La Junta de Castilla y León lleva ante los sindicatos su propuesta de cambio de la RPT y decretos incendios

La Junta de Castilla y León ha convocado para este jueves las reuniones de la Mesa de Negociación del Personal Laboral y de la Mesa Sectorial de la Función Pública, donde discutirá con los sindicatos su propuesta de modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo del personal funcionario y parte de los cambios laborales que implican los decretos del operativo contra incendios.

En un comunicado, la Consejería de la Presidencia ha recordado que entre las propuestas incluidas en estos cambios figuran la integración de aquellos que se asignan al nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B y la asignación a todos los puestos del operativo de incendios del nuevo complemento específico creado por la Junta.

Este departamento ha asegurado que esta convocatoria trata de conseguir un “marco estable de comunicación y colaboración con las organizaciones sindicales”, aunque los sindicatos llevan meses de protestas al considerar que la Junta no ha cumplido algunos de los acuerdos alcanzados hace años.

Otro de los cambios relacionados con los decretos aprobados el pasado 23 de octubre y que están pendientes de debatir y votar su convalidación en las Cortes es la transformación del personal fijo discontinuo en personal laboral fijo de la Administración General, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con la finalidad de que sea efectivo a partir del 1 de enero de 2026.

Esto es, para la Junta, un “paso decisivo” hacia la profesionalización del operativo, que de este modo contará con estos trabajadores públicos durante los 12 meses del año, con la idea de realizar más tareas de prevención de incendios, además de integrarse en los trabajos de extinción.

En total, esta modificación afecta a 837 puestos de trabajo distribuidos en tres categorías: 217 puestos de oficial de montes–conductor maquinista, 403 puestos de vigilante de incendios, y 217 puestos de peón de montes y extinción, ha detallado la Junta en su comunicado.

La conversión de estos puestos en personal laboral fijo implicaría una inversión adicional de más de 12,6 millones de euros, lo que conllevará un coste total definitivo de 22,4 millones para el conjunto de los 837 efectivos, según los datos aportados por la Consejería.

Junto a estas categorías, en el operativo también presta servicio el personal laboral de la categoría de operador de centro de mando, que ya desarrolla su actividad a tiempo completo. Este caso, la modificación de la RPT incluye asimismo 59 puestos de esta categoría: 31 correspondientes a modificaciones y 28 de nueva creación.

El consejero de la Presidencia ha confiado en que los sindicatos respalden estas medidas, que suman unos “15,8 millones de euros de mejora y afecta positivamente a casi 2.000 empleados públicos”, con el compromiso de “avanzar en un modelo de operativo más estable, cualificado y robusto, de cara a que pueda estar definido y operativo el próximo año”.

La Consejería ha explicado que su idea es incluir en las modificaciones de la RPT del personal laboral del operativo de incendios el incremento del complemento específico vinculado a la designación de bombero forestal, tal y como se hará con los funcionarios, con un incremento de 2.660 euros anuales para el Grupo II y de 1.050 euros anuales para los Grupos III y IV.

Sin embargo, esta medida “está condicionada al acuerdo previo de la Mesa del Convenio Colectivo”, que sigue abierta ante el desacuerdo existente hasta el momento.

El acuerdo de aplicación del complemento específico para personal laboral supondría una mejora de la propuesta de modificación de RPT de 1,81 millones de euros a mayores, según la Junta, que ha reconocido que la propuesta de puestos está condicionada, en parte, a la necesaria convalidación del Decreto-Ley 1/2025, de 23 de octubre, por las Cortes de Castilla y León, cuyo debate y votación se celebrará el próximo 26 de noviembre.

Esa convalidación es igualmente imprescindible para la integración de los Agentes Medioambientales en el nuevo Grupo B y para la aplicación de todos los beneficios asociados, ya que dicho Grupo solo puede crearse mediante una norma con rango de ley.

En este sentido, González Gago ha hecho un llamamiento “a todos los grupos parlamentarios para que apoyen su convalidación y se pueda avanzar en la correcta implantación de estas importantes medidas”.

Las empresas forestales rechazan los decretos de incendios de la Junta de Castilla y León

La Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) ha rechazado este miércoles el contenido de los decretos aprobados por la Junta de Castilla y León para cambiar su política y operativo de prevención y extinción de incendios forestales por falta de diálogo: “No se puede legislar a golpe de incendio, sin diálogo ni base técnica”, ha resumido.

En un comunicado, esta entidad ha manifestado su “firme desacuerdo” con los decretos aprobados por la Junta el pasado 23 de octubre y que tienen pendiente su convalidación en las Cortes de Castilla y León, en una votación prevista para el próximo 26 de noviembre. Esta asociación ha acusado a la Junta de no haber pagado a las empresas forestales contratadas desde el pasado mes de junio.

“No se puede legislar para obtener rédito político”, ha reprochado esta entidad empresarial, convencida de que las medidas aprobadas por la Junta han sido elaboradas sin diálogo previo con los agentes del sector e incorporan disposiciones que “contradicen la propia opinión técnica de la Junta”.

La asociación ve “especialmente grave” que el Decreto-Ley 1/2025 no justifique el cambio del modelo de colaboración público-privada que ha caracterizado al operativo de incendios de Castilla y León y que en su opinión ha deparado “más de 30 años de éxito contrastado”.

En su opinión, “es posible mejorar el modelo actual, pero no desmantelarlo para sustituirlo por un operativo exclusivamente público que no garantiza en absoluto una mayor eficiencia ni una mejor calidad del servicio”, en referencia a la propuesta de la Junta para que todos los contratos que hasta ahora mantiene con empresas privadas sean asumidos por la empresa pública Tragsa.

Sobre las nuevas obligaciones y responsabilidades que incluyen los decretos par los propietarios forestales, la asociación acusa a la Junta de no haber contado con su opinión y de no ofrecer ningún tipo de contraprestación, lo que “genera incertidumbre y desprotección en un sector clave para la prevención de incendios”.

Por último, esta asociación empresarial ha reprochado a la Junta que no haya incorporado a los decretos una “evaluación del impacto económico de las medidas que se pretenden aplicar”, ya que consideran que el incremento anunciado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “no es suficiente”.

“El presupuesto necesario para implementarlas afecta directamente a las contribuciones de todos los ciudadanos de Castilla y León, por lo que la falta de transparencia y planificación resulta inaceptable”, han zanjado antes de pedir a los grupos parlamentarios que no convaliden los decretos en las Cortes.