Dinero público para rehabilitar, gestión privada para cobrar entrada

Castilla-La Mancha no se entiende sin el perfil de sus torres mudéjares, la sobriedad de sus conventos o la majestuosidad de sus catedrales. Somos una tierra labrada en piedra y sacristía. Sin embargo, tras los muros de este inmenso patrimonio histórico se esconde una paradoja financiera y jurídica que merece una revisión: el modelo de gestión de los bienes de la Iglesia Católica.

El origen del problema es conocido. Se apoya en un marco legal singular que, aunque tiene antecedentes anteriores, se consolidó en plena etapa democrática. Fue bajo la presidencia de José María Aznar cuando se produjo el punto más controvertido: la reforma del Reglamento Hipotecario de 1998 (Real Decreto 1867/1998), que permitió inscribir templos destinados al culto.

A partir de ahí, la Iglesia pudo utilizar las llamadas certificaciones eclesiásticas, un mecanismo que permitía a los obispos inscribir bienes a nombre de la Iglesia o de la diócesis correspondiente sin necesidad de aportar un título de propiedad tradicional, bastando la acreditación de su posesión histórica. Según el informe de la Vicepresidencia del Gobierno sobre Bienes Inmatriculados (2021), este procedimiento facilitó la inscripción de miles de inmuebles en toda España.

El “negocio” de la conservación compartida

Resulta difícil explicar al contribuyente por qué el esfuerzo colectivo debe sostener una propiedad privada que, en muchos casos, funciona con acceso limitado o condicionado. En Castilla-La Mancha no es raro que la restauración de cubiertas, retablos o fachadas se financie con fondos públicos —procedentes de la Junta, diputaciones o incluso ayuntamientos—.

Ejemplos concretos no faltan. En Toledo, la Catedral Primada—uno de los grandes iconos del patrimonio español— tiene acceso turístico de pago, mientras que el acceso gratuito queda limitado principalmente a los horarios de culto. Algo similar ocurre en la Iglesia de Santo Tomé, donde la visita para contemplar El entierro del Señor de Orgaz implica también el pago de una entrada. Son espacios de enorme valor histórico y artístico cuya conservación ha contado, directa o indirectamente, con el apoyo de recursos públicos, pero cuyo disfrute turístico se articula a través de un sistema de acceso de pago.

Este modelo, que se repite con matices en otros templos y monasterios de la región, refleja con claridad la paradoja: bienes de altísimo interés cultural, sostenidos en parte por el esfuerzo colectivo, pero gestionados bajo un régimen de acceso que no siempre responde a ese carácter público del patrimonio.

A ello se suma el volumen de inversión pública destinada a la conservación del patrimonio histórico. Solo a través del programa estatal del 1,5% Cultural, el Estado ha invertido en las últimas décadas en torno a 126 millones de euros en actuaciones sobre patrimonio de carácter religioso, según datos facilitados por el propio Gobierno en sede parlamentaria. Y ello sin contar las aportaciones de comunidades autónomas, diputaciones o ayuntamientos, que elevan aún más la implicación del dinero público en su conservación. Y, sin embargo, ese mismo esfuerzo público no siempre se traduce en un acceso proporcional ni en un retorno claro para la ciudadanía.

Esta realidad configura lo que podría denominarse un “triple beneficio” difícil de justificar:

¿Patrimonio de la Iglesia o patrimonio de todos?

No se trata de cuestionar la labor pastoral ni el papel histórico de la institución, sino de plantear una cuestión de coherencia. Si un bien es declarado de Interés Cultural (BIC) y su conservación depende en gran medida del erario público, su gestión no debería quedar exclusivamente sujeta a criterios internos.

¿Es razonable que un ciudadano de Ciudad Real o de Cuenca contribuya con sus impuestos a la rehabilitación de un templo y, posteriormente, tenga que pagar por acceder a él? En un sistema más equilibrado, la financiación pública debería implicar mayor transparencia en los ingresos derivados del turismo y un acceso gratuito más amplio y garantizado.

Una cuestión de justicia regional

Castilla-La Mancha posee un enorme potencial turístico ligado a su patrimonio histórico. Pero ese potencial no puede convertirse en un cheque en blanco. Es necesario abrir un debate sereno sobre un nuevo pacto patrimonial en el que la titularidad lleve asociada una responsabilidad social más clara.

Si el mantenimiento lo sufragamos entre todos, el acceso y los beneficios también deberían revertir en la sociedad. Porque la fe pertenece al ámbito personal; pero el patrimonio, cuando se sostiene con dinero público, deja de ser solo de quien lo posee para convertirse, en parte, en algo que nos pertenece a todos.