Crisis en la televisión autonómica privada

PSOE y Ciudadanos registran propuestas para acabar con el actual modelo de RTVCyL y crear uno nuevo

El director general de Radio Televisión de Castilla y León, Jorge Losada (i), y el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea (d), conversan a su llegada al ‘Debate decisivo’, el pasado mes de febrero.

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El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Mixto a través de Ciudadanos, han registrado en las Cortes de Castilla y León dos Proposiciones No de Ley (PNL) en las que pretenden acabar con el modelo actual de televisión privada que financia la Junta de Castilla y León, RTVCyL, y cuyos trabajadores han denunciado públicamente tanto la “manipulación de la información política” como las malas condiciones laborales. El objetivo de ambas formaciones es crear uno nuevo. La corporación RTVCyL está formada por dos empresas, Promecal y Edigrup, que dependen la subvención directa anual del gobierno autonómico para sacar adelante el proyecto.

En su PNL, el PSOE propone que se revise de oficio la orden que prorrogó 15 años la duración de la licencia y no contemplada en la Ley General de la Comunicación Audiovisual y “cesar con carácter inmediato en la financiación a Radio y Televisión de Castilla y León a través de subvenciones o por cualquier otro procedimiento, iniciándose, en su caso, expediente de resolución de la licencia por incumplimiento de los términos del contrato de fecha 2 de marzo de 2009”.

También quiere que se cree un grupo de trabajo con la participación de las formaciones políticas con representación parlamentaria en las Cortes que culmine en dos meses con la definiciónn de “un modelo de televisión autonómica sobre la base del consenso político y social que, respetando los principios de profesionalidad, imparcialidad, objetividad e independencia, con total garantía de los derechos de los trabajadores a quienes asegurará unas condiciones adecuadas en el desarrollo de su trabajo, preste el servicio público amparado por una financiación estable y que esté al servicio de los intereses públicos, del interés general y de la objetividad de sus contenidos”.

Uno de los empresarios de RTVCyL, condenado en Gürtel

La percepción de cualquier tipo de ayuda, “estará condicionada tanto al mantenimiento y la calidad del empleo de los trabajadores de dicho medio de comunicación, por considerar que lo contrario afectaría gravemente a la calidad en la prestación del servicio público”. A estos efectos se elaboraría un Estatuto Profesional de los Trabajadores en la televisión autonómica, que establezca garantías laborales y de independencia en el ejercicio de sus funciones. La asunción de los términos del mismo por la empresa titular de la licencia, será requisito indispensable para la obtención de financiación pública. El PSOE también exige que los titulares de la licencia, cumplan con las exigencias éticas de conducta empresarial que lo salvaguarde de cualquier sombra de duda referente a corrupción política o empresarial, algo que no ocurrió con uno de los propietarios de RTVCYL. José Luis Ulibarri fue imputado en Gürtel en varias piezas poco después de crearse la corporación en 2009 y fue detenido en la Operación Enredadera en 2018, hasta esa fecha no cedió el poder a sus tres hijos. Fue condenado en un primer juicio Gúrtel hace unos meses.

Proponen los socialistas que se refuercen los controles sobre la objetividad, imparcialidad y transparencia del medio, reforzando su control parlamentario y que se adopten las medidas necesarias para que, en su caso, se garantice la subrogación de la empresa concesionaria en los contratos de la totalidad de la plantilla que actualmente trabaja en Radio Televisión de Castilla y León, de forma que no se produzca interrupción alguna en la prestación del servicio ni en el cobro de sus retribuciones.

El Grupo Parlamentario Socialista reconoce que “aún a pesar de haberse optado por un modelo que implica menores costes que los que tienen que afrontar otras Comunidades Autónomas”, su funcionamiento “debe ser evaluado garantizando la transparencia, la eficacia y la salvaguarda del interés general, como en todo gasto público”.

