La Cámara de Cuentas detecta falta de datos y poca transparencia en los contratos públicos de Castilla-La Mancha

El Sector Público Institucional Autonómico (SPA) de Castilla-La Mancha no cumple de forma correcta con su obligación legal de aportar datos actualizados sobre su funcionamiento y además carece de una regulación clara para la clasificación y delimitación del sector público institucional y hay un abuso de los contratos menores.

Hay hasta 13 organismos o entidades públicas de Castilla-La Mancha que, o no han actualizado sus datos o no los han validado.

Así lo recoge el informe definitivo de fiscalización del sector público autonómico, correspondiente al ejercicio 2022, y que se publica hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El informe lo emite la Cámara de Cuentas castellallanomanchega que preside Fernando Andújar y fue aprobado el 27 de noviembre.

El informe de fiscalización es especialmente crítico con el cumplimiento de la ley en materia de remisión de información, organización y transparencia. Analiza 40 entes que componen el Sector Público Autonómico (SPA) castellanomanchego, desde las Consejerías del Gobierno y el Consejo Consultivo, además de los organismos autónomos, que son cinco, las entidades de derecho público que son tres, las fundaciones públicas que llegan a 11 y las empresas públicas que suman ocho. Además, se analizan otras instituciones públicas como la Universidad de Castilla-La Mancha y las entidades vinculadas o dependientes de ella.

El informe también detalla deficiencias en la remisión de expedientes y resúmenes de contratos y eso, dice la Cámara de Cuentas, afecta a la obligada transparencia del sector público.

¿Qué entes u organismos incumplen?

El informe contiene hasta 23 conclusiones que ponen de manifiesto los defectos del sector público en Castilla-La Mancha. Por un lado se incumple el deber de remisión de información relativa a los contratos, tanto en los preceptivos envíos de las Relaciones Anuales Certificadas (RAC) y los Extractos de Expedientes de Contratos (EEC).

En general hay un bajo cumplimiento en este aspecto. De los 40 entes que conforman el SPA y que son objeto de fiscalización, solo 30 (el 75%) han cumplido con el deber de remisión de las Relaciones Anuales Certificadas, tal y como lo requiere la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Y luego hay incumplimiento total de 10 entidades que representan el 25% del sector público autonómico porque no han enviado nada. Entre ellas se incluyen la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha (INNOCAM) y varias fundaciones públicas como la Fundación Centro Tecnológico del Metal, la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos, la Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, la Fundación Colección Roberto Polo, Tierra de Viñedos, Fuente Agria, FCi3, así como la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha y la empresa pública UCLM Emprende, SLU.

Además, se señalan los contratos no Informados. Se verificó que la Fundación Colección Roberto Polo (FCRP), una de las entidades que no remitió RAC ni certificación negativa, formalizó 38 contratos en 2022 (32 menores y seis no menores), que sí constan en el Registro de Contratos.

Después, el 13%, cuatro en total, se remitieron fuera del plazo establecido (antes de finalizar febrero del ejercicio siguiente).

La Cámara de Cuentas también ha detectado que falta remitir los Extractos de Expedientes de Contratos (EEC) para contratos de gran cuantía. Un total de 139 contratos que superaban los umbrales legales y que no fueron enviados a lo largo del ejercicio. Destaca entre ellos el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), al que corresponden 103 de estos contratos no remitidos.

Por otro lado se ha detectado “incoherencia” de la información contractual. Se observaron divergencias en la información remitida, tanto en el número de contratos como en su identificación y datos.

Respecto a los Extractos de Expedientes de Contratos (EEC), 71 se remitieron también fuera del plazo de tres meses desde su formalización (el 26,39% del total). Las Consejerías de Educación, Cultura y Deportes, de Economía, Empresas y Empleo, el SESCAM o la Presidencia acumulan un retraso promedio en la presentación de los extractos fuera de plazo de entre 230 y 376 días.

También hay calificación errónea de los contratos porque algunos se han clasificado bajo tipologías que ya no existen e incluso se han llegado a aplicar contratos menores a tipos contractuales que no los admiten, como por ejemplo la concesión de servicios.

Hay de hecho “un volumen elevado” de contratos menores. Representa el 94,99% del total de contratos formalizados incluidos en las RAC y el 6,69% del importe total adjudicado, destacando la UCLM con un 53,41% de los contratos menores.

Deficiencias en la limitación y organización del sector público

La Cámara de Cuentas también identificó importantes carencias en la regulación y organización del Sector Público Autonómico (SPA) y el Sector Público Institucional Autonómico (SPIA).

Por ejemplo la Administración Autonómica no ha regulado el régimen de organización y funcionamiento del sector público, ni dispone de un sistema de supervisión continua de las entidades dependientes, y eso incumple la ley, advierte.

También falta atribución de competencias. Los decretos de estructura de la Administración Autonómica no atribuyen expresamente las competencias de supervisión continua ni de control de eficacia a ningún órgano.

