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El nuevo Decreto de Dependencia agilizará la atención infantil “de urgencia”

Más de 12.500 personas están en el limbo de la dependencia.

Francisca Bravo Miranda

Alrededor de un mes estuvo el borrador para el nuevo Decreto de la Dependencia que derogará el aprobado por María Dolores de Cospedal disponible para información pública. Un documento que se aprobó en un momento “crucial” debido a los recortes llevados a cabo por el anterior Gobierno, afirmó la directora general de Dependencia, Ana Saavedra, en su comparecencia en las Cortes castellano-manchegas para dar cuenta del proceso que sigue la nueva legislación.

La ciudadanía y las asociaciones relacionadas con el sector aportaron un total de quince sugerencias a la Junta de Comunidades para seguir en la elaboración del documento. Las mismas hacían referencia a la “intensidad” de los servicios recibidos, las bonificaciones de cotizaciones a la Seguridad Social de las personas empleadas del hogar y también de los cuidadores no profesionales. En cuanto a las prestaciones, se ha hecho referencia a la cuantía de las mismas antes de 2012 y también a su accesibilidad.

Los ciudadanos también se refirieron los compromisos del cuidador familiar y la necesidad de coordinación entre profesionales de atención a personas en situación de dependencia. En este sentido, piden que se reconozca como prestación el acceso al transporte para acudir a los centros y que sea compatible con la recibida para el centro de día. También que las entidades sociales formen parte del catálogo de la dependencia, una mayor coordinación en la prevención, y cambios en el baremo de la capacidad económica, así como nuevos servicios. Finalmente, piden que los dependientes se agilicen “sobre todo” en los casos de emergencia.

Así lo explicó Saavedra, quien señaló que el objetivo del nuevo decreto es atender a las personas en situación de dependencia con “nuevas normativas más sencillas y flexibles”. Ante el “vacío legal” que dejó la anulación del decreto aprobado por el PP, el Gobierno ha trabajado “muy de prisa” para revertir las medidas y las “incompatibilidades” de la orden anulada. Para ello se estableció un grupo de trabajo en abril de 2016, en el que participaron asociaciones como CERMI o la Plataforma por la Dependencia, junto a la Dirección General y a los direcciones provinciales de Bienestar Social.

El primer borrador será “enriquecido” hasta su nueva aprobación y pasará también por información pública, servicios jurídicos y también el consejo consultivo, en un procedimiento de “participación social, transparencia y buen gobierno”. La idea es establecer el procedimiento para reconocer el grado, elaborar los programas de atención y sentar los criterios para determinar la capacidad económica y la gestión de las prestaciones. “Queremos reducir al máximo toda la tramitación, los requisitos y la documentación”, señaló la consejera.

Entre los objetivos destacados por Saavedra está la introducción de un procedimiento específico para niños y niñas, “debido a la especial urgencia de la atención que requieren” y también establecer compatibilidades que hasta ahora no están reguladas.

“Dos años son más que suficiente”

Por su parte, María Díaz, diputada de Podemos, insistió en que los dos años de legislatura han sido “más que suficientes” para que se pudiera haber llevado a cabo la derogación del Decreto aprobado por el Partido Popular. “Nos alegra que se haya seguido la consulta pública”, señaló sin embargo la parlamentaria, pero señaló que se ha “retrasado demasiado” para lograr que las personas en situación de dependencia puedan ser “protagonistas” de su futuro y de la normativa que “les afecta directamente”.

José Luis Escudero, diputado del PSOE, aprobó la medida para los niños “porque su urgencia siempre es mayor”. En este sentido, afirmó que la nueva legislación significará un “antes y un después” de la dependencia en la región tras dos decretos que la han “mermado considerablemente”. Cortes Valentín, del PP, ha afirmado que el tratamiento que se está dando a la dependencia son “lentejas” y acusó al Gobierno regional de “vetar” a la plataforma de la Dependencia. Pidió también que se agilizasen los procedimientos.

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