Los trabajadores de RTVCyL han denunciado la manipulación de la información política en sus informativos

“Es precisamente por la forma de realizarse la gestión y las condiciones en las que ésta se realiza, por lo que debemos de articular los controles necesarios en orden a garantizar la independencia de los profesionales que prestan sus servicios en este medio, la imparcialidad en su actividad de comunicación, la objetividad, la transparencia, la eficacia, la salvaguarda del interés general, y por ende el respeto al derecho fundamental reconocido en el artículo 20 de la Constitución española, que reconoce y protege el derecho a comunicar y recibir libremente información, así como a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, dice el PSOE. Así, recuerda que la semana pasada los trabajadores de Radio Televisión Castilla y León han denunciado públicamente tanto su situación como la “manipulación que se le está dando a la información política en los informativos” de este medio de comunicación. También se refirieron a las condiciones en las que desempeñan su trabajo, con bajos sueldos, los horarios que imposibilitan la conciliación laboral, familiar y personal y la falta de estabilidad laboral. “Esta situación, evidentemente, afecta de forma directa a la calidad de la información que recibe la ciudadanía atentando directamente a la reputación y la credibilidad de las informaciones, viéndose la calidad de éstas gravemente afectadas. Por no hablar de las presiones que pueden recibir los profesionales que trabajan en el medio a fin de socavar su independencia”, argumentan. La empresa, dicen ha roto el compromiso alcanzado por consenso de dedicar dinero extra a mejorar las condiciones de plantilla “hasta el punto de que, lejos de mejorar sus condiciones laborales, se ha procedido al despido de algunos trabajadores”.

Radio Televisión de Castilla y León S.A. recibe más de 20 millones de euros al año como concesión directa aprobada por el Consejo de Gobierno. En el año 2021 la subvención ascendió a 20 millones de euros y en 2022 el pasado mes de Julio le fue concedida una subvención de 20, 2 millones de euros.

Una comisión de seguimiento insuficiente

“De esta forma, esta televisión ”privada“ sobrevive casi exclusivamente por la financiación pública. Y esa situación obliga a la Junta de Castilla y León a garantizar un funcionamiento acorde con el interés público, alejándose de cualquier tentación de utilizar esa dependencia económica para la obtención de réditos políticos”. El PSOE reconoce que las funciones de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, órgano que tiene encomendada la supervisión de las condiciones de prestación del servicio objeto de la licencia, se están demostrando “insuficientes para garantizar la objetividad y la independencia de este medio”.

En cuanto a la PNL de Ciudadanos, propone también constituir un grupo de trabajo con representación parlamentaria para la elaboración de un modelo de televisión autonómica en Castilla y León. “Los recientes comunicados de los representantes sindicales de los trabajadores de Castilla y León Televisiónla situación de conflicto laboral, así como lo acontecido durante este último año y medio desde el cese del anterior jefe de informativos de la misma, han venido a remarcar la existencia de un modelo agotado de televisión, así como la sospecha de existencias de parcialidad y presiones políticas en su política de informativos”, ha advertido el procurador de Cs, Francisco Igea.

Por este este motivo, entiende que “no es prorrogable la actual subvención por parte de la administración autonómica” y plantea “la urgente necesidad de un cambio de modelo”. Un modelo que pasa por garantizar la neutralidad y profesionalidad informativa mediante la elección de la dirección de los servicios informativos de la cadena con el aval de, al menos, 2/3 de los procuradores autonómicos. La defensa de una financiación suficiente por periodos de, al menos, 5 años. “Debe garantizarse un funcionamiento estable y la desvinculación de los periodos electorales, con el objetivo de disminuir las posibilidades de interferencia política en el funcionamiento de la televisión”.

Finalmente, Ciudadanos demanda la libre concurrencia al modelo concesionado, mediante el establecimiento de un sistema de adjudicación que valore tanto la calidad de la oferta de programación, como el mantenimiento de los puestos de trabajo y los servicios de interés social e informativo para la comunidad. Mientras se elabora el modelo, advierte la iniciativa, no se adjudicará nuevas subvenciones.

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