Investigan posibles prácticas concertadas entre empresas en el reparto de contratos del transporte escolar de Castilla-La Mancha

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles acuerdos o bien prácticas concertadas para el reparto en licitaciones del servicio de transporte público de viajeros por carretera, especialmente en el ámbito del transporte escolar en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Entre los días 6 y 8 de octubre, la CNMC inspeccionó las sedes de varias entidades operativas y no descarta la apertura de un expediente sancionador. De momento, señala el organismo regulador no se prejuzga el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas afectadas.

En los últimos años, la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha sacado a concurso los servicio de transporte escolar en las distintas provincias hasta el curso de 2026-2027.

La CNMC recuerda que los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la normativa de competencia (LDC), que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas.

La investigación de los cárteles, abunda, constituye una de las prioridades de actuación “por la gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el funcionamiento de los mercados”.

Competencia recuerda que cuenta con el programa de clemencia, que permite a las empresas y asociaciones que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten pruebas que ayuden a detectarlo. También permite a las empresas, que aporten información con un valor añadido significativo una vez iniciada la investigación, beneficiarse de una reducción de la multa.

Educación detectó ausencia de ofertas en el concurso destinado a las empresas

Sobre este caso, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, a preguntas de elDiario.es Castilla-La Mancha, recuerda que “en los contratos sujetos a regulación armonizada”, como es el caso de los de transportes, si se aprecian indicios de conductas colusorias, “debe suspender la tramitación del procedimiento y dar traslado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”. Se actúa así desde el órgano de contratación de la Consejería, cumpliendo lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

“Estos indicios resultan de la ausencia de ofertas en el concurso que se estaba tramitando, de 84 rutas de transporte para vehículos de más de 10 plazas”, explica para detallar que de las 84 rutas, 54 quedaban desiertas; y en las 30 restantes “se observaba muy poca concurrencia, habiendo tan solo una oferta en 18 de ellas”.

Además, explica que dicha práctica, con menor porcentaje incluso, “ya se observó en el concurso del pasado año, donde de 233 rutas, quedaron 55 desiertas”.

Educación asegura que, debido a esta circunstancia, al margen de tramitar el procedimiento que incluye el grueso de las rutas de transporte escolar, “tiene que hacer hasta dos y tres procedimientos de contratación menores, hasta conseguir empresas que realicen el transporte” y que eso supone además incrementar el precio inicialmente previsto.

Este departamento, sostiene que los precios tipo de la licitación “están en línea con el resto de comunidades autónomas”, y que fueron objeto de una importante subida en 2022 con arreglo a un estudio de costes de las rutas basado en el Observatorio de Costes del Transporte de Viajeros en Autocar del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible.

Según el estudio, que se aplicó por primera vez para la licitación del año 2023, los nuevos precios alcanzaron un promedio de incremento del 8% y un margen de beneficio del 31,31% de media, “considerándose suficiente para los cinco años previstos de contratación, así como para fomentar la concurrencia de las empresas y la libre competencia”.