La España Vaciada como metáfora

La metáfora de la “España Vaciada” no agrada a los presidentes de Comunidades Autónomas con pueblos en peligro de extinción. Mucho menos les complace, que una Plataforma ciudadana organice una revuelta y reclame los derechos de las personas que viven en las zonas deshabitadas. Como suele ser habitual, quienes detentan el poder no quieren ruidos, prefieren la resignación ciudadana y el silencio, mientras elaboran, desde sus despachos, estrategias regionales frente al reto demográfico. Quizá por este motivo, cuando diseñan sus medidas lo hacen sin contar para nada con la participación de la España Vaciada.  

Tampoco gusta la metáfora -y con razón- a los investigadores, porque al ser demasiado genérica, encubre las diferencias regionales, prescindiendo de la historia y de la geografía. Cuestionan los académicos el “vaciada”, señalando que no ha habido ninguna mano negra, ninguna conspiración, sino que se trata de un proceso natural de salida de los pueblos, vinculado a la modernización de la economía española y a las mayores oportunidades de las ciudades. Explicar la salida que dio lugar a la despoblación como un proceso natural -como si fuera un huracán-, no parece que sea lo más correcto. Sobre todo, considerando que, en el proceso de modernización de la economía española, fue clave el papel del Estado y de los actores importantes del mercado, dando oportunidades a las ciudades y no prestando demasiada atención al medio rural.  

En cualquier caso, parece evidente que, aunque la metáfora de España Vaciada no agrade al poder ni a la ciencia, constituye políticamente un acierto, porque es provocadora y moviliza. Es posible que la expresión sea inexacta y apenas muestre lo que se ve; pero en ella está, temblando, lo que no se ve ni se quiere escuchar. Está la voz de quienes, hartos del abandono, han decidido que es hora ya de hacer las oportunas reivindicaciones a quienes detentan el poder de nuestro Estado social, democrático y de Derecho.  

La revuelta de la “España Vaciada” propone un Pacto de Estado, fundado en los valores de justicia, libertad e igualdad, proclamados por la Constitución. Entre las 101 medidas incluidas en el Pacto de estado se encuentra destinar el 1% PIB contra la despoblación; declarar estratégico el sector agroalimentario y forestal; aprobar una discriminación positiva en los impuestos, para favorecer a residentes y el desarrollo empresarial en los territorios; recuperar el tren, como elemento vertebrador del territorio; que todas las zonas rurales dispongan de buena conexión a Internet y que tengan garantizado el acceso a servicios “sanitarios, educativos, sociales, culturales, de ocio y de seguridad ciudadana” en un desplazamiento que conlleve como mucho 30 minutos; planes de retorno para jóvenes (menores de 36 años); un parque público de viviendas de alquiler; dar una perspectiva de género en todas las políticas; promover instalaciones comunitarias de energías renovables que generen empleo, respeten el paisaje, favorezcan el autoabastecimiento de núcleo rurales, y lleguen a disponer de una cosecha energética.  

Son propuestas que persiguen acabar con las deficientes condiciones de vida existente en los 3.403 municipios de España en riesgo de desaparición. Unas condiciones tan lamentables, que impiden a las personas tener el derecho fundamental a elegir libremente su residencia. Después de más de cuarenta años de Constitución, ha llegado la hora de que las personas de la España deshabitada tengan el derecho a elegir su permanencia -quedarse en su pueblo- y no se las esté forzando, contra su voluntad, a irse a vivir a otro lugar.  

En última instancia, lo que la “España Vaciada” está reclamando es que en las zonas despobladas también se respeten, protejan y promuevan los derechos fundamentales. Considerando que nuestro estado social y democrático de derecho se fundamenta en la dignidad de la persona y los derechos fundamentales, la plataforma ciudadana presiona a los poderes públicos para que promuevan las condiciones adecuadas, a fin de que la libertad y la igualdad de todas las personas y grupos sean reales y efectivas. Asimismo, persigue que los poderes públicos, de acuerdo con la Constitución, se encarguen de remover los obstáculos que impiden a la ciudadanía de las zonas deshabitadas, la participación en la vida política, económica cultural y social. 

Para dar más consistencia a sus propuestas, la plataforma hace alusión a la obligación que tenemos, por los Tratados de la Unión Europea, para la adopción de medidas que aumenten la solidaridad, promuevan la cohesión, el desarrollo sostenible y a reduzcan las diferencias entre regiones. Motivos todos ellos que dieron lugar, a que la Unión Europea creara los fondos europeos de desarrollo regional (FEDER), cuyo propósito es corregir los desequilibrios territoriales.  

Para adoptar las medidas contenidas en el Pacto de Estado, el momento es propicio. En primer lugar, porque la pandemia de la Covid-19 ha puesto de relieve la importancia del Estado, de los servicios públicos y del valor que para la economía tienen los cuidados, el sector agroalimentario, forestal, ganadero y la importancia del desarrollo sostenible. Además, porque la pandemia nos ha obligado a revisar el sistema productivo, ha impulsado la expansión de las tecnologías de la comunicación, el teletrabajo y ha hecho más atractiva y saludable la vida en municipios rurales.  

Solo nos queda esperar lo inesperado. Confiemos en que los poderes públicos abandonen su tendencia natural de no prestar atención a la ciudadanía y, cambiando de marcha, se decidan a apoyar el afán de participación ciudadana de la España Vaciada, cuya pretensión es impedir que los pueblos se conviertan en cementerios sin flores y con ruinas.