Diferencias de “interpretación” entre Consejería y agentes medioambientales sobre su potestad de denuncia
La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha ha denunciado que la Secretaria General de la consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Juana Velasco Mateos-Aparicio, debido a una instrucción “a todas luces ilegal” que, afirman, “ impide a los Agentes Medioambientales denunciar delitos contra el Medio Ambiente ante Juzgados y Fiscalías”. Esto, afirman, es una “obligación” del cargo que desempeña el cuerpo y también dentro de su cometido como Policía Judicial genérica.
“Resulta especialmente lamentable e incomprensible que el Gobierno de Castilla-La Mancha esté realizando con los Agentes Medioambientales una gestión continuista de la llevada a cabo por el ejecutivo de María Dolores de Cospedal, la misma atrocidad que pretendía el PP en la pasada modificación de la Ley de Montes estatal es lo que pretende ahora el PSOE en Castilla-La Mancha”, reclama en un comunicado APAM Castilla-La Mancha.
Sin embargo, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que el comunicado es una “discrepancia” en la interpretación de la instrucción que ha emitido la Consejería. “Lo que dice la instrucción es que hay que dirigirse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuestión obvia porque es lo lógico que sea ese el primer paso y que el segundo sea la Fiscalía”, explicó Martínez Arroyo. En resumen, recalcó, es una “cuestión de interpretación” que viene, insistió, de parte de los agentes medioambientales representados en la asociación.
“Cualquier ciudadano entiende que ante cualquier delito, todos debemos dirigirnos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, recalcó Martínez Arroyo. Ante esto, quiso mostrar “por supuesto” su respaldo a la Secretaria General e insistir en que el comunicado viene de una “parte” de los agentes medioambientales. “Cada uno es responsable de las cosas que dice”, afirmó, y también señaló que cree que el presidente de la asociación “se equivoca”. “Creo contar con el respaldo de la mayor parte de los agentes, es un cuerpo del que no podemos prescindir, hemos hecho enormes esfuerzos. Vamos por el buen camino y hay que olvidarse de intereses puntuales”, pidió.
Expedientes disciplinarios
Desde la Asociación Profesional han recalcado que la gestión “parece más centrada en beneficiar la delincuencia medioambiental en nuestra región que en ponerle coto permitiendo el normal funcionamiento de la Administración” ya que afirman que prohíbe a los Agentes a través de dicha instrucción ejercer una de sus más “importantes atribuciones”, que es denunciar presuntos delitos medioambientales y ponerlos en conocimiento de la Justicia.
En este sentido, recalcan que desde la Consejería de Agricultura ya se había llegado al “extremo” de abrir expedientes disciplinarios contra aquellos Agentes Medioambientales que ponían en conocimiento de los Juzgados presuntos ilícitos penales. “Algo insólito teniendo en cuenta que la obligación de comunicar cualquier ilícito penal del que se tenga conocimiento se atribuye a cualquier ciudadano”, lamentan. En este sentido, afirman que la Consejería quiere “llevar a cabo lo que no fue posible concretar a través de Ley de Montes nacional” que “intentó cercenar” las facultades de los Agentes.
Insisten en que es una instrucción “ilegal” y que incita a los agentes a la “dejación de funciones o la omisión del deber de perseguir delitos” algo obligatorio por los funcionarios de Policía Judicial. En este sentido, han asegurado que han trasladado a la Fiscalía la nueva instrucción emitida que “dificulta a todas luces la lucha contra la delincuencia medioambiental en Castilla-La Mancha”. Además, señalan que se ha establecido contacto con los agentes sociales para valorar la posibilidad de movilizaciones inminentes antes y durante la campaña de incendios forestales.
