La Junta de Castilla y León aprueba un plan que permite cazar 339 lobos hasta 2022
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este miércoles la resolución por la que se aprueba el plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en la Comunidad hasta 2022 y que permitirá la caza en estas tres campañas, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022, de un total de 339 ejemplares.
Este instrumento supone la determinación de los cupos de caza de lobo en cada una de las 28 comarcas loberas -unidades de gestión homogéneas desde un punto de vista ambiental y administrativo- en las que el documento ha dividido la parte de la Comunidad situada al Norte del río Duero.
Para la determinación del cupo de caza en cada una de estas comarcas el Plan ha utilizado los datos más recientes del inventario de manadas referente a los años 2017, 2018 y parte del año 2019, y que ofrecen el diagnóstico “más actualizado” de las poblaciones de lobo en Castilla y León, y que confirman un total de 128 manadas al norte del río Duero.
El documento presupone que la población de lobos al norte del río Duero está formada por más grupos de las 128 manadas confirmadas, ya que el esfuerzo de seguimiento y prospección de campo empleado en la búsqueda de manadas durante 2017, 2018 y 2019 es menor que el que se llevará a cabo cuando se realice el censo regional de lobo en los años 2022-2023.
El Plan de Aprovechamientos determina el cupo de caza de lobos en cada una de las 28 comarcas loberas y para ello se han analizado factores como la densidad de manadas por comarca o la mortalidad conocida no natural por causas diferentes a la caza.
El documento aplica mecanismos de precaución y prudencia, excluyendo de aprovechamiento cinegético a aquellas comarcas donde se evidencia la ausencia o la débil presencia de la especie como son la provincia de Soria, la zona este de Burgos; Páramo, Esla-Campos y Sahagún en la provincia de León; Cerrato y Campos de Palencia, y Campos-Pan en la provincia de Zamora.
Además, y en función del análisis de la incidencia que tiene la mortalidad conocida por causas diferentes a la caza, las comarcas loberas se clasifican en tres categorías, en función de esta mortalidad no vinculada con la caza, en mayor o menor porcentaje de extracción cinegética, que van desde un mínimo del 6 por ciento hasta un máximo del 17 por ciento de los lobos de cada comarca.
La Junta considera que estos porcentajes son “extremadamente prudentes y conservadores a la baja”, puesto que están muy alejados de los valores que la comunidad científica considera como valores límites que ocasionarían la regresión o merma de las poblaciones de lobo.
Una vez que se han aprobado los cupos, los titulares de los cotos de caza que tengan reconocido el aprovechamiento del lobo en sus planes cinegéticos recibirán una carta informativa donde se les explica que, para poder cazar el lobo deberán solicitarlo a través de un modelo disponible en la Sede Electrónica de Castilla y León y que, por tanto, no podrán hacer uso del precinto (sistema que sirve para garantizar la trazabilidad de todo animal cazado) hasta que no reciban resolución expresa de autorización del Servicio Territorial de Medio Ambiente.
En Castilla y León las modalidades de caza que se pueden solicitar son el aguardo o espera -que también habilitaría la modalidad de rececho- y la montería y gancho/batida.
La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal ha establecido un sistema de autorización de cacerías simultáneas en diferentes cotos de caza de la misma comarca lobera que aplica mecanismos de seguridad que garantizan no capturar más ejemplares de los planificados, pudiendo incluso anular cacerías ya autorizadas cuando se superen los umbrales de capturas preestablecidos.
WWF critica la medida
WWF ha lamentado que la Junta de Castilla y León haya publicado la autorización de cupos de caza del lobo en 28 comarcas al norte del río Duero y ha criticado que centre su esfuerzos “en el control de poblaciones, en lugar de aprobar un nuevo plan de gestión y de apostar por controlar los daños”.
Según ha recordado la organización ecologista, este plan de aprovechamientos comarcales del lobo “ve la luz” un año después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León suspendiera la caza del lobo “por falta de justificación científica e informes independientes” y ha lamentado que 339 lobos puedan ser cazados en las próximas tres temporadas.
Asimismo, WWF ha subrayado que la directiva europea Hábitats recoge que la gestión del lobo “debe en cualquier caso garantizar el estado de conservación favorable de la especie”, lo que implica no solo mantener las poblaciones actuales, “sino también permitir la dispersión y colonización de nuevos territorios”.
Por otra parte, la Comisión Europea dejaba claro en su carta a los consejeros del pasado mes de febrero que la gestión del lobo “ha de centrarse en primera instancia en la prevención de daños, relegando el control letal a casos excepcionales”.
Asimismo, la organización critica que el plan se “cebe” con las reservas de e Mampodre y Riaño, La Culebra y Fuentes Carrionas, con un total de 15, 12 y 10 lobos, respectivamente. En estas zonas los daños a la ganadería “son mínimos y apenas hay conflictividad social, por lo que en ningún caso hay justificación posible”, según WWF.
Además, la organización considera que la Junta no tiene en cuenta que dichas comarcas se han convertido en los últimos años en destino nacional e internacional de turismo de observación basado en el lobo, lo que representa una oportunidad para la economía de dichas zonas.
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