Además, los estatutos de las fundaciones públicas regionales (salvo la Fundación Colección Roberto Polo) no determinan su adscripción a Castilla-La Mancha, tal y como requiere la ley.

De otro lado, hay datos no validados en el sistema INVENTE. Múltiples organismos y entidades incluyendo la Agencia del Agua, el IPEX, varias fundaciones y empresas públicas como el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha y GEACAM no han validado o actualizado los datos inscritos en el Inventario de Entidades del Sector Público (INVENTE) en los plazos establecidos, lo cual afecta “a la seguridad jurídica y certeza de los datos”.

En este aspecto hay además información contradictoria: la calificación de la Fundación 'Fuente Agria' como entidad pública contradice su inscripción en el Registro de Grupos de Interés de Castilla-La Mancha.

Incumplimiento en publicidad y transparencia contractual

Después hay perfiles de contratante incompletos, porque aunque la mayoría de los entes disponen de perfiles alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), no todos los órganos de contratación cuentan con el perfil propio alojado allí, tal y como exige la ley. Dos entidades, la Fundación Atención a Discapacitados Físicos 'Fuente Agria' y UCLM Emprende SLU, no disponen de perfil.

Otra de las deficiencias es que los departamentos, consejerías y organismos públicos con sede electrónica no han incluido un enlace a su perfil de contratante en la citada plataforma y eso incumple el decreto 28/2018.

Se critica también la ausencia de planificación. Solo los departamentos y consejerías de la Administración autonómica disponían de un Plan de Contratación para el ejercicio 2022. Algo que no tienen otros como el Consejo Consultivo, las entidades de derecho público y privado o y la UCLM y sus dependientes, entre otros.

En definitiva la fiscalización concluye que existe un incumplimiento generalizado del deber de remisión de información contractual por parte de un número significativo de entidades, y a eso se suman graves problemas de coherencia y veracidad en los datos reportados y una deficiente implementación de las obligaciones de transparencia y planificación en la actividad contractual.

¿Cuántos contratos se formalizaron?

Respecto de la actividad contractual remitida, constan un total de 49.629 contratos formalizados en el ejercicio 2022, con un importe de 1.186.546.068 euros.

De ellos, el 98,38% corresponden a contratos de obras, suministros y servicios y estas dos últimas categorías representan el 96,69%.

También se han remitido un total de 269 contratos, por importe de 751.371.729 euros, acompañados del correspondiente extracto de expediente, por superar las establecidas en el artículo 335 de la Ley de Contratos del Sector Público (600.000 euros, para contratos de obras, 450.000 euros para suministros y 150.000 euros para servicios).

El importe de adjudicación de los contratos formalizados por los organismos autónomos supone el 48,68% del total del Sector Público Autonómico, destacando el Sescam con el 98,87%.

Por su parte, la Administración General engloba el 38,08% del volumen de la contratación, destacando la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas que supone el 28,45% de la Administración General.

Hasta nueve recomendaciones: alguien debe supervisar

El Informe contiene 23 conclusiones, que ponen de manifiesto la situación de la rendición de la actividad contractual pero también incluye nueve recomendaciones para mejorar.

Entre ellas hace un llamamiento a regular el régimen jurídico de organización y funcionamiento del sector público autonómico, y en particular del sector público institucional con el objetivo de aplicar “un sistema de supervisión continua”.

Hay una recomendación específica para el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. Debe incorporar en los decretos que definen la estructura orgánica “la atribución expresa de competencias sobre la supervisión continua y el control de eficacia de las entidades”.

Se dirige también al Protectorado de Fundaciones Públicas de Castilla-La Mancha para que se requiera a todas ellas a adaptar sus estatutos a la normativa de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), exceptuando a la Fundación Colección Roberto Polo, que por otro lado quedará extinguida cuando se produzca el cierre de sus dos museos en Toledo y en Cuenca.

A la Intervención General de Castilla-La Mancha (IGCLM), le pide instar a quienes estén al frente de las entidades a realizar la pertinente validación, actualización o modificación de los datos inscritos en INVENTE.

A la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación le sugiere revisar la inscripción de la Fundación Fuente Agria en el Registro Autonómico de Grupos de Interés, debido a que su calificación en dicho registro es contradictoria con la información contenida en INVENTE.

Recuerda el deber de remitir la información de los contratos y de los extractos de los expedientes relacionados con los contratos.

A los órganos de contratación de los entes del Sistema Público Autonómico le pide realizar la correcta calificación de los contratos, a la Secretaría General de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital le reclama adoptar las medidas de coordinación necesarias para garantizar el envío, en tiempo y forma, de la información contractual requerida por la ley.

Le pide también mejorar la transparencia y publicidad de los contratos que se realizan, que se publiquen de forma anticipada en el perfil de contratante, con el fin de contribuir a la racionalización del gasto, la transparencia, la eficiencia y la concurrencia en las licitaciones y que eso no se limite a los contratos de mayor cuantía, sino también a los contratos menores. Son los que suelen 'escapar' al control con más frecuencia.