Castilla y León suspende todos los permisos para cazar lobos por la inseguridad jurídica generada

La Junta de Castilla y León ha ordenado a todas sus delegaciones territoriales la suspensión de la eficacia de todas las autorizaciones de caza de lobos en cualquiera de sus modalidades por el principio de “precaución”, dada la inseguridad jurídica que ha generado la orden ministerial que incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha explicado que uno de los efectos negativos de la norma es la “inseguridad jurídica”, ya que no regula adecuadamente una situación transitoria y no se sabe qué ocurre con las autorizaciones dadas hasta ahora.

Por ello, y atendiendo al principio de precaución, se ha ordenado a las delegaciones territoriales la suspensión de la eficacia de la autorizaciones dadas en cualquiera de las modalidades al tiempo que se ha pedido un informe jurídico sobre esta cuestión.

Sin embargo, hasta que no haya seguridad sobre cómo quedan las autorizaciones, “que son derechos concedidos a los ciudadanos”, y cuál es su situación, de momento se suspende la eficacia de las autorizaciones, ha señalado Suárez-Quiñones.

El consejero ha concretado que había autorizaciones tanto en el marco de los cupos del lobo como dentro de otras de otro tipo de caza, como por ejemplo el jabalí, en las que también se había autorizaciones para caza del cánido y “había precintos en juego”.

“Por lo tanto, todo eso que al final son recursos económicos para los ayuntamientos, actividad económica, empleo en el medio rural y además regulación de las poblaciones a favor de un equilibrio con la ganadería quedan en suspenso y ya se empiezan a producir hoy los daños derivados de la aplicación de esta orden ministerial”, ha aseverado el consejero.

Así, ha enmarcado esta inseguridad jurídica dentro de los efectos negativos de la norma, que ha asegurado que es “técnicamente muy deficiente, como lo ha sido todo el proceso”, y lo llevarán a los tribunales con un recurso contencioso administrativo la semana que viene junto a la petición de medidas cautelares que tiendan a suspender la eficacia de la norma durante la tramitación del procedimiento. El PSOE ha anunciado que respaldará a la Junta en su recurso.

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha insistido en que esto se enmarca dentro de los efectos perjudiciales “a todas luces” a los “intereses” de Castilla y León, tanto económicos como sociales, a la vida de los pueblos, del medio rural, y para todas las comunidades, pero además con la protesta de todo el arco político, con todos los partidos en contra.

“No sé qué defiende el Ministerio, desde luego los intereses generales no, estar en sintonía con las comunidades, partidos, organizaciones agrarias y el territorio, no, por lo que habrá alguna asociación ecologista que esté contenta, pero debe ser la única”, ha agregado.

Contactos con otras comunidades

Ante la situación generada, el consejero ha explicado que este martes mantuvo dos reuniones telemáticas una con los consejeros de Galicia, Asturias y Cantabria por la mañana y otra posterior a la que a todos ellos se sumaron los responsables nacionales de las organizaciones agrarias.

Todos ellos han quedado en mantener un encuentro físicamente en el marco de la presentación del recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional y las medidas cautelares, sobre lo que esperan una respuesta rápida “porque cada día que pasa de la aplicación es un día de perjuicios para los ganaderos, para el medio rural y para las comunidades autónomas”.

En cuanto a la postura de Asturias, dado el color político de su gobierno, Suárez-Quiñones ha asegurado que no ha percibido tibieza “ni mucho menos” y ha destacado la posición “muy firme” de defensa del territorio por parte de su consejero.

“No estamos hablando de posiciones políticas, hay que tener en cuenta que las cuatro comunidades que estamos en la bandera de esta iniciativa, pero hay hasta once, está representado todo el arco político”, ha incidido el consejero, quien ha asegurado que hay pronunciamientos de todos los parlamentos autonómicos e incluso este martes tuvo contactos con representantes del PSOE en las Cortes de Castilla y León que son “totalmente contrarios” a la iniciativa.

“Es una defensa del territorio, aquí no hay colores, hay que defender nuestro modo de vida”, ha insistido Suárez-Quiñones, quien considera que ha culpado a posiciones ecologistas extremas que hacen el “caldo gordo” a determinadas asociaciones como la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), “que es la que puesto en marcha esta iniciativa y estará aplaudiendo la misma y está poniendo en peligro el medio rural”.

A este respecto, ha reiterado que si no hay ganaderos y agricultores “se acaban los pueblos”, lo que pone “en serio riesgo” el mantenimiento de la agricultura extensiva, tras lo que se ha preguntado qué se les puede pedir a los agricultores y ganaderos porque, si ya el equilibrio de daños en sus ganaderías era “difícil”, “ahora va a campar por sus respetos el lobo”, ha agregado el consejero, quien considera que “es tremendo”.