Castilla y León cree que perderá con la nueva financiación autonómica

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, se ha mostrado convencido de que la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica en base al criterio de población ajustada remitido por el Gobierno de la nación no es un paso adelante para Castilla y León, a la que ha situado entre las comunidades autónomas que perderán peso relativo y fondos, en detrimento de otros territorios que ganarán recursos.

Esta es la principal conclusión que ha trasladado Fernández Carriedo tras el primer estudio del documento remitido a las 14.30 horas del viernes por el Ministerio de Hacienda y que, a falta de un análisis pormenorizado, le hace concluir que con la propuesta de reforma del modelo pierden peso el envejecimiento, la superficie o la dispersión, además de los fondos globales para los otras competencias que gestionan las comunidades, como las infraestructuras, la política mediambiental o el patrimonio histórico, “tan importantes” para Castilla y León que, según ha reivindicado al respecto, está haciendo un servicio al conjunto de España en su cuidado y mantenimiento.

También ha cuestionado el “planteamiento erróneo” de crear un fondo específico para las comunidades autónomas de menos de dos millones de habitantes, entre las que no se encuentra Castilla y León cuando, según ha asegurado, tiene más problemas de despoblación que otros territorios que sí cumplen ese límite fijado por el Ministerio.

“Es una exclusión a Castilla y León que no se justifica. ¿Por qué dos millones y no tres?, ha reprochado para recordar que la comunidad castellano y leonesa es la que tiene más provincias --nueve-- y, por lo tanto, más presencia en el territorio.

Fernández Carriedo ha señalado “cuatro ámbitos de mejora” de la propuesta ministerial, con una crítica expresa a que pierda peso la población mayor de 65 años en la consideración del gasto de los servicios sociales. “No lo comparto y no lo entiendo”, ha aseverado el consejero, que también ha abogado por mejorar el peso de la superficie y la dispersión, “que tanto tienen que ver con las prestación de los servicios”, ha evidenciado pero que tampoco mejoran en el documento presentado por el Gobierno.

“No está suficiente recogida la mejora de las condiciones vinculadas a la dispersión ni a la superficie”, ha reiterado Fernández Carriedo que ha explicado a modo de ejemplo que en cuestiones como la educación no se puede tener sólo en cuenta el número de alumnos y sí otros criterios del coste de la enseñanza en “tan extensa y dispersa” como la castellano y leonesa.

Finalmente, ha criticado tanto el detrimento de la financiación en el bloque de las otras competencias que gestionan las comunidades autónomas como que el criterio de reparto sea la variable población según padrón de habitantes cuando esas materias, como las carreteras --Castilla y León tiene el 17 por ciento de vías autonómicas--, la superficie forestal o de la Red Natura del país, tienen “muy poco que ver con el volumen de la población”.

“No entiendo que sea el único criterio, ya no el preponderante”, ha exclamado Fernández Carriedo que ha insistido en su apreciación de que el documento del Ministerio se refiere a una “reasignación de bloques” en la que la cantidad sigue sumando cien para aclarar que el incremento para la sanidad “quita” recursos a otras compentencias, como la agricultura, la ganadería, la ordenación del territorio o la política forestal, cuando no ve causa para que se detraigan fondos de “las partidas que tienen más que ver con los aspectos territoriales que defiende Castilla y León”.

“No vemos referencia a los recursos globales del sistema, sólo a cómo repartir los recursos”, ha advertido Fernández Carriedo que ha insistido en que el debate no puede ser sobre un “mero reparto” de fondos en el que unas comunidades pierdan --“perdamos”, ha puntualizado-- y otras ganen sin una reflexión sobre el volumen global de los fondos que sustentan el modelo de financiación tras el “hecho cierto” de que ha aumentado el gasto público de las competencias.

Entre los aspectos positivos, ha reconocido el propio hecho de que se haya comenzado a hablar de la reforma del modelo de financiación autonómica, actualmente insuficiente para cubrir incluso los servicios esenciales de Castilla y León --Sanidad, Educación y Servicios Sociales--. Dicho esto, ha advertido de que la consideración sobre la reforma del modelo no excluye otras cuestiones como la creación de un Fondo COVID para 2022 y un reparto justo y transparente de los fondos vinculados a la UE que deben quedar al margen de la financiación autonómica.

“Nos espera un camino largo”, ha augurado el consejero que ha ofrecido la “mano tendida” de la Junta para hacer un esfuerzo y corregir la premisa inicial avalada por el acuerdo en el ámbito parlamentario y con las comunidades autónomas de intereses comunes sobre la base del reciente acuerdo suscrito en Santiago de Compostela e, incluso, con el Gobierno al que ha pedido una negociación multilateral y en igualdad de condiciones y para lo que la Junta se va a mostrar “muy firme y serena”.

“Se trata de defender a Castilla y León, no los intereses de la Junta de Castilla y León. Financiar los servicios públicos y las competencias autonómicas (...) queremos ser atendidos y ser escuchados”, ha concluido.