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La ley tributaria de Castilla y León se retrasa por un enfrentamiento del Gobierno autonómico con sus consejos asesores

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo

El Consejo Consultivo ha inadmitido a trámite la ley de impuestos de Castilla y León porque le faltaba documentación como el informe del Consejo Económico y Social (CES), que es un paso obligatorio en la tramitación de cualquier ley, y añade un retraso a los plazos de presupuestos, ley a la que acompañan.

El Consejo ha devuelto el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas porque incumplía el artículo 50 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo, que obliga a la Administración pública a “incluir toda la documentación y antecedentes necesarios para dictaminar sobre las cuestiones consultadas”.

La Junta solicitó el informe del CES el 2 de agosto con carácter ordinario, lo que le da al Consejo veinte días hábiles para aprobar su informe. Sin embargo, en agosto no se celebra el pleno en el que se tiene que aprobar, pero se aprobó en el primer pleno de septiembre, el día 15.

La Consejería de Economía acusa al CES de haber excedido su plazo para tramitar su informe previo y defiende así haber 'puenteado' al CES. Sin embargo, desde el órgano de asesoramiento aseguran que este plazo no se superó y de hecho subrayan la agilidad con la que se ha tramitado.

La Junta de Castilla y León solicitó al Consultivo que dictaminara su anteproyecto el 7 de septiembre, antes siquiera de que el CES hubiera dado su 'okey'. El Consejo Consultivo inadmitió a trámite la Ley el 14 de septiembre y fue al día siguiente, ya 15, cuando la institución aprobó su informe previo.

Si el CES hubiera superado el plazo —como insiste el gobierno autonómico—, la Junta de Castilla y León podría continuar con la tramitación de la norma. El Consejo Consultivo tampoco consideró esta posibilidad y por eso lo inadmitió, aunque poco después se ha remitido toda la documentación que faltaba y se espera que dictamine la ley a principios de octubre.

El Consejo Económico y Social afea varios cambios

El CES subraya en su informe la necesidad de reformular el modelo de financiación autonómica y de redefinir el sistema tributario para que poder prestar los servicios públicos básicos en todo el territorio, aunque realiza varias apreciaciones en material fiscal y no fiscal.

El Anteproyecto de Ley incluye la rebaja de las tasas para las licencias de caza y pesca: licencia quinquenal con arma de fuego por 42,65 euros; la licencia quinquenal para cazar con galgo por 13,70 euros, la licencia anual para caza con rehala por 270 euros y 15,20 euros por cinco años de licencia de pesca. El informe del CES, al que no ha esperado la Junta de Castilla y León, advierte que este tipo de reducciones o ayudas para viviendas juveniles no tienen “por sí solas” una fuerza “suficiente” para “dinamizar plenamente” el medio rural.

El CES afea que haya modificaciones de carácter no tributario en este anteproyecto, aunque sean más de tipo técnico o de adaptación normativa. La explicación que motiva la inclusión de estos cambios no es suficiente. El anteproyecto modifica 19 leyes y la mayoría de ellas en aspectos que no guardan relación con los Presupuestos autonómicos. Por ejemplo, elimina los informes preceptivos del Consejo Consultivo para las transacciones judiciales.

La Ley también afecta a las fundaciones públicas, que se podrán extinguir o liquidar cuando la propia Junta de Castilla y León u otras entidades asuman sus fines fundacionales. Da “mayor poder unilateral para la Administración” autonómica en detrimento del resto de integrantes de la sociedad civil. Para el CES, no procede esta modificación porque “se verían negativamente afectadas las fundaciones públicas nacidas de la participación y concertación social”, mientras el Consejo aboga por la continuidad “plena” del trabajo de las fundaciones.

La Junta de Castilla y León solicitó el informe sobre la Ley de rebaja impositiva (que incluye, entre otros, una bajada del IRPF). El informe se emitió el 28 de julio y la Junta solicitó el informe de la Ley de Tributos el 2 de agosto. Por eso plantea el CES la posibilidad de que coincida la tramitación parlamentaria de ambas normas, lo que podría “suponer un conflicto ante algunas discrepancias”.

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) podrá exigir financiarse con algunas tasas propias de la Comunidad, puesto que ofrece el servicio facultativo de la dirección e inspección de las obras publicas de regadíos.

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