Ecologistas en Acción denuncia la “avalancha de megaproyectos fotovoltaicos” en Guadalajara sin la “planificación adecuada”

Ecologistas en Acción de Guadalajara ha denunciado la “avalancha de megaproyectos fotovoltaicos” a la provincia de Guadalajara que, en su opinión, llegan “sin planificación adecuada”. No es el primer colectivo que denuncia esta situación. Tanto la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) como ha Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) en esta provincia han advertido de “la fiebre” de estos proyectos en la provincia y piden su regulación.

Ahora es Ecologistas en Acción quien denuncia “la falta de planificación por parte de la Administración regional, el goteo incesante y los incontables trámites burocráticos” en torno a unos parques fotovoltaicos por lo que, anuncian, se ha contratado a una abogada y se ha creado un equipo de 12 personas voluntarias “para poder leer, analizar y elaborar escritos de alegaciones al aluvión de proyectos de energías renovables que llega a nuestra provincia”

Se trata, asegura la organización ecologista de “un esfuerzo sin precedentes para poder dar respuesta a proyectos con graves carencias, en ocasiones fragmentados para evitar el procedimiento estatal, y con graves impactos sociales y ambientales que afectarían a la mayor parte de nuestra provincia”.

Desde el pasado mes de noviembre, Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a proyectos de fotovoltaica y eólica que afectan a municipios como Jadraque, Almadrones, Yebra, Algora, Torremocha del Campo, Galápagos, El Casar, Valdegrudas, Yunquera de Henares, Alovera, Villanueva y Quer, entre otros.

Además, la asociación ambientalista está preparando los escritos correspondientes para los 13 proyectos que afectan a Budía, San Andrés del Rey y Peralveche, así como para Alcolea del Pinar y Caspueñas.

Estos proyectos de plantas fotovoltaicas supondrán, de aprobarse, miles de hectáreas ocupadas y valladas, advierten. “Esto generaría un importante impacto en forma de barreras y fragmentación del territorio humano así como de los ecosistemas, por su afección a las actividades agropecuarias y a los hábitats de especies en peligro de extinción que se encuentran en la provincia. El impacto socioeconómico, y sobre todo el ambiental, no será compensado por el posible beneficio que puedan generar estas plantas”, asegura Ecologistas en Acción.

“Una gestión carente de criterios socio-ambientales realmente sostenibles”

La organización valora negativamente el apoyo expreso manifestado por parte de la Administración regional al despliegue de estas megaplantas solares que, sostienen, “se está plasmando en una gestión carente de criterios socio-ambientales realmente sostenibles, así como de planificación y de control. En consecuencia, se está ocasionando un tremendo desasosiego a vecinos y personas afectadas para desempeñar su actividad agraria o ganadera”.

“Sorprende la ausencia de un plan, por parte de la administración castellanomanchega, para reducir los consumos, sustituir energías contaminantes por menos contaminantes, aprovechar las miles de hectáreas de tejados y azoteas disponibles en los núcleos urbanos e industriales, que permita encauzar y gestionar adecuadamente proyectos como estos” que, en opinión de Ecologistas en Acción, “generan un problema, por mucho que se nos muestre como una oportunidad”.

Como ejemplo citan que “es difícil entender la falta de aprecio que se hace, por ejemplo, de los tejados de las zonas urbanas e industriales, siendo además estas zonas donde se consume la mayor parte de la electricidad generada, y donde la incorporación a la red eléctrica tendría menores repercusiones”. Tampoco se entiende cómo no se establece una estrategia de reducción del consumo, la misma que ha tenido buenos resultados con el agua de consumo humano en determinadas zonas. 

En su lugar, se fomenta el incremento de producción eléctrica. De hecho, en España existe una potencia eléctrica instalada de 110,5 GW, de la cual solo se usa 39 GW, y se prevé llegar a 200 GW instalados.

“Las grandes empresas eléctricas que han aterrizado en nuestra provincia anuncian la construcción de megaplantas con bastante antelación para subir en bolsa y recibir fondos europeos, y utilizan técnicas para conseguir terrenos, e incluso modificar futuros espacios protegidos, dignas de un manual de burladores de los resquicios legales”, sostiene Ecologistas en Acción.

Este aluvión de procedimientos ha desbordado a la administración que ha tenido que contratar administrativos y técnicos. Y a las instituciones y organizaciones sociales que tenemos que leer proyectos de más de 900 páginas. “¿Quién les ayuda? ¿Por qué no se amplían los plazos de exposición pública?”, se preguntan, dado que las notificaciones a las asociaciones ambientalistas llegan ahora desde tres organismos regionales: desde la Dirección General de Transición Energética en Toledo, desde el servicio de Evaluación Ambiental y desde el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible. 

Ecologistas en Acción de Guadalajara anuncia que va a seguir presentado escritos de alegaciones y denuncias “por fragmentación de proyectos, dejando en entredicho memorias ambientales que son el resultado de un copia-pega masivo, y que incluyen gran cantidad de falacias, que están poniendo en entredicho el normal procedimiento de la evaluación ambiental en nuestra región y nuestro país”. 

En su opinión, “se evidencia la incapacidad de una administración regional que vele por el patrimonio natural y cultural, así como por la agricultura, la ganadería, el turismo y que evite la despoblación del medio rural”, concluyen.