Vox provoca un debate sobre el agua en Castilla-La Mancha sin tener ni un escaño en las Cortes

Vox presentó en el Congreso de los Diputados una Propuesta No de Ley (PNL) a favor del trasvase Tajo-Segura, un “insulto” a Castilla-La Mancha, según el PSOE, que ha llegado este jueves hasta las Cortes regionales. Eso sí, sin que el partido de Abascal tenga un sólo escaño en la Cámara.

El PSOE propuso un debate general, en el que se ha tocado por encima la situación del trasvase, pero con la intención de obligar al PP a dejar clara su posición en relación a este asunto.

Hay que recordar que Pablo Casado anunció a finales del 2019 que promovería movilizaciones en Levante para blindar el trasvase y el presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, ha preferido mantener silencio. También hoy en las Cortes regionales. Mientras, los socialistas le pedían su postura al respecto, el PP ha preferido erigirse como el gran salvador del agua en Castilla-La Mancha.

Ana Guarinos, diputada 'popular' comenzaba su intervención recordando el “pacto de filoterroristas” del Gobierno nacional, y seguía acusando a diversos dirigentes socialistas, entre ellos a Felipe González, de ser protrasvasistas. “¿Quieren responsabilizar a alguien de lo que pasa en Castilla-La Mancha? No miren a nadie, los responsables son el PSOE y todos sus dirigentes”, afirmó. La diputada sostiene que su partido defenderá una posición que blinde a la región “frente a un futuro pacto nacional” del agua.

“El PSOE no ha aportado nunca ni una gota de agua”, recalcaba, frente a los 400 hectómetros de reserva mínima en la cabecera del Tajo “de Rajoy y Cospedal”. Un argumento desgastado y protagonizado por dos figuras desaparecidas de la política. La 'popular' reiteraba que siempre han “defendido el Tajo y limitado los trasvases”, volviendo nuevamente a la “reserva, gracias al PP” de los 400 hectómetros cúbicos.

Mientras, la portavoz socialista, Ana Isabel Abengózar, ha acusado directamente a Guarinos de hacer que “Ortega Smith parezca de Podemos” y ha dicho que entiende por qué fue ella la elegida de defender la postura 'popular' respecto al trasvase. “Cuando se habla en Castilla-La Mancha, nuestra gente nos quiere a todos a una y de eso quiero que hablemos”, señaló la portavoz socialista.

Y es que recordó que el trasvase lleva 40 años “sacrificando” la economía y el desarrollo. Por eso, “es hora de decir basta”. “Necesitamos ir todos a una en defensa de nuestro río”.

“Cada gota de agua que se va, se lleva empleo, el turismo y una oportunidad en esta región”, espetó la portavoz. Además, recordó que se trata de un asunto de interés “nacional”, además de ser un “desprecio” a la tierra que “no se puede consentir”. “Ustedes ya no hablan del Memorándun porque saben el daño que hizo”, recalcó la parlamentaria, que pidió “valentía” a la oposición. Igualmente, que se cumpliese la sentencia del Tribunal Supremo y el cumplimiento de la Directiva del Marco del Agua. “¿Por qué no le piden a Casado que rectifique? Es muy grave”, lamentó.

Por su parte, Ciudadanos ha pedido que sea el “agua lo que nos vertebre” y que los partidos políticos “dejen de atizarse los unos a los otros” con esto. Así lo recalcó el presidente del grupo parlamentario, Alejandro Ruiz, que también ha señalado que el agua “envenenada” del Tajo debe sanearse porque sino “no habrá más debates”. La situación el río es “muy peligrosa” y el Tajo “se muere, si no está muerto ya”, advirtió el parlamentario.

“No podemos seguir tolerando este desprecio a la región”

El consejero de Agua, Francisco Martínez Arroyo, ha coincidido en decir que lo que ocurre con el Tajo es “evidentemente una cuestión nacional” y no sólo algo importante para Castilla-La Mancha. “Nadie contó con los ribereños para cumplir con unas expectativas que no se han visto satisfechas”, ha remarcado haciendo alusión a la construcción del trasvase, 40 años atrás. “No podemos seguir tolerando este desprecio a la región, queremos seguir siendo solidarios pero defender nuestra dignidad”.

