Ratifican la condena por prevaricación a la alcaldesa socialista de Villarrubia de Santiago, que recurrirá al Supremo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha desestimado el recurso de la alcaldesa de Villarrubia de Santiago, la socialista María Concepción Monzón, a la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo. Con ello, ratifica su condena a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un delito de prevaricación administrativa tras retirar la licencia a un vendedor ambulante del mercadillo municipal.

Según el fallo, el Alto Tribunal castellanomanchego rechaza la primera de las alegaciones de presentadas por Monzón en su recurso en la que afirma que en el fallo de la Audiencia Provincial de Toledo que la condena existe un “déficit de motivación”, para señalar que “no asiste la razón a la recurrente”. “Podrá disentir del razonamiento, pero en modo alguno existe el déficit de motivación que denuncia”, añade.

Respecto a que la alcaldesa alegue en su recurso que la licencia había expirado el 11 de enero de 2021, por lo que el 8 de marzo de 2021 el vendedor no era titular de ninguna licencia y que ello “condiciona el punto de partida para la aplicación del artículo 404 del Código Penal (que regula el delito de prevaricación administrativa), así como la sanción impuesta”, el TSJCM concluye que se trató de una decisión “administrativa arbitraria”.

Del mismo modo, el tercer motivo que alega la alcaldea se basaba en la infracción de normas del Ordenamiento Jurídico en la medida en que defiende la existencia de la “indebida aplicación” del artículo 404 del Código Penal. Ante ello, el TSJCM apunta que, en el presente caso, se desprende del relato fáctico “con claridad” la “consciente injusticia” de la “arbitraria actuación” de la alcaldesa de Villarrubia de Santiago, “por lo que procedería la desestimación del motivo”.

Por todo ello, el Ato Tribunal castellanomanchego afirma que la decisión alcanzada por la Audiencia Provincial de Toledo es “coherente y razonable”, así como “conforme a las máximas de experiencia y reglas de la lógica”, por lo que este último motivo que alega la demandnate “se desestima”.

En todo momento he actuado desde la convicción de defender los intereses de los vecinos y vecinas

La alcaldesa ha mostrado su respeto por la resolución del TSJCM, pero ha anunciado que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo, “en ejercicio de los derechos que reconoce nuestro ordenamiento jurídico”.

“En todo momento he actuado desde la convicción de defender los intereses de los vecinos y vecinas de Villarrubia de Santiago, velando por el interés general del municipio”, apunta la regidora, que añade que durante todo este proceso ha mantenido “una actitud de plena colaboración” con la Administración de Justicia y que seguirá actuando con el mismo respeto institucional en las sucesivas fases del procedimiento.

No obstante, el coordinador general de Partido Popular de Toledo, José Manuel Velasco, ha exigido al PSOE que actúe con “responsabilidad y coherencia” y “obligue” a dimitir de “inmediato” a la alcaldesa. “El tribunal es contundente al señalar que la actuación de Monzón no fue un simple error administrativo ni una interpretación jurídica discutible, sino una decisión administrativa arbitraria, adoptada tras un enfrentamiento personal y completamente al margen de la legalidad”, ha argumentado.

Velasco ha explicado que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General regula, en su artículo 6, que no pueden seguir en sus cargos los condenados por sentencia, aunque no sea firme, contra la Administración Pública, cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal.

Así, para el coordinador provincial del PP, la situación en el municipio de Villarrubia de Santiago es “insostenible”. De hecho, ha advertido de que el PP estudiará todas la acciones jurídicas oportunas ante una alcaldesa “enrocada” en el cargo “en coincidencia con la actual política socialista en el Gobierno de España de mantenerse en los puestos aunque se demuestren graves ilegalidades”.

“El PSOE debe decidir si está del lado de la legalidad y la ética pública o si, una vez más, prefiere proteger a sus cargos condenados, confirmando que ya no tiene otra bandera que la de los casos judiciales y la corrupción”, ha concluido el coordinador general del Partido Popular de Toledo.