PSOE y Podemos acusan a la Junta de Castilla y León de aprovechar la pandemia para eliminar controles ambientales

Los portavoces del los Grupos Parlamentarios de PSOE y Grupo Mixto, Luis Tudanca y Pablo Fernández (Podemos), han anunciado este viernes su voto en contra del Decreto de simplificación administrativa que ha aprobado la Junta de Castilla y León -integrado por PP y Cs- y que deberá ser convalidado en el Pleno de las Cortes que arranca el martes porque, a juicio de ambos, “aprovecha la pandemia del Covid-19 para eliminar controles”.

“No vamos a tolerar que la derecha de esta tierra haga lo que está haciendo, como en Murcia, aprovechan la pandemia para eliminar controles ambientales”, ha señalado Luis Tudanca, quien ha considerado que con la “excusa” de simplificar trámites la Junta elimina “controles vitales” en un territorio para “proteger el entorno”.

Para el líder socialista este Decreto no solo afecta al medio ambiente sino que ahonda en políticas de sostenibilidad y se refiere a la protección de los pueblos, del medio rural o del turismo. “Vamos a pelear con uñas y dientes para que no se use la pandemia para eliminar controles a través de este Decreto”, ha señalado.

En este aspecto se ha pronunciado también Pablo Fernández de Podemos, quien ha tildado de “decretazo” la normativa planteada por la Junta. “Nos parece impresentable, es una auténtica barrabasada, lo que la Junta quiere hacer es vulnerar el derecho de participación y conculcar el derecho de tutela judicial”, ha criticado, tras lo que ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia “ya tumbó” lo que se contempla ahora.

En este sentido ha garantizado que los dos procuradores de Unidas Podemos no convalidarán el Decreto y apoyarán la demanda de Ecologistas en Acción, quienes reclamaron a los grupos que no lo respaldaran.

“Es un gobierno antisistema, seguiremos haciendo oposición para que en Castilla y León se cumplan las normas y la Constitución”, ha defendido.

Sin embargo, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha insistido en que los único que hace el Decreto es cambiar la tramitación de la licencia ambiental y, en ningún caso la elimina. “A algunos se les llena la boca en hablar del mundo rural y sin embargo ponen palos en las ruedas a cualquier iniciativa”, ha criticado, tras lo que ha asegurado que los 'populares' no comparten “en absoluto” los planteamientos de la “izquierda radical” que “pretenden que nada se mueva en el mundo rural”.

Así, De la Hoz ha defendido que lo único que se pretende con esta legislación es compatibilizar el desarrollo económico con el respeto a la Ley “facilitando trámites a quienes quieren crear riqueza”.

Por último, el portavoz de Ciudadanos, David Castaño, ha reconocido que tiene que leer mejor el Decreto pero ha interpretado que se refiere a explotaciones “pequeñas” y garantiza el control “a posteriori”. “No veo ninguna alerta medioambiental en este Decreto”, ha concluido.

Ecologistas en Acción, en contra

En opinión de Ecologistas en Acción, se trata de un “retroceso” hasta 1961, año en que se aprobó el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP)

Ya suprimido en 2014 el informe previo de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente, la “desregulación” de las licencias ambientales en Castilla y León “se completa ahora con la eliminación de la información pública, todo informe previo y la audiencia a los vecinos colindantes”, lo que supone para la entidad ecologista una “vulneración de la normativa” en materia de información y prevención ambiental que hace revivir en Castilla y León el RAMINP, incluida su exigencia de 2.000 metros de distancia mínima a núcleos de población.

En opinión de Ecologistas en Acción, la “barra libre” para las explotaciones ganaderas, y las industrias alimentarias va a conllevar un aumento de la conflictividad social, un incremento de la litigiosidad y en definitiva una mayor inseguridad jurídica para promotores y vecinos. “La posibilidad de que cualquier actividad textil, hostelera o de servicios se ubique libremente en áreas residenciales o junto a zonas sensibles es sencillamente un disparate en el que la Junta de Castilla y León se vuelve a situar en la vanguardia de la lucha contra el medio ambiente”.