecho reconocido por ley y que no están siendo atendidas. “Los datos oficiales del IMSERSO nos dicen que a fecha de 30 de noviembre de 2017, los dependientes que se encuentran esperando son 12.356, un aumento del 20% en lo que llevamos de legislatura”.
De cara a 2018, la Plataforma pide a Emiliano García-Page que cumpla con lo prometido en campaña electoral y “que no obligue a los dependientes a acudir los tribunales, que por otra parte están dando la razón a este colectivo”. Además piden la “inmediata” destitución de la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez y su directora General, Ana Saavedra por “su demostrada incompetencia en sus cargos”.
Año de desencuentros entre Bienestar Social y la Plataforma
2017 también ha sido un año de desencuentros entre la Consejería de Bienestar Social y la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha. Según el presidente de la Plataforma, la relación ha pasado a ser igual que con el Gobierno de Cospedal, especialmente desde que se muestran “críticos” con la gestión del Ejecutivo autonómico.
El pasado mes de febrero, el Gobierno de Castilla-La salía al paso de la denuncia hecha pública por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha sobre las que denominaron “reclamaciones de la vergüenza” a dependientes por cantidades cobradas indebidamente. La Consejería de Bienestar Social negó cualquier “reclamación generalizada y sistemática” de este tipo de cantidades, y aseguró que se trataba de “situaciones muy personales y puntuales”, en las que el beneficiario de una ayuda “no ha declarado que recibe otra de otra administración, en cuyo caso son estudiadas de forma individualizada por la Administración”.
Pero los desencuentros no solo se han debido a estas reclamaciones, la Plataforma también se ha mostrado muy crítica “por la masacare que se está realizando con las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar; con los accidentes que están sufriendo los dependientes y sus familiares por no tener la ayuda técnica adecuada para moverlos en su domicilio y por la falsedad en los datos que ofrecen cada mes en Dependencia y que no coinciden con los datos oficiales que da el IMSERSO”.
El último desencuentro entre ambas partes ha tenido lugar hace apenas dos meses, por “los ataques personales que la Administración realizó contra el presidente de la Plataforma mintiendo de forma descarada”, señaló la asociación. En el mes de octubre, la Junta Directiva de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha hizo público un comunicado en el que afirmaba “dar un paso al frente” para defender al presidente de este colectivo, José Luis Gómez-Ocaña, frente a lo que consideraron un “acoso personal” por parte del Gobierno de Emiliano García-Page. La denuncia pública que realizaron se estaba “perpetrando” en la persona de uno de los hijos de Gómez-Ocaña, “gran dependiente”. La Plataforma denunció a la Junta por haber filtrado a algunos medios de comunicación el expediente de dependencia de uno de sus hijos, algo “intolerable” por vulnerar la Ley de Protección de Datos y que puede suponer “un grave delito”.
Objetivos de 2018: la aprobación del nuevo Decreto de Dependencia
De cara al 2018, la Consejería de Bienestar Social va a destinar para Dependencia un presupuesto de 121,6 millones de euros, una cantidad que se ha visto incrementada en 2,57 millones de euros respecto al ejercicio 2017, un 2,16% por ciento más. Un incremento que va a permitir, según la Consejería, ampliar en 15 recursos en 2018 los 55 Servicios ‘MejoraT’ en colaboración con entidades sociales y locales, incrementar en 2.000 los usuarios de Teleasistencia y consolidar la atención tutelar de las personas con capacidad de obrar modificada judicialmente.
Pero sin duda, una de los principales objetivos de cara al 2018 en esta materia será aprobar el nuevo Decreto de la Dependencia, que todavía debe pasar por el Consejo Consultivo, tras incluir las aportaciones realizadas en el trámite de información pública. La ciudadanía y las asociaciones relacionadas con el sector aportaron un total de quince sugerencias a la Junta de Comunidades para seguir en la elaboración del documento.
