España no aprueba en medio ambiente como nota general, pero sí lo hace Castilla-La Mancha. SEO/BirdLife ha suspendido al país en cuanto a buen gobierno ambiental, tras analizar la situación en su conjunto, y ha elaborado y propuesto un conjunto de indicadores con cuyo análisis periódico se podría mejorar la gobernanza que en la actualidad se encuentra en una situación “claramente desfavorable” y “manifiestamente mejorable”.
Entre las principales conclusiones del informe 'Indicadores de Gobernanza Ambiental en España', la ONG señala la escasa presencia del medio ambiente en la actividad parlamentaria, con apenas un 0,44%, y denuncia que España es el país “más incumplidor” de la legislación ambiental de la UE.
El documento propone un sistema de indicadores con los que evaluar de forma periódica la acción de las administraciones e instituciones en la defensa del medio ambiente. Los autores reflejan también el grado de conflictividad constitucional que experimentan las cuestiones ambientales, que es excesivamente alto para el escaso número de leyes aprobadas.
Así, SEO/BirdLife analiza el estado de la legislación, la acción de las instituciones, los procesos de participación y la fiscalidad ambiental. Tras el análisis de cada indicador, se otorga una puntuación en cuatro niveles que van de “claramente favorable” a “claramente desfavorable”. El primero de los indicadores aborda el grado de cumplimiento del amplio derecho comunitario en materia de medio ambiente por parte de España, cuestión en la que “suspende”. De hecho, España es el país “más incumplidor” de toda la Unión Europea si se atiende a los casos abiertos.
Por otro lado, el análisis de la ONG valora el marco legal para afrontar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas para 2030 y, en la actualidad, no observa ningún compromiso firma sobre una nueva estrategia de desarrollo sostenible a nivel estatal. Del mismo modo, los ejemplos autonómicos son aislados y no están coordinados con los estatales. En el ámbito institucional, el informe subraya la alta conflictividad constitucional de las leyes ambientales, recurridas al Tribunal Constitucional en mayor medida que otras materias.
Sin embargo, señala que a nivel autonómico la situación es algo más positiva ya que Cataluña, Extremadura, País Vasco, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha o Asturias alcanzan puntuaciones favorables o moderadamente favorables mientras que regiones como Castilla y León o Madrid obtienen “la peor nota posible”.
Durante la presentación del informe, la asesora jurídica de SEO/BirdLife y coautora del análisis, Cristina Álvarez, ha manifestado que otros países llevan años evaluando este tipo de indicadores dirigidos a vigilar y orientar la acción de la administración, sobre todo cuando hay un debate “maduro” sobre los problemas y causas; cuando el público está “implicado” y cuando existe una “disposición firme” a identificar y aplicar soluciones.
Por su parte, el director de políticas ambientales, David Howell, ha justificado el informe en la intención de “provocar un debate” sobre la calidad de la gobernanza ambiental en España y la necesidad de dar un “salto cualitativo”. A su juicio, estos indicadores invitan a la reflexión y a la autocrítica al tiempo que pueden ser un paso previo para corregir “lo que no se está haciendo bien”. Por este motivo, ha añadido que en los próximos meses la ONG profundizará en las causas de la “desgobernanza ambiental” que se ha detectado con los indicadores y en la búsqueda de soluciones.
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