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Vivienda, aborto libre y un mínimo de 55 escaños, propuesta de Podemos e IU al PSOE para un nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha

Fachada del Congreso de los Diputados en una imagen de archivo.

Carmen Bachiller

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Podemos e Izquierda Unida han hecho publico un acuerdo entre ambas formaciones de cara a ofrecer al PSOE regional una nueva propuesta para reformar el Estatuto de Autonomía por la vía de las enmiendas parciales en el texto que actualmente está pendiente de tramitación en el Congreso de los Diputados.

Lo hacen una vez que se han celebrado las elecciones andaluzas porque, tal y como dijeron los socialistas hace unas semanas, se esperaría al término de estos comicios para tomar una decisión sobre si retirar o no la propuesta ante el bloqueo por parte del PP. El propio presidente del Parlamento regional Pablo Bellido dijo en abril que el Estatuto estaba “en muerte clínica”.

Ahora se trataría precisamente de intentar sortear ese bloqueo - aunque solo con sus votos no sería suficiente- tras la espantada del PP que había llegado a un pacto con el PSOE para propiciar la reforma y sin embargo lo rompió dando marcha atrás a la parte que tiene que ver con el número de diputados que han de tener las Cortes de Castilla-La Mancha. Fue en febrero. El PP lo hizo en mitad de procesos electorales -y conformación de gobiernos con Vox- en varias autonomías y los socialistas lo interpretaron como una forma de plegarse al partido ultra.

Tras aquello, partidos políticos como Movimiento Sumar, Podemos e IU salieron a la palestra ofreciendo al PSOE pactar un texto alternativo que permitiese sacar el nuevo Estatuto de Autonomía adelante. Solo es necesario que pase el filtro del Congreso, antes de regresar a las Cortes regionales, donde la mayoría absoluta del PSOE permitiría su aprobación.

Ahora IU y Podemos han presentado de forma conjunta un nuevo texto al PSOE. IU ya avanzó en marzo los detalles que ahora han sido matizados (entonces se hablaba de 65 diputados como máximo) tras acordarlo con la formación morada.

Se incluye un un total de cuatro enmiendas sobre vivienda, derechos LGTBIQA+, la idea de blindar derecho al aborto y una horquilla para las Cortes de Castilla-La Mancha de entre 55 y 75 diputados.

Invertir un 2% del presupuesto regional en vivienda pública

Según el acuerdo, se busca por un lado promover políticas públicas destinadas a evitar la especulación inmobiliaria, asegurar el acceso asequible al alquiler y favorecer el desarrollo de un parque público de vivienda, con una inversión en cada ejercicio presupuestario de al menos el 2% del presupuesto autonómico y con capacidad de atender las diferentes necesidades ante las dinámicas de crecimiento o de pérdida de población.

La enmienda número dos, sobre derechos de las personas LGTBIQA+, plantea incorporar al Estatuto que el colectivo vea reconocido el derecho a la dignidad, libertad y autonomía, incluida la autonomía corporal, que incluye el derecho de cada persona a la autodeterminación en relación con su cuerpo, sexo, género, prácticas u orientación sexual y a ser tratada con respeto a la misma.

Según la tercera enmienda, se plantea que el Estatuto, en el marco de los derechos fundamentales, establezca la obligación institucional de “garantizar los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. Así pues, los poderes públicos garantizarán el ejercicio a una interrupción voluntaria del embarazo “que sea libre, segura, informada, plena y universal en los centros sanitarios públicos de Castilla-La Mancha, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos humanos de la dignidad, la integridad y la autonomía corporal”.

El tamaño del Parlamento regional: entre 55 y 75 diputados

Por último, proponen la modificación del número de representantes en las Cortes de Castilla-La Mancha, con una horquilla de entre 55 y 75 diputados.

En su exposición de motivos, explican ambos partidos que Castilla-La Mancha “se encuentra ante una oportunidad histórica para actualizar su marco estatutario y adaptarlo a las necesidades sociales, económicas y democráticas del siglo XXI” y añaden que tras meses de bloqueo ahora “resulta imprescindible avanzar hacia un nuevo consenso que sitúe en el centro los derechos de la ciudadanía, el fortalecimiento de los servicios públicos y la profundización democrática”.

Esta propuesta conjunta se presenta “como alternativa constructiva que permita desbloquear la situación actual”, y todo ello “incorporando avances en derechos sociales, civiles y políticos, así como mejoras en la representación democrática de las instituciones autonómicas”.

“Una propuesta que nace de fuerzas políticas radicadas en Castilla-La Mancha y pensadas para el bienestar de la ciudadanía a la que representamos en más de un centenar de municipios de nuestra región”, aseguran Podemos e Izquierda Unida.

Una propuesta que nace de fuerzas políticas radicadas en Castilla-La Mancha y pensadas para el bienestar de la ciudadanía a la que representamos en más de un centenar de municipios de nuestra región"

Como “principios rectores” de estas propuestas, apuntan a su interés en una “centralidad de los derechos sociales como base del bienestar y la cohesión territorial”; así como la “garantía de derechos fundamentales y libertades individuales, con especial atención a la diversidad”.

Pretenden igualmente “fortalecer los servicios públicos como pilares del Estado del bienestar”; el equilibrio territorial y lucha contra la despoblación; y la regeneración democrática y mejora de la representación institucional.

Una reforma en tiempo de descuento: la legislatura termina en un año

Ahora, aceptar la propuesta queda en manos del PSOE, aunque el presidente regional Emiliano García-Page siempre ha mantenido su intención de buscar el “consenso” con quien representa la mayoría de la oposición en el Parlamento, el Partido Popular, alejándose así de la postura de Dolores de Cospedal durante su etapa al frente de la Junta de Castilla-La Mancha que sacó adelante una reforma en lo que afecta a la ley electoral y el número de diputados sin consenso parlamentario.

Desde hace meses sobrevuela la idea de una retirada del texto para reformar el Estatuto de Autonomía. El pasado mes de abril, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha Pablo Bellido rechazó la idea de aprobar un texto “impuesto, cercenado y manipulado”.

Por otro lado, la legislatura se encuentra ya en tiempo de descuento. Queda un año para las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha, casi lo mismo que resta para las elecciones generales (si no hay adelanto electoral) que disolverían el Congreso de los Diputados y la posibilidad de aprobar la reforma estatutaria.

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