Convalidado el decreto para más recursos a ayuntamientos frente a la COVID-19 que la oposición considera “ilegal”

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha convalidado este miércoles el decreto ley de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local con el apoyo de PP, Cs, la abstención de Por Ávila y el rechazo del resto de formaciones.

Como ha defendido el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, este decreto ley permitirá destinar parte de los fondos que integran el modelo de financiación local a la adopción, por parte de las entidades locales destinatarias, de medidas inversoras que impulsen y reactiven de manera “urgente e inmediata” la economía y el tejido social de la Comunidad, contribuyendo “activamente” a la recuperación económica y social tras el impacto de la pandemia de coronavirus.

Del mismo modo, dotará de “mayor agilidad” a la tramitación y percepción de los fondos de financiación local por los municipios más pequeños, de tal forma que puedan acometer “cuanto antes” distintas actuaciones “en beneficio de su comunidad vecinal”.

Ibáñez ha defendido que se trata de un “impulso sin precedentes” por cuantas “mejoras” supone y ha presumido de que ante la situación excepcional provocada por la pandemia, la Junta de Castilla y Léon ha actuado con “anticipación, diligencia y responsabilidad”.

El consejero ha recordado que esta modificación, que vincula inversiones a los objetivos de desarrollo sostenible, va en línea con los criterios fijados también por el Ministerio de Hacienda y “cuenta con los informes correspondientes de los Servicios Jurídicos de la Junta”

Ángel Ibáñez ha subrayado el “efecto beneficioso” que este cambio tendrá para las arcas de las entidades locales, ya que al pasar de incondicionado a condicionado “pasa a computar en la regla de gasto” y permite, de esta forma, aumentar su techo.

“Tranquilidad y estabilidad”

En cualquier caso, ha insistido en que el decreto “no altera la financiación local proveniente de los ingresos de la Comunidad, que seguirá siendo incondicionada” ni altera el cálculo de reparto, lo que ofrece “tranquilidad y estabilidad” a los ayuntamientos. Además, ha aclarado que el cambio sólo representa cerca del uno por ciento del presupuesto de una entidad local.

Sin embargo, la viceportavoz socialista, Virginia Barcones, ha rechazado esta medida que, a su juicio es “a todas luces ilegal” porque vulnera el artículo 55.3 del Estatuto de Autonomía, que dice que la financiación local “se reservará a una ley de Cortes”.

Ante ello, ha pedido “por el honor de esta Cámara” la retirada del decreto que es “un desatino de comienzo a final” y ha amenazado con acudir a los tribunales “en defensa del Estatuto de Autonomía y de la autonomía local”. “Si siguen adelante asuman las consecuencias”, ha advertido Barcones, quien ha acusado al PP de tener “la cara de cemento armado”.

En este sentido, la viceportavoz socialista ha reprochado al PP que quiera defender la libertad de gasto de los ayuntamientos cuando fue un Gobierno del PP el que “perpetró el mayor ataque a la autonomía local en este país” con la denominada Ley Montoro.

A su juicio, este decreto “no hay por dónde cogerlo” y “no lo han hablado con nadie, tras lo que ha vaticinado que la Junta acabará ”vendiendo“ la lucha contra la despoblación y a favor de la Agenda 2030 ”con el dinero de los ayuntamientos“.

Frente a esto, Ángel Ibáñez ha recordado que durante la vigencia del estado de alarma se han convalidado 21 decretos leyes “sin que nadie se haya quejado” y ha reiterado que se trata de una “clara mejora instrumental” para los municipios, especialmente aquellos de menos de mil habitantes.

“Saqueo” del Gobierno

También el procurador de Cs David Castaño ha defendido que esta convalidación no está vedada por el Estatuto, mientras que la 'popular' Leticia García Sánchez ha calificado de “curioso” que el PSOE hable de vulneración normativa “cuando vulnera directamente la Constitución al saquear el superávit de los ayuntamientos” en el Gobierno de España.

Además de PSOE, han votado en contra de esta convalidación Podemos -cuyo procurador Pablo Fernández ha considerado que “conculca de forma flagrante” el Estatuto de Castilla y León-, UPL y Vox -que en palabras de su procurador, Jesús María García-Conde, ha criticado este “cambio normativo a toda prisa y sin debate”-, mientras que Por Ávila se ha abstenido.

Pablo Fernández ha acusado a los grupos del Gobierno --PP y Cs-- de “vivir en una canción de Julio Iglesias” en la que “la vida siempre sigue igual” y les ha advertido de que “se han convertido” en un Ejecutivo “antisistema” que está “demoliendo a Castilla y a León desde sus cimientos”.

Por su parte, García-Conde ha criticado que “parece que se busca más” que los castellanoleoneses dejen “de tener hijos para que los tengan los que vienen de fuera, a veces de forma ilegal” y se ha preguntado si “es la pandemia o la Agenda 2030 la que impulsa este cambio”.

En representación de UPL, Luis Mariano Santos Reyero ha advertido de que “no han participado las entidades locales” en esta modificación, lo que se suma al hecho de que la financiación que se les condiciona es “insuficiente”.