La Guardia Civil investiga una trama que falsificaba certificados sanitarios de piezas cazadas en tres provincias

Varios componentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Ciudad Real, dentro de la denominada operación 'QUACKERS' han investigado a tres personas vinculadas a una trama en la que usurpaban la identidad de una persona para falsificar los certificados sanitarios para el transporte de piezas de caza.

Estos ejemplares eran abatidos en cacerías en las provincias de Ciudad Real, Albacete y Cáceres y los desplazaban hasta una sala de despiece, tratamiento y comercialización de carnes de caza ubicada en la provincia de Jaén, donde realizaban su elaboración y posterior venta al consumidor.

Precisamente, la provincia de Ciudad Real ya fue objetivo de polémica hace unas semanas por una investigación del SEPRONA sobre una montería en la que se abatieron cientos de ciervos y gamos, muy por encima de los cupos legales.

En esta operación, tras interponer denuncia la víctima en el mes de marzo del año en curso, por la suplantación de identidad de su persona, se inició una investigación para esclarecer un supuesto delito de usurpación de estado civil y falsificación documental.

Estas irregularidades servían para amparar el registro sanitario y el transporte de piezas de caza menor desde diversas fincas de las provincias reseñadas hasta la sala de tratamiento.

Durante la investigación se recogió diversa documentación en la sala de tratamiento, al objeto de poder comprobar la veracidad de lo denunciado por la víctima. Se comprobó que los investigados usurpaban la identidad de la víctima la cual poseía la formación adecuada para dar legalidad al transporte de las piezas de caza abatidas, certificando la seguridad alimentaria de las mismas.

Las declaraciones de los testigos evidenciaron que no se trataba de hechos aislados, sino de una práctica habitual en estas instalaciones.

Objetivo: obtener “blindaje legal”

El objetivo era obtener un “blindaje legal” para la primera inspección sanitaria y el transporte de las piezas de caza menor hacia el recinto, donde posteriormente eran procesadas y puestas a la venta al consumidor.

Con todo esto, no solo se incurría en delitos de usurpación de estado civil y falsificación documental, sino que se comprometía la seguridad alimentaria de la carne destinada al consumo humano, al impedir la detección de patologías antes de su comercialización, esta práctica supone un riesgo para la salud pública.

Durante el mes de abril y una vez que se tuvieron todas las pruebas suficientes se procedió a la investigación de tres personas como presuntos autores por la comisión de delitos continuados de falsificación documental y usurpación de identidad.

Las Diligencias Policiales instruidas al efecto han sido entregadas en los Tribunales de Instancia de La Carolina (Jaén).