El PSOE demandará al Ayuntamiento de Castellar de la Muela por presunto fraude electoral

El PSOE de Guadalajara presentará una demanda penal contra el Ayuntamiento de Castellar de la Muela, localidad situada en la comarca guadalajareña de Molina de Aragón, por un presunto delito de fraude electoral que este Consistorio –en manos del PP-, habría cometido en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo.

La denuncia viene motivada, en primer lugar, por el voto que ejercieron cuatro personas, censadas en este pequeño municipio pocos meses antes de los comicios. Se trata de un grupo de ciudadanos extranjeros que no residen en el pueblo desde hace dos años, cuando regresaron a su país de origen, Rumanía, donde se encuentran radicados en la actualidad.

Sin embargo, el hecho de que hayan permanecido desde entonces inscritos en el censo y de que el Ayuntamiento les empadronara de nuevo les permitió participar en las pasadas elecciones. Desde el PSOE provincial sospechan, en cambio, que estos empadronamientos son “irregulares” porque estos vecinos figuran como censados en la calle Extramuros 3, precisamente, lugar en el que se ubica la ermita de la Virgen de la Soledad. Se trata de un edificio catalogado como público en el que, según la normativa que regula el empadronamiento, nadie puede ser censado.

Así consta en la propaganda electoral que los partidos enviaron a los electores, aunque es un dato que los candidatos del PSOE no han podido comprobar porque, según afirman, la secretaria municipal les negó en varias ocasiones la consulta del padrón municipal durante los meses previos a las elecciones.

Esta es la razón por la que esta formación impugnó estos votos al término de los comicios ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) con el objetivo de que decidiera si eran o no legales. Finalmente, tras días de deliberaciones en los que los miembros de este órgano revisaron todas las mesas electorales de la comarca, la JEZ determinó que los cuatro sufragios bajo sospecha en Castellar eran válidos. Estos votantes figuraban en el padrón del municipio y, por tanto, tenían derecho a voto.

Tal como explican las mismas fuentes a eldiarioclm.es, estos cuatro ciudadanos viajaron expresamente hasta la localidad molinesa para votar el pasado 26-M y lo hicieron con un billete abonado supuestamente por la candidatura del PP. Y es que la orientación de su voto resultó determinante para decantar el resultado a favor del PP por 16 papeletas frente a las 13 obtenidas por el PSOE. Por todo ello, los socialistas recurrieron ante la Junta Electoral. La anulación de estos votos habría supuesto un cambio en la Alcaldía de Castellar de la Muela con la victoria del Partido Socialista por 13 a 12 sufragios.

Ahora, el fallo de la Junta Electoral deja abierta la vía penal que será la encargada de juzgar y dilucidar si el alcalde de este municipio incurrió con su actitud en el delito que presuntamente se le atribuye en la demanda que el PSOE de Guadalajara presentará durante la próxima semana ante el juzgado.

Negativa a empadronar

La polémica que se ha suscitado en Castellar hunde su origen a finales de 2018. Entonces, 12 personas vinculadas a esta localidad solicitaron empadronarse en el municipio para poder votar de cara a las elecciones municipales. Para ello aportaron la documentación requerida al ayuntamiento dentro del plazo fijado por la Oficina del Censo, antes del 1 de febrero. Sin embargo, según relatan varios de ellos, se encontraron con la negativa continuada del Consistorio a empadronarlos durante más de dos meses hasta que al final fueron dados de alta con fecha de 26 de febrero, es decir, fuera del plazo para tener derecho a voto.

Dicha actitud les llevó a demandar a la mencionada oficina por la vía contencioso-administrativa con el fin de defender su derecho al voto como “vecinos de hecho” del municipio. No obstante, tan solo los afectados que pudieron costearse la demanda (4 de los 12) pudieron votar en las elecciones, después de que el juzgado les diera la razón. Entre los perjudicados se encuentra uno de los dos candidatos que encabezaron la lista municipal del PSOE. Así lo recogen cada una de las cuatro sentencias dictadas por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº1 de Guadalajara. En una de ellas, publicada el 7 de mayo y que falla a favor del recurrente D.U.T., alude de este modo a los hechos que se juzgaron para justificar la validez del empadronamiento:

“Resulta diáfano que, presentada el 4 de diciembre de 2018 por don D.U.T. solicitud de inscripción en el Padrón de Habitantes de Castellar de la Muela, emitido informe el 8 de enero de 2019 de comprobación de los datos aportados por el solicitante, debió el Alcalde de Castellar de la Muela proceder presuroso a la inscripción en el Padrón de habitantes de Castellar del Municipio del Sr. U.T. inmediatamente después de la emisión del informe de comprobación de 8 de enero y en todo caso, sabida de la inminencia de las elecciones municipales con la antelación suficiente para que el solicitante pudiera ejercer su derecho legal a ser elector en los comicios locales a celebrar el 26 de mayo, lo que quedó impedido por la tardía e injustificadamente suscripción por el Alcalde de Castellar de la Muela, más de mes y medio después de la correspondiente resolución el 26 de febrero de 2019, con llamativa extensión manuscrita de los guarismos relativos a tal data pronunciados por el primer edil”.

Además, el fallo deja entrever una hipotética responsabilidad penal y abre la puerta a esta vía: “Sin perjuicio de la responsabilidad que en materia electoral u de otra índole diversa hubiera podido incurrir el Alcalde, a ser exigida -de proceder- en otra sede distinta de la del procedimiento judicial que nos ocupa”.

Desde el PSOE de Guadalajara y su candidatura en Castellar consideran “indignante que en los tiempos que corren una institución pueda manejar así el padrón en favor de unos intereses particulares”. Asimismo, aseguran a este digital que “queda probado que el alcalde negó el censo a personas que pidieron empadronarse en tiempo y forma, y que manipuló arbitrariamente los tiempos para evitar que entraran en el censo”.

Esta circunstancia, unida al supuesto empadronamiento irregular de otras cuatro personas, ha conducido a la formación socialista a demandar al Ayuntamiento ante “la gravedad de los hechos”. Este medio se ha puesto en contacto con el alcalde de la localidad, Pedro Laparra, quien ha declinado hacer declaraciones sobre el fondo de la cuestión. Se limita a asegurar “no entender nada de este asunto”. Y agrega: “Todo es un complot organizado contra mí”.

El plazo para resolver la demanda penal contra el primer edil de Castellar se extenderá previsiblemente durante más de un año y, en caso de probarse el delito del que se le acusa, podría acarrear algunas consecuencias penales como la inhabilitación de cargo público, multa e incluso pena de prisión.