Entra en vigor la norma que bonifica temporalmente la fiscalidad de los locales de juego y de los espectáculos taurinos en Castilla-La Mancha

Este sábado 1 de agosto entre en vigor la ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios aprobada por unanimidad en las Cortes regionales tras su publicación hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Su objetivo es dotar de un marco de tramitación preferente y de agilización y simplificación administrativa, a los proyectos considerados prioritarios además de fomentar e incentivar las iniciativas empresariales que atraigan inversiones en sectores económicos considerados estratégicos para Castilla-La Mancha. En particular como forma de afrontar la crisis económica derivada de la pandemia.

Para conseguirlo se crea la Unidad de Acompañamiento Empresarial, a la que se encomiendan las funciones de apoyo e impulso de los proyectos que pretendan su declaración como prioritarios, así como la coordinación, seguimiento e impulso de los proyectos que hayan obtenido esa declaración.

La ley prevé también otros efectos de los que se beneficiarán los proyectos prioritarios como la incentivación económica y financiera y en materia de ordenación territorial y urbanística .No obstante, y en este último aspecto, la norma establece una clasificación del territorio en función de la regulación ambiental o valor de los recursos para que los promotores puedan conocer los condicionantes ambientales de un territorio. Y un apunte más, también pueden recogerse excepciones en el caso de que el proyecto quiera instalarse en suelo rústico.

Además, la ley incluye medidas extraordinarias temporales que afectan a las Sociedades Cooperativas de Castilla-La Mancha 

Bonificación fiscal a locales de juego y a la actividad taurina

Otros de los aspectos de esta ley es que introducen una bonificación de la tasa fiscal para los locales de juego “para paliar las pérdidas económicas derivadas de la activación del estado de alarma. Esta bonificación equivaldrá al número de días en los que, como consecuencia de la suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos no ha sido posible su explotación.

Además, se concede una bonificación temporal de un año del 100 % en la tasa de espectáculos taurinos.

En las disposiciones adicionales, se introduce, modificando varias normas la obligación de contratar seguros de responsabilidad civil por parte de las empresas de intermediación turística para atender daños producidos a sus clientes como consecuencia de la prestación de alguno de sus servicios o la obligación de contratar seguro de responsabilidad civil, de asistencia y accidente a las empresas de ecoturismo y la figura del Municipio Turístico.

 Por otro lado hay modificación en la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha para poder hacer una sustitución de la función interventora, de forma más específica y que pueda adaptarse a situaciones como la vivida durante la pandemia así como cambios, por el mismo motivo, de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres de Castilla-La Mancha y de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

14 sectores considerados estratégicos

La norma especifica que se considera a un total de 14 sectores como estratégicos para la región y por lo tanto susceptibles de que los proyectos a ellos vinculados puedan ser declarados como prioritarios.

El listado de estos sectores cuenta con el sector agrícola, ganadero y forestal, el sector de la energía, de la economía circular, el sector agroalimentario, el aeronáutico y el de la industria, en general. Además, se consideran estratégicos, el sector de la logística y los transportes, el de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación, el de la atención a la dependencia, los sectores relacionados con la prestación de servicios públicos en régimen de concesión o de autorización administrativa, el sector del turismo y la hostelería, el de las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, el sector de la investigación, el desarrollo y la innovación y el sector de la artesanía.

La ley dice que “para que un proyecto sea declarado como prioritario, deberá aportar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha un valor añadido a su desarrollo por su especial relevancia para su impulso económico, social, y territorial, y además resultar ambientalmente sostenible”. Para conseguirlo también se establecen determinados umbrales en cuanto a empleo o inversión. Por ejemplo, para municipios con más de 30.000 habitantes se debe crear un mínimo de 30 empleos y realizar una inversión de la menos 10 millones de euros. En el lado opuesto en cuanto a volumen, para los de menos de 5.000 habitantes se deben crear al menos cinco empleos y realizar una inversión mínima de un millón de euros.

Los límites ambientales a la instalación de proyectos

La ley no pone límites en cuanto a las zonas “aptas” para la instalación de proyectos empresariales aunque sí especifica que en ciertos lugares, como por ejemplo en la Red Natura 2000, en zonas de presencia estable y reproductora del lince ibérico no declaradas Áreas Críticas e incluso en espacios naturales protegidos la única barrera será la ambiental aunque no hay una prohibición expresa para su instalación. Los promotores tendrán información en un  visor cartográfico para conocer la viabilidad ambiental del proyecto en la ubicación prevista “sin perjuicio de su posterior sometimiento a los procedimientos de evaluación ambiental”.

La norma también modifica el Decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) de forma que se permitirá a los promotores de los Programas de Actuación Urbanística (PAU) revertir la calificación de los suelos de urbanos a rústicos en aquellos casos en los que el PAU en cuestión esté paralizado (eso es algo que ocurrió especialmente con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria), incluyendo casos en los que tengan que demolerse obras de urbanización.

“Los terrenos clasificados como urbanizables que, a la fecha de entrada en vigor de esta ley se encuentren sin programar, pese a haber transcurrido los plazos legalmente establecidos para ello, podrán ser objeto de desclasificación a suelo rústico”, apunta la nueva redacción de la norma, algo que tendrá un efecto inmediato en cuanto al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).