La Ley de Infancia quiere priorizar las casas de acogida para dar más estabilidad a los menores

La nueva Ley de Infancia da un paso más para su aprobación definitiva, al recibir la luz verde en Consejo de Gobierno. La idea de esta nueva normativa es “blindar los derechos de la infancia y de todos los adolescentes”, señaló la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, que ha resaltado que se “adapta” a una nueva realidad en la región para garantizar la protección de la infancia. Los pilares fundamentales de la normativa son: prevenir, proteger, interceder y acompañar.

Además, quiere ofrecer un papel “fundamental” a las familias, así como su apoyo a los grupos familiares más vulnerables de la región. De este modo, ofrecerá también prioridad al modelo de familia de acogida, en el caso de menores que deban ser derivados, frente a los hogares de menores. Se trata de un modelo, destacó la consejera, que da “más estabilidad” a los niños y niñas.

La ley se adpata también a la regulación nacional en materia de protección de infancia, reforzando los modelos de intervenció nque se centran en la persona. Además, quiere reconocer la importancia de la participación infantil en las decisiones políticas, así como “blindar el derecho a una infancia saludable”. Para reforzar estas ideas, se ha programado una jornada en Guadalajara para dar a conocer la ley a los menores, en el espacio Tyce, junto a actividades lúdicas que se celebrará en el Espacio Tyce el próximo 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia.

Entre otras novedades, destaca la figura de la adopción abierta, que da la posibilidad de mantener contacto con la familia biológica, especialmente cuando hay hermanos, y siempre que no perjudique la estabilidad emocional del menor.

Asimismo, se hace especial hincapié en el impulso a la transición a la vida independiente de los jóvenes al cumplir la mayoría de edad, fundamentalmente de aquellos que han sido tutelados por la Administración, han cumplido medidas judiciales o se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo social.

También se recoge la adecuación de la norma regional a la estatal acerca de los centros de protección específicos de personas menores de edad que requieren de atención especializada y que se conciben como “última opción cuando la atención en recursos ordinarios con los apoyos existentes se haya revelado insuficiente y contraria al interés del menor”.