Castilla y León reduce su burocracia en 300.000 expedientes para ahorrar 24,6 millones euros

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves unas nuevas directrices de simplificación administrativa y reducción de la burocracia en más de 300.000 expedientes, que beneficiará a más de 250.000 ciudadanos, entidades y empresas, con un ahorro directo para los mismos de más de 24,6 millones.

El Consejo de Gobierno ha acordado esas nuevas directrices, que ha presentado en rueda de prensa posterior el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y que, según ha explicado, elimina burocracia innecesaria, acelera la respuesta de la Administración y libera a familias, autónomos, empresas y administraciones locales de cargas que les restaban tiempo, recursos y oportunidades

Además, se estima que este paquete de medidas conlleve un ahorro de más de 1,3 millones de euros para la propia Administración autonómica, y de más de 66.000 euros para las entidades locales. El acuerdo recoge 54 medidas ejecutivas que involucran a las 10 consejerías de la Junta de Castilla y León, con un coste de implantación de unos 590.000 euros, y que se dividen entre las que requieren la aprobación de normas y las de actuaciones organizativas.

En el primer grupo hay 40 medidas que afectan a 14 decretos, un acuerdo, 21 órdenes de consejerías y una resolución, por lo que tendrán que articularse mediante la aprobación de las respectivas modificaciones.

El consejero ha explicado que entre ellas figura la aprobación de un nuevo Decreto de la Consejería de la Presidencia para regular la selección del personal funcionario y laboral en régimen de interinidad, con el objetivo de unificar la presentación electrónica de solicitudes.

Esa medida en concreto supondrá un ahorro estimado para los interesados de más de 934.000 euros al año, al eliminar los desplazamientos físicos, reducir los costes materiales, y evitar potenciales errores burocráticos que pudieran ocasionar la pérdida de convocatorias con la consiguiente pérdida de las tasas.

Otro ejemplo dentro de esta categoría es la exención, a través de decreto de la Consejería de Economía y Hacienda, de las autorizaciones previa y de construcción a las instalaciones de autoconsumo de pequeña potencia en viviendas y pequeñas empresas. En este caso, se estima un ahorro de 165.000 euros al año para los propietarios, que verán muy aligerado este procedimiento.

En cuanto al segundo grupo de medidas, de carácter organizativo, el acuerdo recoge otras 14 directrices, que incluyen la elaboración, por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de un modelo único para la presentación de los informes anuales de actividades ganaderas con autorización ambiental, que previsiblemente supondrá un ahorro de 348.000 euros anuales a los propietarios de las explotaciones.

Ese ahorro provendrá, por ejemplo, de la reducción de costes de contratación de consultoras para cumplir un trámite que hasta ahora podía ser técnica o jurídicamente complicado para muchos propietarios.

Por último, dentro de este conjunto de medidas organizativas, se puede destacar el desarrollo de una nueva aplicación para los expedientes de las Comisiones Territoriales de Patrimonio y de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, con criterios de actuación homogéneos que facilitarán la presentación digital de toda la documentación, y que supondrá un ahorro estimado de 308.000 euros a los interesados.

Las 54 medidas tendrán que ser ejecutadas desde ahora hasta finales de 2026, con 30 que se implantarán antes de que termine 2025, y 24 que se implantarán el año que viene. Una vez finalizado ese plazo, la Junta evaluará el cumplimiento de todas ellas, e impulsará, en su caso, un nuevo paquete de medidas para seguir trabajando en esta dirección, ha concluido Gago.