Por otra parte, respondía al PP que todos los gobiernos han trasvasado, porque hay leyes y se cumplen. Pero también señalaba que las cosas han cambiado “radicalmente” y que la realidad es “muy tozuda”, por lo que hace falta unanimidad en la voz regional para “resolver los problemas de los ciudadanos”.

“Vamos a conseguir éxitos”, afirmó, también en relación a la Mesa del Agua, cuya convocatoria se fechó para el 31 de enero de este año. En este sentido iba también la resolución del PP, que fue la única votada por unanimidad durante el debate.

En busca de una postura regional común sobre el agua

En las decisiones que deberá tomar la Mesa Regional del Agua en los próximos meses incidirá también el hecho de que la gestión nacional recaiga en uno u otro departamento del Gobierno nacional de coalición PSOE-Podemos.

El Ejecutivo castellanomanchego se ha venido mostrando satisfecho por que hasta ahora haya sido el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera el que marque la pauta, pero lo cierto es que, en las últimas horas, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) viene reclamando que las competencias recaigan en el renombrado Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y si no en el Ministerio de Agricultura que dirige Luis Planas.

Fuentes de Transición Ecológica consultadas por eldiario.es apuntan que este viernes se conocerá el nombre de la persona que se situará al frente de las políticas de agua.

En cualquier caso la configuración definitiva del nuevo Gobierno y su posicionamiento respecto al trasvase Tajo-Segura en particular, será con seguridad uno de los asuntos que centren las reuniones de la Mesa Regional del Agua en Castilla-La Mancha.

Francisco Pérez Torrecilla es alcalde de Sacedón (Guadalajara), uno de los municipios a orillas de la cabecera del Tajo que además participará en la Mesa del Agua en su condición de presidente de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroléctricas y Embalses.

Su opinión sobre la petición de FENACORE es rotunda: “No se puede defender lo indefendible. Me da la sensación de que todas las bazas se han jugado ya y solo queda que alguien en el Gobierno central pueda jugar más a su favor para evitar lo inevitable: el Tajo-Segura y la gestión del agua en general tiene que cambiar, sí o sí”.

No elude la pregunta sobre los trasvases desde la cabecera del Tajo con un destino distinto al de la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía, en este caso, a la cuenca del Guadiana a través de la tubería manchega. “Entra en contradicción con lo que los ribereños y los colectivos de la cuenca del Tajo venimos defendiendo, pero si el agua tiene que generar riqueza, que la genere en la región”.

Dice que esta afirmación puede “generar controversia” pero matiza que “si no se cambia la gestión del trasvase no habrá agua para nada ni para nadie”.

Considera imprescindible que partidos políticos y sociedad civil castellanomanchega “se pongan de acuerdo en contra de lo que ahora se está haciendo porque ahora estamos gestionando miseria para todos” y reclama “simplemente sentido común” en particular al Partido Popular. “Si dejamos a un lado el erre que erre y los argumentarios por parte de todos”, el consenso “es posible”.

“Todos sabemos lo que ha pasado en los últimos 40 años en torno al agua en Castilla-La Mancha. No nos lo restreguemos”, concluye Pérez Torrecilla. “Si el PP se queda al margen, quedará como un colectivo marginal en la defensa del agua y tienen que hacer ver a su partido a nivel nacional que se están equivocando”.

El coordinador de IU Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, formación que participará en la Mesa Regional del Agua para la que ayer mismo recibía invitación formal cree, en declaraciones a eldiarioclm.es, que “será una primera toma de contacto” y no descarta “presiones” y una dura pugna entre los intereses tan diferente que median entre quienes apuestan por “el mercantilismo del agua” y quienes lo hacen por “la sostenibilidad medioambiental”.

De momento no ha trascendido el orden del día pero ya se sabe que el punto de partida será el documento de posición común que se sometió a distintos colectivos afectados en 2018, según apunta el propio Crespo.